La Brigada 2506. Interrogatorio público. Declaraciones (II)

Se nombra una comisión técnica agrícola integrada en los Estados Unidos que vuela a La Habana, el 13 de junio. No hay avenencia. Castro se niega -lo había expresado antes- a incluir “los criminales de guerra”. El valor de los tractores lo eleva de $20 millones a $28 millones. Ahora tampoco cambiará a Artime, San Román y Oliva. En la prensa local (Revolución, Hoy y otros) Castro declara (junio 14) que los cambiará por Francisco Molina (El Gancho); Pedro Albizu Campos y Henry Winston, que guardan prisión en los Estados Unidos.

La Comisión Técnica informa a Eleanor Roosevelt y demás miembros del Comité de Ciudadanos que considera inaceptables las condiciones de Castro. A su vez, el dictador cubano rechaza la proposición del Comité, demandando que el valor del canje total “debe ser igual al total de los 500 Super D-8 y sus repuestos”. Pero anuncia que enviará de nuevo a los Estados Unidos a la “Comisión de Prisioneros”.

Éstos llegan a Cayo Hueso el domingo 25 de junio a bordo del barco costarricense “Arenal”. El día anterior el Comité de “Tractores por Libertad”, que también había sido conocido por otros nombres, había anunciado su disolución.

Del fracaso inicial, Castro acusa al comité encabezado por Eleanor Roosevelt “que era producto de una maniobra del imperialismo norteamericano… cuyo gobierno no quiso encarar el problema… y acudió a reunir a ciudadanos bien conocidos para no dar la impresión de que se trataba de una cuestión oficial”.

Al terminar el mes de junio reaparece el “Comité de Familiares Pro-Libertad de Prisioneros de Guerra de Cuba”. Lo constituyen Alvaro Sánchez Jr.; Ana Aizcorbe de Carbó; Guillermo Alonso Pujol; José R. Andreu; Virginia Betancourt de Rodríguez; Eduardo Suarez Rivas; Humberto Cortina; Enrique Llaca; Marta Gavito de Ramos y Roberto García Serra. Envían, a “todos los miembros del Congreso de los Estados Unidos”, una carta explicando las razones que motivaron la constitución de este comité de familiares. Le quedará muy brevísima vida.

Ese fin de semana fenece ese extenso comité. Se va a crear, de inmediato, otro que participará activamente en las múltipleas gestiones que habrán de realizarse.

El 31 de julio regresa a La Habana la Comisión de Prisioneros con dos bajas en sus filas. Mirto Collazo y Reinaldo Pico se negaron a regresar. Ernesto Freyre y Alvaro Sánchez se ofrecen para ocupar sus puestos, noble gesto que no les es aceptado. Pero viaja a Cuba junto con los 8 integrantes de la Comisión de Prisioneros, una Delegación de Familiares: Ernesto Freyre, Alvaro Sánchez, Eusebio

M. Hernández y Virginia Betancourt. Berta Barrete-, que vive en Cuba, será el permanente eslabón del Comité con La Habana.

Se inicia una intensa campaña de recaudación de fondos. Familias cubanas -emulando a las Damas de La Habana que tan eficaz ayuda ofrecieron dos siglos atrás a George Washington-regalan sus joyas para ayudar a libertar a los presos de Playa Girón. El Comité de Familiares mantuvo estrecho contacto con figuras públicas y empresas privadas en una campaña nacional para recaudar los fondos requeridos para adquirir los tractores y liberara los prisioneros. El abogado James B. Donovan, estrechamente relacionado con Bob Kennedy, se hizo cargo del asesoramiento legal y de dirigir las negociaciones con Castro. El 24 de septiembre informa el Comité todo lo que han avanzado en sus conversaciones con funcionarios del gobierno norteamericano.

El comité funcionaba en 1730 Biscayne Blvd con el nombre de Cuban Families Committee for Liberation.

A fines de mes otras familias también donan sus joyas para obtener el rescate de los prisioneros: Olga Fuente, Margarita Martínez, Andrés Vico, Angela Marín Rubio, Teresa Toraño, Carlos Falla Sanguily, Julia A. Sanguily Falla.

SE INICIA EL JUICIO A LOS PRISIONEROS DE LA 

BRIGADA 2506

Los 1186 prisioneros cubanos comenzarían a ser juzgados el 29 de marzo de 1962. Once meses después del desembarco. Fue precisamente el 20 de marzo que el Ministerio de las Fuerzas Armadas anunció la fecha en que se iniciarían los juicios. La noticia era escueta:

“El Departamento Jurídico del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias dio a conocer que el próximo día 19 se celebrará el juicio contra los mercenarios que en abril del pasado año invadieron nuestra patria y fueron capturados con las fuerzas populares en Playa Girón”.

El comunicado, escueto, hiriente, injurioso.

Ya antes, cinco de los que cayeron prisioneros habían sido ejecutados el 9 de septiembre de 1961 en Santa Clara tras sometérsele a un juicio como criminales de guerra. Los fusilados en aquella ocasión fueron Ramón Calviño Insúa, Jorge King-Young, Emilio Soler Puig, Roberto Pérez Cruzata, y Antonio Padrón Cárdenas. Otros nueve brigadistas, juzgados en aquel mes de septiembre, habían sido condenados a treinta años de prisión.

El proceso legal que ahora se iniciaba dividiría aún más al exilio cubano. Se había esforzado el Comité de Familiares de Prisioneros en recaudar los fondos necesarios que permitieran canjear por tractores agrícolas a quienes “combatieron por la libertad y contrae! comunismo en este hemisferio” como expresaba el Presidente del Comité, Alvaro Sánchez.

Había gran preocupación porque, a menos de una semana de la fecha señalada para iniciarse el juicio, no se conocía donde éste se celebraría, cuales eran los cargos, si se les trataría como prisioneros de guerra, si serían juzgados en masa o individualmente. La tensión y la preocupación aumentaban. 

El Consejo Revolucionario en declaraciones públicas planteó la necesidad de que los pueblos de América estuvieran abiertos respecto al juicio que se le seguiría a los prisioneros de Playa Girón. 

A nombre de la organización los doctores Antonio Maceo, Miguel Figueroa, José Ignacio Lasaga, Gerardo Quesada y Tomás Gamba en conferencia de prensa manifestaron que Cuba era parte de la Convención de Ginebra relativa al Trato de los Prisioneros de Guerra celebrada el 12 de agosto de 1949 y que bajo ese carácter de “prisioneros de guerra” debían ser juzgados los miembros de la Brigada 2506.

Por mandato de la Convención de Ginebra, de la cual fueron signatarios todas las naciones civilizadas, y, además, por principio universalmente aceptado y respetado desde los inicios de la época moderna -apuntaba Sergio Carbó, el antiguo director del clausurado Prensa Libre- los prisioneros de guerra no pueden ser juzgados. Y, muchos menos, condenados.

Pero lo fueron y lo serían.

El juicio se inició el jueves 29 de marzo en la Prisión del Castillo del Príncipe. El Fiscal del Tribunal lo sería Santiago Cubas Fernández, Fiscal del Tribunal Supremo; actuando como secretario el Capitán Narciso Fernández Suárez. Se designó como defensor de oficio a Antonio Cejas.