La Habana, (EFE).- Dos tribunales de la tiranía de La Habana sentenciaron a 18 manifestantes del 11 de julio de 2021 –las mayores protestas en décadas– a penas que van de los cuatro años de trabajo correccional sin internamiento a los 12 años de cárcel.

De acuerdo con las sentencias, adelantadas por la ONG Justicia 11J, a los sancionados se les juzgó por los delitos de sedición, delitos de atentado, resistencia, desacato y desórdenes públicos.

Ambos fallos -que no son firmes y pueden ser apelados- se dictaron el pasado 24 de enero y suman 65 años de cárcel en conjunto para ocho de los condenados. 

En siete casos el castigo fue el de trabajo correccional sin internamiento, en otro la misma sanción, pero con internamiento, y en otro cinco años de «limitación de libertad».

Con estas dos sentencias suman cuatro las dictadas por tribunales de la dictadura en las últimas dos semanas.

Los pasados 23 y 26 de enero, se sancionaron con hasta 15 años de prisión a 24 manifestantes. En total, del 23 al 29 de enero se han acumulado sanciones que, en conjunto, suman 221 años de prisión.

Uno de los condenados –Agustín Jonathan Vargas– tenía 17 años al momento de las protestas y fue sentenciado a cinco años de trabajo correccional sin internamiento. La edad penal mínima en Cuba son los 16 años.

Por otro lado, Pedro Albert Sánchez, de 64 años, fue el manifestante más longevo en ser sancionado. El tribunal de la tiranía lo consideró culpable de desacato y desórdenes públicos, con una pena de cinco años de limitación de la libertad: no ingresará en prisión, pero  tendrá sus movimientos controlados por un juez.

De acuerdo con Justicia 11J, al menos 33 personas detenidas tras las manifestaciones de 2021 siguen pendientes de juicio y «más de 200 pudieran también estar pendientes de ser procesadas».

Hasta el momento se han dictado unas 730 sentencias, según el registro que lleva esta organización, así como Cubalex, que elevan a 1540 los detenidos en el contexto de estas protestas antigubernamentales.

De los condenados, algunas penas ascienden hasta los 30 años de cárcel por el delito de sedición.