Este año la legislatura en Tallahassee concentró su presupuesto en dar mayor prelación a los temas de seguridad y educación que son primordiales en los momentos actuales tras lamentables hechos con armas de fuego que dejaron en el pasado varias víctimas.

La senadora estatal Ana María Rodríguez anunció que se aprobaron 109.900 millones de dólares para presupuestos adoptados por el Congreso estatal en los que figuran 24.300 millones de dólares adicionales para las escuelas públicas primarias.

“Lo cual representa un aumento de 1.700 millones con respecto al año en curso. El monto equivale a 8.143 dólares por estudiante, unos 385 más que el año actual, además, se asignan 800 millones de dólares para aumentar los salarios de los maestros, lo que significa un aumento de 250 millones con respecto al actual curso escolar”, resaltó Rodríguez.

“Sin embargo—agregó–, la máxima autoridad del gobierno del estado vetó 3.100 millones que estaban destinados a múltiples proyectos por considerarlos “contraproducentes”.

Rodríguez anticipó que se mantuvo el aumento salarial que fue impulsado por el presidente del Senado, Wilton Simpson, para los empleados estatales, de 13 a 15 dólares por hora, cuatro años antes de que el salario mínimo de 15 dólares para todos, adoptado por el electorado de Florida, entre en vigor en 2026.

“Además, todos los trabajadores, a los que el Congreso estatal ha mantenido sus salarios prácticamente sin cambios durante la última década, recibirán un aumento salarial del 5,4%”, insistió.

“A pesar de que hay cientos de proyectos que se proponen, y muy pocos los que terminan en el escritorio del gobernador, en realidad lo más importante es la aprobación del presupuesto, que este año fue de 90.000 millones de dólares”, anunció.

“En el plano educativo, fue aprobado un proyecto de ley en el que se aprueban los bonos de ayuda escolar (vouchers), financiados con dineros públicos. Un proyecto similar fue aprobado hace más de veinte años, y fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de la Florida de ese entonces”, agregó.

“Por lo tanto, el concepto de “school of choice”, o escuela de su preferencia, vuelve a estar por detrás de esa ley aprobada en la Cámara de Representantes por 76 votos a favor 39 en contra”, explicó.

“El proyecto de ley del Senado estatal, el 7070, crea un máximo de 18.000 bonos, con un costo de 130 millones de dólares. Las familias de bajos recursos, según las propuestas, tendrán la prioridad para recibir estas becas que les permitirán inscribir a sus hijos en la escuela privada que deseen”, sostuvo.

“Un proyecto de ley amplió el programa estatal que le permite a ciertos colegios chárter operar en áreas de bajos recursos donde hay escuelas públicas que tienen un desempeño deficiente”, añadió.

“Otro relacionado con las escuelas, fue aprobado en la Cámara de representantes (65 votos a favor, 47 en contra), sobre la ampliación del programa de guardianes escolares aprobado el año pasado”, explicó.

“Esto significa que cualquier profesor de manera voluntaria podrá portar un arma dentro de cualquier centro educativo si el distrito escolar correspondiente lo aprueba”, insistió.

“Dichos docentes, convertidos en guardianes voluntarios, tendrán que someterse a un entrenamiento parecido al de los policías, a una evaluación psiquiátrica y a una prueba para detectar consumo de drogas”, precisó.

En la ley aprobada el año pasado, después de la masacre sucedida en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, solo aquellos maestros que no estuvieran tiempo completo en un aula de clase (como los entrenadores de deportes o funcionarios administrativos) podrían entrar al programa de guardianes.

“Hubo otra iniciativa que exige a las agencias estatales, condales y municipales que cooperen y trabajen con las autoridades federales de inmigración. Desde el principio del debate sobre esta propuesta, sus opositores afirmaron que se estaba legislando sobre algo que no existía en la Florida, es decir, ciudades o jurisdicciones santuario”, reveló.

En su versión de la Cámara Baja la iniciativa legislativa autoriza que sean sancionados con multas de $5.000 dólares diarios aquellos oficiales elegidos por el voto popular que apoyen medidas destinadas a no cooperar con las autoridades federales de inmigración.

“La propuesta –de acuerdo con Rodríguez– obliga a los sistemas carcelarios de los condados y del estado a cumplir con el pedido de ICE (la agencia de policía migratoria) de mantener retenidos a inmigrantes indocumentados que consideren posible objeto de deportación”.

“Por otro parte quedó lista la ley aprobada por el Congreso estatal que castiga a los conductores que envíen mensajes de texto, a través de sus celulares, al tiempo que manejan. Será una transgresión a la ley directa, es decir, que un policía podrá parar a alguien que esté en esa actividad e imponerle una multa”, puntualizó.

En la actualidad quienes son sorprendidos escribiendo mensajes de texto mientras conducen son multados o citados si esa actividad generó otra violación a las normas de tráfico. Por lo tanto, es una transgresión a la ley indirecta.

Y hubo buenas noticias para el problema de los seguros de vivienda al trascender  el inicio de operaciones de dos compañías aseguradoras, lo cual se produce en momentos en que otras compañías han abandonado el estado por diversas razones.

 Por ejemplo, La Oficina de Regulación de Seguros de Florida (OIR) anunció la incorporación de dos nuevas compañías aseguradoras lo cual eleva a un total de cuatro las entidades recién ingresadas en el mercado floridano en este año.

Orion180 Select Insurance Company y Orion180 Insurance Company se suman a Mainsail Insurance Company, que obtuvo la aprobación de la OIR en agosto pasado, y a Tailrow Insurance Company, que obtuvo la calificación para iniciar sus operaciones en abril.

Tras el paso del huracán Andrew, en 1992, por Miami, el precio a pagar por seguros subió estrepitosamente.

En los últimos años, más de una docena de compañías de seguros de propiedad que operaban en Florida se han visto obligadas a declararse insolventes o retirarse del estado.

Entre las razones citadas para esta situación se encuentran los desastres naturales, fraudes relacionados con reparaciones de techos y elevados costos derivados de litigios, entre otros factores.

“Para abordar esta problemática, la Legislatura de Florida promulgó nuevas regulaciones en dos sesiones especiales relacionadas con el seguro de propiedad en 2022, y este año ha avanzado en una reforma integral del sector”, anunció Rodríguez.

Entre los cambios más significativos, se encuentra la prohibición de los «multiplicadores de honorarios» para los abogados que presentan demandas contra compañías de seguros.

Las nuevas compañías ingresan a un mercado que históricamente ha estado dominado por Citizens Property Insurance Corporation, la aseguradora de último recurso respaldada por el estado, que ha experimentado un aumento significativo en su base de clientes tras la retirada de varias firmas que operaban en Florida.

Recientemente, Citizens, que cuenta con más de un millón de pólizas, fue instada por reguladores estatales a reducir sus tarifas después de haber propuesto un incremento del 12%.

Según autoridades estales los fenómenos naturales han contribuido significativamente al aumento de las tarifas de seguros de vivienda en el estado, que actualmente se sitúan tres veces por encima del promedio nacional.