La muerte del presidente Kennedy (V)

Tanto Pearson como Warren coincidieron en que lo más prudente era informar al Servicio Secreto y al FBI para que realizaran la investigación correspondiente y entrevistaran al abogado.

Con ese propósito, Warren comunicó a James J. Rowley, director del Servicio Secreto, las alegaciones recibidas. Como resultado, se concertó una entrevista con el abogado para el 8 de febrero de 1967.

Al no concretarse dicha entrevista, el Buró informó al Servicio Secreto que “durante la investigación de Lee Harvey Oswald no se descubrió evidencia que indicara que el gobierno cubano hubiese estado involucrado de alguna manera en el asesinato”. Una vez más, el Buró intentaba desvincular a Castro del magnicidio.

Para que no quedaran dudas sobre el escaso interés del FBI en investigar aquellas alegaciones, un memorándum fechado el 15 de febrero de 1967 señalaba que “ninguna investigación será conducida sobre las alegaciones hechas… al presidente de la Corte Suprema, Warren”.

Sin embargo, el presidente Johnson no se conformó con la pasividad del Buró Federal de Investigaciones. Un mes después, el 17 de marzo, impartió instrucciones para que:

“el FBI entrevistase al abogado respecto al conocimiento que pudiera tener sobre el asesinato del presidente Kennedy”.

Hoover se sentía acorralado. Así lo reconoce el propio De Loach en el memorándum antes mencionado:

“Bajo estas circunstancias, parece que no tenemos otra alternativa que entrevistar al abogado y enviar los resultados a Watson en un memorándum sin membrete”.

No obstante, Hoover encontró una manera de cumplir, al menos formalmente, las instrucciones de la Casa Blanca sin correr el riesgo de que la investigación solicitada descubriera una posible verdad.

Con ese fin, asignó la responsabilidad de la entrevista a la División General de Investigación, cuando había sido la División de Inteligencia Doméstica la encargada de investigar la posible participación extranjera en el asesinato. Como era de esperarse, la gestión de estos supervisores —que carecían de conocimientos previos sobre la participación estadounidense en posibles atentados contra líderes extranjeros e ignoraban las probables represalias de algunos de ellos contra el mandatario norteamericano— no condujo a resultado alguno. Más aún, el informe elaborado por dichos supervisores fue modificado antes de ser remitido al presidente Johnson.

Nada de esto había salido a la luz pública. De fuentes oficiales solo se conocía lo consignado en el Informe de la Comisión Warren.

Sin embargo, ante la evidente pasividad de las agencias investigadoras, Drew Pearson reveló en su influyente columna la posibilidad de que Castro hubiese estado involucrado en el magnicidio de Dallas.

El 3 de marzo de 1967, Pearson escribió:

“El presidente Johnson está sentado sobre una bomba atómica política: un informe no confirmado según el cual el senador Robert Kennedy pudo haber aprobado un intento de asesinato que, posiblemente, terminó repercutiendo contra su difunto hermano”.

Para Johnson, la lectura de la columna de Pearson era obligatoria.

En la tarde del 22 de marzo de 1967, el director de la CIA, Richard Helms, se reunió con el presidente en la Casa Blanca. Al día siguiente, Helms ordenó al Inspector General de la Agencia preparar un informe sobre los intentos de asesinato en los que pudiera haber estado involucrada la CIA. Como consecuencia de esa investigación, el dictador cubano recibió, en la práctica, una especie de seguro de vida.

Richard Helms declararía ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes, en septiembre de 1978, que su participación en los planes para asesinar a Castro después de Bahía de Cochinos “había sido uno de los mayores errores de su carrera”.

Incluso fue más lejos al afirmar:

“He presentado disculpas por esto. No puedo hacer más que disculparme públicamente. Fue un error de juicio de mi parte… Estoy profundamente avergonzado. No puedo hacer otra cosa que pedir disculpas”.

Hubiera sido más deseable que Helms, “el primer profesional de inteligencia en ascender dentro de la Agencia, paso a paso, hasta alcanzar su máxima posición”, se hubiese sentido más avergonzado por las infantiles tramas concebidas para ejecutar aquellos frustrados atentados que por la condena moral de la decisión misma.

Porque lo verdaderamente vergonzoso fue la manera chabacana, ridícula e infantil en que tales planes fueron concebidos. De hecho, a este experimentado profesional de la inteligencia le tomó seis de los siete años que permaneció al frente de la Agencia Central de Inteligencia ordenar la prohibición de tales actividades.

Fue el 6 de marzo de 1973 cuando Richard Helms, “el primer oficial de carrera en ser promovido a la dirección de la Agencia Central de Inteligencia”, dispuso que “ningún miembro de nuestro personal participe, colabore o sugiera este tipo de actividades”.