No es un gesto menor. Cuando una institución hemisférica dedicada a la libertad y a la democracia convoca a un foro, está reconociendo algo que esperamos veintisiete años escuchar: el despojo no fue un problema privado de quienes lo sufrieron. Fue —y sigue siendo— un problema público.

“Para evitar el pago, el régimen desarrolló todo un repertorio de subterfugios: ocupación temporal o forzosa, propiedad condicionada, estatización, rescate de tierras, adquisición forzosa, tomas sindicales, intervención, confiscación, cierre inducido, suspensión de concesiones, licencias y contratos, congelamiento de precios, precio máximo de venta, invasiones y saqueos tolerados o dirigidos”.

Así lo testimonió Guillermo Bello Vicentini, miembro ejecutivo de la Asociación de Víctimas de las Expropiaciones en Venezuela (ASOVIEX), organización que fue refundada en Estados Unidos en 2017.

“Y aprendimos algo esencial: la mayoría de aquellos despojos no fueron expropiaciones. Fueron expoliaciones: despojos arbitrarios, violentos o encubiertos, sin procedimiento y sin compensación alguna”, aseguró Bello Vicentini, quien intervino ante el American Institute for Democracy, en Miami.

“Esto es importante para todos los que creen en la democracia y en reglas confiables. Vengo a hablarles de propiedad privada. Pero, en el fondo, vengo a hablarles de confianza: de lo que vimos y de cómo aprendimos a nombrarlo.

“Quiero advertir que la expropiación es una institución legítima del derecho público: utilidad pública, procedimiento, sentencia firme y pago oportuno de una justa indemnización. Así la consagra el artículo 115 de nuestra Constitución venezolana”, recalcó.

“Pero lo que ocurrió en Venezuela fue otra cosa. A partir de 2003 y 2004, un grupo de empresarios comenzamos a documentar lo que parecía puro desorden. Con el tiempo comprendimos que era una política pública del más alto nivel, dirigida a destruir el aparato productivo privado”, señaló.

“El mal ejemplo se generalizó y se multiplicó hacia abajo. Gobernadores, alcaldes, sindicatos, cuerpos policiales y militares aprendieron una lección devastadora: ‘despojadera gratis’. Primero el campo; después, la construcción; luego, cualquier unidad productiva”, advirtió.

“Fuimos hasta el fondo al descubrir en nuestro estudio que, desde las transnacionales —como ConocoPhillips, con laudos por casi nueve mil millones de dólares— hasta el pequeño puesto de mercado, fueron despojados de todo; a los comerciantes les quitaron hasta la nevera y la cortadora de queso”, denunció.

“Para evitar el pago, el régimen desarrolló todo un repertorio de subterfugios: ocupación temporal o forzosa, propiedad condicionada, estatización, rescate de tierras, adquisición forzosa, tomas sindicales, intervención, confiscación, cierre inducido, suspensión de concesiones, licencias y contratos, congelamiento de precios, precio máximo de venta, invasiones y saqueos tolerados o dirigidos”, añadió.

“El tamaño de esto es bien grande. Durante más de dos décadas construimos una base de datos con las gacetas oficiales de la nación, de las gobernaciones y de las alcaldías; con expedientes judiciales y sentencias; con la prensa y las denuncias de las víctimas”, explicó.

“Hoy registra más de 3.500 casos documentados: miles de ellos en el sector inmobiliario y en el campo; cientos en la información y la comunicación —periódicos, emisoras y televisoras—. Todo clasificado bajo estándares internacionales: la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y el Sistema Armonizado del comercio mundial”, expresó.

“La vivienda, uno de los sectores más golpeados, muestra la expoliación indirecta en estado puro: un cuarto de millón de viviendas con alquileres congelados —algunos de apenas un dólar al mes— y 80.000 viviendas en construcción vendidas bajo decreto de precio máximo, perdiendo entre 15.000 y 25.000 dólares por unidad”, destacó Guillermo Bello Vicentini.

“El despojo produjo cuatro círculos de víctimas: los propietarios; sus trabajadores; los proveedores y las comunidades alrededor; y la ciudadanía entera, que pagó en escasez y pobreza”, denunció.

“Y, para colmo, produjo la diáspora: cerca de nueve millones de venezolanos fuera del país —una de las mayores poblaciones desplazadas del mundo, del tamaño de las que dejan las guerras—”, afirmó Bello Vicentini.

“Con una gran diferencia: aquí no cayó ninguna bomba. Lo que expulsó a esa gente fue la guerra contra la propiedad privada y contra la producción. Y hay una capa más profunda: el trauma alcanzó a las instituciones que sostienen la propiedad”, sostuvo.

“Para concluir, por qué la propiedad sí es la llave de la reconstrucción. Venezuela deberá entrar, por fin, en la hora de la reconstrucción. Y su éxito no se medirá por la elocuencia de los discursos ni por la calidad técnica de las leyes: se medirá por hechos verificables”, sintetizó Guillermo Bello Vicentini

“Finalmente, ¿cuándo regresarán los que se fueron? Los inversionistas ya lo han advertido: regresarán cuando haya garantías reales de propiedad y estabilidad jurídica. El capital no discute: viene o no viene. La restitución de la propiedad no es un reclamo del pasado que compite con la reconstrucción del futuro. Es exactamente lo contrario: es el instrumento más rápido y de menor costo para poner en marcha la reconstrucción del país”, dijo Bello Vicentini.