Por Alina García

Para muchas familias de Miami-Dade, la conversación sobre el costo de vida ya no es una discusión abstracta. Se siente cada mes en el supermercado, en la factura del seguro, en los servicios básicos y, muy especialmente, en lo que cuesta mantener un hogar. Como ciudadana y residente de esta comunidad, creo que debemos prestar mucha atención a cualquier propuesta que pueda afectar directamente la capacidad de nuestras familias para permanecer en las casas y comunidades que han construido durante tantos años.

Ese es el contexto en el que los floridanos tendremos ante nosotros la Enmienda 3 en las elecciones generales del 3 de noviembre. La propuesta aumentaría la exención de vivienda principal aplicable a los impuestos que no corresponden a los distritos escolares a $150.000 en 2027 y a $250.000 en 2028, con ajustes posteriores por inflación. También reduciría del 10 % al 5 % el límite anual de aumento en la tasación de propiedades que no cuentan con la exención de vivienda principal.

Para quienes defienden esta medida, el argumento comienza con una realidad sencilla: cada dólar cuenta. En un condado como Miami-Dade, donde tantas familias sienten la presión de un costo de vida cada vez mayor, reducir la carga de ciertos impuestos sobre la propiedad puede representar un margen adicional en el presupuesto familiar. Para un jubilado que vive con ingresos fijos, para una familia que ha pasado décadas pagando su vivienda o para quienes simplemente intentan mantenerse al día con sus obligaciones mensuales, ese margen puede tener un significado considerable.

La situación de nuestros adultos mayores merece especial atención. Muchos compraron sus hogares hace décadas y han contribuido durante toda una vida al crecimiento de sus comunidades. Sin embargo, ser propietario de una casa no significa necesariamente disponer de una gran capacidad económica cada mes. Cuando aumentan simultáneamente los seguros, los alimentos, la electricidad y otros gastos esenciales, incluso quienes ya son dueños de sus viviendas pueden encontrarse bajo una fuerte presión económica.

Por eso, cualquier discusión seria sobre la asequibilidad debe incluir no solamente el acceso a la vivienda, sino también la posibilidad de permanecer en ella.

Pero la conversación que plantea la Enmienda 3 va más allá del bolsillo individual. También plantea una pregunta sobre la relación entre los contribuyentes y sus gobiernos locales: ¿cómo aseguramos que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable y que el crecimiento del gobierno no recaiga automáticamente sobre quienes pagan impuestos?

El texto oficial establece categorías para el uso de los ingresos provenientes de los impuestos sobre la propiedad por parte de condados y municipios, entre ellas seguridad pública, educación, infraestructura, recursos naturales, servicio de deuda, beneficios de jubilación y operaciones y administración. También contempla mecanismos mediante los cuales otros gastos pueden ser autorizados por los funcionarios o cuerpos de gobierno correspondientes, salvo que la ley disponga lo contrario.

Ese aspecto de la propuesta pone sobre la mesa un principio que considero importante, independientemente de cualquier elección: la responsabilidad fiscal debe ser una obligación permanente del gobierno. Las familias hacen presupuestos. Los adultos mayores ajustan sus gastos cuando viven de un ingreso fijo. Los pequeños negocios evalúan lo que pueden gastar y lo que deben reservar. Los gobiernos también tienen la responsabilidad de establecer prioridades, justificar sus gastos y demostrar que cada dólar público se utiliza de manera prudente.

Al mismo tiempo, una evaluación completa de cualquier cambio en los impuestos sobre la propiedad debe considerar cómo afectaría los ingresos de los gobiernos locales y su capacidad para financiar servicios públicos. El alivio para el contribuyente y la continuidad de los servicios esenciales forman parte de una misma conversación fiscal.

Por eso, es importante que los votantes conozcan no solamente cuánto podría cambiar su obligación tributaria, sino también cómo funcionarían las nuevas reglas para las entidades gubernamentales que dependen de esos ingresos.

Para mí, la discusión sobre la Enmienda 3 forma parte de un debate mucho más amplio que Florida tendrá que continuar. No existe una sola medida capaz de resolver por sí misma el problema de la asequibilidad. El costo de la vivienda, los seguros, los impuestos y otros gastos que enfrentan nuestras familias requieren múltiples soluciones y una revisión constante de la manera en que administramos los recursos públicos.

Lo que sí podemos exigir siempre es que cada nivel de gobierno recuerde de dónde provienen esos recursos. El dinero público no pertenece al gobierno; proviene de las personas que trabajan, ahorran, compran sus hogares, construyen negocios y levantan sus familias en nuestras comunidades.

Florida debe continuar buscando maneras de permitir que más familias puedan vivir dentro de sus posibilidades y, sobre todo, evitar que quienes han construido una vida aquí terminen sintiéndose económicamente desplazados de sus propios hogares.

Esa conversación merece información clara, responsabilidad fiscal y la participación de todos los ciudadanos.