Lima, 19 ene (EFE).- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano aprobó este viernes un informe que recomienda inhabilitar para ejercer cargo público por 10 años al ex primer ministro del destituido mandatario Pedro Castillo (2021-2022) Aníbal Torres, por presuntamente llamar a la población a movilizarse contra la oposición.
La solicitud de inhabilitación a Torres responde a una denuncia constitucional presentada por el congresista Jorge Montoya, del partido de ultraderecha Renovación Popular, por los presuntos delitos de motín, conspiración para una rebelión y omisión de resistencia a rebelión, sedición o motín y terrorismo.
Montoya presentó esta denuncia después de que el ex primer ministro de Castillo se dirigiera, en agosto del 2022, a los integrantes de organizaciones sociales y pueblos indígenas para pedirles que se movilizaran a Lima en una marcha de protesta contra los que presuntamente promovían un golpe de Estado contra el exmandatario.
El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue aprobado con 13 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones.
A continuación será enviado a la comisión Permanente, que decidirá si pasa a su votación en el pleno en la siguiente legislatura que empieza en marzo próximo.
Torres presuntamente infringió la Constitución al manifestar esas expresiones durante los Consejos de Ministros Descentralizados, que se realizaron durante el Gobierno de Castillo en distintas regiones del país.
La legisladora fujimorista Martha Moyano indicó, durante la ponencia de la denuncia, que no existen actas ni acuerdos de las sesiones descentralizadas, pero que esas declaraciones de Torres se hacían «como actos de proselitismo en diferentes partes del país ante la población».
No obstante, los legisladores afines a Castillo dijeron que las declaraciones de Torres corresponden a su derecho de expresión, y que la denuncia puede ser tomada como una «persecución política» contra el exjefe del gabinete.
Tanto Castillo, como Torres y la también ex primera ministra Bettsy Chávez, son procesados actualmente por la justicia peruana por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, que provocó su destitución de la Presidencia de la República y desató una ola de marchas de protesta que se extendieron por más de dos meses.