La Habana, (EFE).- Un grupo de 500 ciudadanos de organizaciones opositoras pidió a la llamada Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de la tiranía de Cuba que apruebe una ley que garantice los derechos de manifestación y reunión, contemplados en la Constitución de 2019.

Representantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la ONG Cubalex y otros opositores, demandaron que se tenga en cuenta el tema para la sesión extraordinaria del llamado  parlamento, prevista para el primer trimestre de 2023.

Apuntaron que la discusión y aprobación de esta norma estaba incluida en el cronograma legislativo 2020-2023, pero que fue excluida “sin justificación argumental” dentro de la modificación de la agenda de 2022, a causa de la pandemia de la Covid-19.

«La exclusión, inexcusable, es contraria al mandato popular dado a la Constitución del Estado en febrero de 2018, luego de la consulta popular del anteproyecto y a través de la cual la sociedad cubana expresó, rebasando los límites de la consulta misma, sus demandas de más derechos para más personas», señaló la misiva. 

Aunque el planteamiento es totalmente ingenuo en la sociedad comunista, LIBRE no vacila en concederle espacio.