La doctrina de “la no intervención en los asuntos internos de los países” es un cacareo demagógico, hipócritamente argumentado, que ningún otro país como México ha explotado, -tan convenientemente – a través de tantas décadas. Alega su gobierno, el actual, más que los anteriores, que está plasmado en el Artículo 89 de su constitución, una Carta Magna que usa convenientemente y que ignora, también, con la misma facilidad. La llaman La Doctrina Estrada, formulada por el ministro del Exterior Genaro Estrada en 1930, seguramente con las más nobles intenciones, pero que, al aplicarse discriminadamente, siguiendo el color de determinada ideología, abandona la imparcialidad en favor de, en ocasiones, la traicionera injusticia política dentro de la comunidad de naciones hemisféricas.

Para México, esa doctrina, con el paso del tiempo, ha devenido en no más que un concepto elástico que se aplica en defensa de aquellos países que se alinean a su dogma ideológico, es decir, dentro de la escuela socialista de la extrema izquierda, sin que su grado de opresión y violación a los derechos de sus ciudadanías le importe un bledo.  

En defensa de éstos, ha ido a Washington, en múltiples ocasiones, el ex presidente López Obrador- abiertamente socialista- y lo hace de la misma manera, en cada ocasión a la mano, la presidenta Sheinbaum, alumna, protegida, y compañera de aquel en la senda del socialismo solapado, a pedir el levantamiento del embargo a Cuba. ¿No es esto, en sí, un acto de intervención en los asuntos de Estados Unidos? No, no para México, porque Cuba está en su esfera de protección como país comunista y enemigo de Uncle Sam. He aquí la acomodaticia interpretación de México en el concepto de la no intervención en los asuntos internos de los países. 

¿En qué base de justicia moral se basa esa doctrina mexicana? ¿Son acaso regímenes decentes, respetuosos de los derechos ciudadanos, laboriosos por el bienestar general, Nicaragua, Venezuela y Cuba? No, no lo son, y no merecen el respeto a la no intervención. Pueden y deben ser intervenidos para la justa liberación de su gente. Pero para la presidenta Sheinbaum deben ser respetados como si fueran ejemplo de democracia. Son sus aliados, sus compañeros de viaje, sus protegidos, como lo son de su mentor, – AMLO- que, al final de cuentas, aun fuera del gobierno, sigue operando tras las bambalinas. Ambos tienen un objetivo común: convertir a México en un Estado de partido único con un sistema centralizado. Y, desde luego, siempre abogar por la preservación de cuanto país socialista, hostil a Estados Unidos, aparezca en el horizonte.

En la persecución de este fin, el gobierno de Claudia Sheinbaum está derrochando miles de millones de pesos en comprar propaganda, agrandando, hasta la exageración, -y la mentira- logros de su administración y de lo que han dado en llamar la Cuarta Transformación. ¿Qué significa la Cuarta Transformación? La consolidación del poder. La implantación de un control gubernamental en la estructura socio-económica del país. Los contratos para construcciones de proyectos de gran escala se están concediendo al sector militar que ya está adquiriendo el rol de contratista general. Por lo tanto, no es sorprendente la alianza de generales y altos militares en las diversas ramas de las fuerzas armadas alejarse de la constitución y carenar en las redes del partido Morena donde radica la influencia que da acceso al dinero. Dentro de todo este engranaje de la “Cuarta Transformación” existe un elemento que no ha podido ser eliminado: la corrupción. México continúa siendo un país corrupto de manera vertical.

En octubre pasado, la organización NO gubernamental, México Contra la Corrupción e Impunidad, reportó que Pemex, un conglomerado petrolero subsidiario del estado, envió 3 millones de dólares en crudo a Cuba entre mayo y agosto lo cual es tres veces más de lo que Pemex reportó a sus inversores haber enviado a la Isla en los últimos 2 años de la previa administración. Por otra parte, México, desde hace más de diez años está envuelto con Cuba en la práctica del tráfico humano, alquilándole médicos cuyos salarios los controla el gobierno cubano en complicidad con el de México.

La Doctrina Estrada, padre y madre del concepto político-filosófico de la no intervención en los asuntos internos de otros países, le ha servido a México de oportuno parapeto, mediante el cual pretende defender a otros, cuando en realidad la intención y el objetivo fundamental es autoprotegerse del poderoso vecino del Norte. Manteniendo la narrativa de “la no intervención” México entiende, o pretende entender, o quiere hacer entender a otros, ilusoriamente, que esa bandera le sirve como una invisible barda de contención contra cualquier intento hostil por parte de Estados Unidos.

Incuestionablemente el principio de la no intervención en los asuntos de otros pueblos, tiene legítima validez cuando se aplica con razonable honestidad. ¡Cómo no! No es justo, ni razonable, ni aceptable, que una nación que se rige por los parámetros del respeto, consideración y bienestar a sus ciudadanos, sin hostilidad a su vecindario, como Ucrania, sea invadido, aterrorizado y destruido como han hecho los rusos con ella sin justificación. Este tipo de intervención trascendió ese nivel para convertirse en agresión criminal. Aquí sí vale la aplicación del concepto.

Aceptar la Doctrina Estrada, o cualquier otra doctrina similar, bajo la presente dinámica geopolítica, desde un prisma de contemplación pasiva, equivaldría a una dolorosa traición a los pueblos que sufren, alegando la sacra fidelidad al principio de no intervención.

Cuando se niega la intervención a Cuba, Venezuela y Nicaragua, con el prurito santurrón de la tal Doctrina centenaria, se está impidiendo no sólo su posible liberación, sino que se establece una aborrecible complicidad entre la doctrina y los regímenes que atropellan, roban, torturan, matan y encarcelan a sus ciudadanos con la bendición de preceptos obscuros amontonados en nombre de sofismas que arrastran en sus cauces la perpetuación del martirio y del opresor absolutismo social y político.

Aun aceptando el concepto de “la no intervención” como principio, sería un error considerarlo como un imperativo categórico, intocable e inalterable, de naturaleza permanente, como si las condiciones en el mundo en que vivimos no estuvieran sujetas a una constante dinámica cambiante.

Cuando países como Cuba y Nicaragua sufren de longevas tiranías, inexpugnables por medios humanamente razonables, cualquier intervención, violenta o pacífica, militar o política, sería bienvenida. En ese caso, el principio de la no intervención debe ignorarse en favor de la libertad.