Las organizaciones Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX, INC.) alertaron sobre el empeoramiento del limbo migratorio que actualmente afecta a cientos de venezolanos radicados en Estados Unidos.

En un informe enviado al Congreso de los Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, los dirigentes de estas organizaciones, Hellen Villalonga y José Antonio Colina, denunciaron también el grave estado emocional que afrontan algunas de estas personas, entre ellas algunas con TPS.

“La situación migratoria de los venezolanos en Estados Unidos se ha vuelto más inestable durante 2025 y 2026. La terminación y el litigio del Estatus de Protección Temporal (TPS) los tienen en una ilegalidad inhumana y jurídica”, dijeron Hellen Villalonga y José Antonio Colina.

“Además, los cambios en las autorizaciones de empleo, el aumento de la exposición a detención y la expansión de las remociones a terceros países afectan de manera distinta a antiguos o actuales beneficiarios de TPS”, insistieron.

“Pero hay otras que también están sufriendo, como las solicitantes de asilo con casos pendientes, personas protegidas bajo la Convención contra la Tortura (CAT) o withholding of removal, y personas con órdenes finales bajo supervisión de ICE y familias de estatus migratorio mixto”, añadieron.

“Las decisiones adoptadas durante 2025 y 2026 han reducido o vuelto más inestables protecciones, autorizaciones y mecanismos documentales de los que dependen numerosos venezolanos para permanecer, trabajar y continuar sus procesos migratorios”, admitieron.

“Estados Unidos puede aplicar sus leyes migratorias, pero las decisiones de custodia y remoción deben ser individualizadas, respetar el debido proceso para permitir que las personas cumplan legalmente con las propias exigencias del sistema”, explicaron.

Los dirigentes señalaron que los efectos de esta situación se extienden también al ámbito laboral y económico.

“Los venezolanos igualmente han tenido que luchar por la pérdida o interrupción de una autorización laboral que al final termina en despidos, al igual que la pérdida de seguro médico o vivienda, endeudamiento y dificultades para renovar licencias o credenciales profesionales mientras el proceso migratorio permanece abierto”, recordaron.

Una comunidad con

diferentes situaciones migratorias

Según el informe, la comunidad venezolana en Estados Unidos presenta distintas situaciones migratorias y, por tanto, no todos sus integrantes enfrentan los mismos riesgos.

“La comunidad venezolana —insiste el informe— es jurídicamente heterogénea: incluye ciudadanos naturalizados, residentes permanentes, personas con visas, solicitantes de asilo, beneficiarios o antiguos beneficiarios de TPS, personas admitidas bajo parole, individuos con protección CAT o withholding of removal y personas sujetas a órdenes finales de remoción”.

Los dirigentes también se refirieron a la terminación del programa de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, conocido como CHNV.

“Finalmente ponemos de presente que la terminación del programa de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) afectó a una población multinacional estimada en 532.000 personas. Para los venezolanos, la pérdida de parole puede significar la terminación simultánea de la autorización laboral asociada y del período de permanencia autorizado”.

En cuanto al TPS para venezolanos, la situación ha estado marcada por decisiones administrativas y litigios. 

Remociones a terceros países

Otro de los puntos que preocupa a VEPPEX y AMAVEX es la posibilidad de que personas con órdenes finales de remoción o determinadas protecciones migratorias sean enviadas a terceros países.

“Otro de los asuntos graves es que las remociones a terceros países plantean riesgos específicos para personas con órdenes finales y protecciones humanitarias. El acuerdo con Liberia prevé recibir hasta 1.200 nacionales de terceros países en un año y contempla, según autoridades liberianas, personas procedentes de América Latina, incluidos venezolanos”, añadieron.

El primer grupo, compuesto por 20 personas, llegó a Liberia el 20 de agosto de 2026. 

“VEPPEX y AMAVEX alertan al Congreso sobre detenciones de  venezolanos que, al momento del arresto, contaban con documentos emitidos por el propio Gobierno o con procesos migratorios pendientes”.

El acuerdo con Liberia establece que los deportados pueden solicitar asilo en ese país o salir de él, de acuerdo con declaraciones de funcionarios liberianos. 

Temor a las redadas del ICE

Más allá de las dificultades estrictamente legales, los dirigentes de las organizaciones aseguran que existe una creciente preocupación dentro de la comunidad venezolana por las operaciones de inmigración.

“Muchas personas, inclusive, en estos últimos meses, quienes permanecen en el anonimato, han denunciado la crisis y desestabilización emocional que padecen, de salir a la calle y, de pronto, encontrarse en redadas adelantadas por el ICE, como está ocurriendo ahora en el Doral”, denunciaron.

Los dirigentes insistieron en que la incertidumbre migratoria está afectando a personas que, durante años, habían construido su vida en Estados Unidos al amparo de diferentes mecanismos legales.

“Las decisiones adoptadas durante 2025 y 2026 han reducido o vuelto más inestables protecciones, autorizaciones y mecanismos documentales de los que dependen numerosos venezolanos para permanecer, trabajar y continuar sus procesos migratorios”, admitieron.

Y añadieron: “Estados Unidos puede aplicar sus leyes migratorias, pero las decisiones de custodia y remoción deben ser individualizadas, respetar el debido proceso para permitir que las personas cumplan legalmente con las propias exigencias del sistema”.

Un informe dirigido al Congreso

VEPPEX y AMAVEX señalaron que el documento fue preparado específicamente para poner en conocimiento de las autoridades federales la situación que, según ambas organizaciones, enfrenta la comunidad venezolana.

“Este informe conjunto de VEPPEX y AMAVEX ofrece al Congreso de los Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, una evaluación general de la situación migratoria de los venezolanos en el país, con fecha de corte al 22 de agosto de 2026”, enfatizaron.

Finalmente, las organizaciones resumieron su posición al advertir que las medidas migratorias deben tener en cuenta las circunstancias particulares de cada persona.