Por Álvaro J. Álvarez. Exclusivo para LIBRE

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil de España y en la dictadura franquista, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica, fue aprobada durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como presidente del Gobierno (del 2004 al 2011).

En 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó la sustitución de la Ley de Memoria Histórica de 2007 por la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre de 2022.

La Ley de Memoria Democrática prevé multas que pueden llegar hasta los 150.000 euros para quienes exalten la sublevación militar, el franquismo o a sus dirigentes. Por supuesto, el robo del oro y todo lo demás por miembros del PSOE sigue quedando impune.

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido señalado en querellas ante la Audiencia Nacional por siete supuestos delitos en dos piezas separadas (el caso Plus Ultra y las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho), aunque sin imputación ni investigación judicial formal. Los delitos mencionados en dichas acusaciones son: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

La corrupción que rodea a Pedro Sánchez acumula ya al menos 36 imputados o procesados entre la lista de familiares, políticos o funcionarios bajo administraciones del PSOE.

A continuación, lo que pasó en 1936 durante el mandato del PSOE.

Han pasado 90 años desde aquella triste noche del 14 de septiembre de 1936, cuando unos cuantos comunistas españoles entraron al Banco de España, en la calle de Alcalá frente a la plaza de Cibeles en el centro de Madrid, y se robaron todo el oro depositado en la bóveda y algo más.

El presidente de la Segunda República desde el 11 de mayo de 1936 era el republicano de izquierda Manuel Azaña Díaz. El 4 de septiembre de 1936 asumió el cargo de primer ministro el miembro del PSOE Francisco Largo Caballero.

Azaña firmó un decreto reservado del Ministerio de Hacienda, previamente aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros y emitido a iniciativa del nuevo ministro de Hacienda desde el 4 de septiembre, Juan Negrín López, nombrado por Largo Caballero en representación del PSOE y como miembro del ala prietista, por el cual se autorizaba el traslado de las reservas metálicas del Banco de España y se preveía una futura rendición de cuentas a las Cortes que nunca llegó a producirse, aunque en 1956 Rómulo Negrín entregaría al régimen franquista los documentos en poder de su padre, a la muerte de este, “que justificaban el robo”.

Los miembros del PSOE Juan Negrín López, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, y el izquierdista republicano Manuel Azaña fueron los principales culpables de la idea y ejecución del gran robo del siglo XX.

Pocos meses antes del inicio de la Guerra Civil, la reserva española de oro había sido registrada por las estadísticas internacionales, en mayo de 1936, como la cuarta más grande del mundo.

Al contrario de lo que pueda parecer, no se debía a la ingente cantidad de oro traído de América durante la existencia del imperio, sino que fue acumulada principalmente durante la Primera Guerra Mundial, en la que España se mantuvo neutral.

En su mayor parte estaba compuesta por monedas extranjeras y españolas, mientras que la fracción de oro en lingotes era mucho menor.

A pesar de que el Banco de España y sus reservas no eran de propiedad estatal, la institución estaba sometida al control tanto del Gobierno, que designaba al gobernador, como del Ministerio de Hacienda, que nombraba a varios miembros del Consejo General del banco.

Menos de 24 horas después de la firma del decreto, la madrugada del 14 de septiembre de 1936, entraron en el Banco fuerzas de carabineros y milicias, enviadas por el Ministerio de Hacienda de acuerdo con los comités de la UGT y de la CNT en el mismo Banco.

Dirigió la operación de apropiación el entonces director general del Tesoro, Francisco Méndez Aspe (1892-1958), economista, político gallego y hombre de confianza de Negrín. Le acompañaban el capitán Julio López Masegosa, cincuenta o sesenta metalúrgicos, cerrajeros y un grupo de empleados de banca pertenecientes al Sindicato de Madrid, cuyo presidente era Amaro del Rosal, futuro director de la Caja General de Reparaciones.

Avisado y personado el jefe de las cajas de seguridad de alquiler y depósitos en el Banco, le manifestaron que el ministro de Hacienda había ordenado la apertura de las cajas, que debía llevarse a cabo con toda urgencia. Obtenidas las llaves, se abrieron las cajas y cámaras donde se custodiaban las reservas y  los agentes del Gobierno extrajeron todo el oro allí depositado.

El metal precioso se colocó en cajas de madera de 30,5 × 48,2 × 17,7 cm, las utilizadas habitualmente para el transporte de municiones, que no estaban numeradas ni acompañadas de facturas que indicasen cantidad, peso o contraste del oro.

Según el historiador Ángel Viñas, el cajero principal del Banco de España, Tomás Sanz López, se suicidó en noviembre de 1936, dos meses después de la sustracción del oro.

Al día siguiente de la entrada en el Banco, el martes 15 de septiembre, se reunió de urgencia el Consejo del Banco para dar cuenta oficial de la situación a los dos únicos consejeros representantes de los accionistas, José Álvarez Guerra y Lorenzo Martínez Fresneda. En aquella sesión informativa ambos presentaron su dimisión expresando su más enérgica protesta y afirmando que aquel traslado era ilegal. En su alegato, tiempo después, Martínez Fresneda diría: “No cabía discutir sobre impedir su realización, toda vez que esta ya estaba ejecutándose, pero sí cabía y lo hacía constar del modo más solemne mi enérgica protesta, por considerar el acuerdo ilegal e ineficaz en derecho. Era ilegal, porque siendo el oro de propiedad exclusiva del Banco, ni el Estado ni el Gobierno podían disponer de él”.

Durante una semana, los agentes del Gobierno estuvieron extrayendo todo el oro allí depositado y quienes se ocuparon de la operación fueron los empleados del sindicato del Banco protegidos por las fuerzas de Carabineros, a base de tres turnos diarios, sin salir del Banco, donde comían y dormían.

Las cajas fueron transportadas en camiones a la Estación del Mediodía (actual Atocha), bajo el control de fuerzas de carabineros y de las milicias.

Desde allí se produjo el traslado por vía férrea hasta Cartagena, siendo custodiado y protegido por la Brigada Motorizada, el cuerpo parapolicial del PSOE.

La primera expedición partió el 15 de septiembre a las 11:30 p. m. El convoy llegó a las 4:30 p. m. del día 16 porque fue necesario transbordar parte de la carga en Alcázar de San Juan, La Roda y Hellín, al recalentarse, por exceso de peso, los cojinetes de algunos vagones.

Las cajas con el material robado dentro se depositaron en los polvorines de La Algameca, en una base naval bien custodiada.

Con el oro ya en Cartagena, el 6 de octubre, el Consejo de Ministros, a instancia de Negrín, tomó una decisión fatal: remitir tres cuartas partes de las reservas del oro de España a Moscú. En el texto solo se indicó que Largo Caballero y Negrín quedaban autorizados a trasladarlo al lugar que considerasen que garantizaba su seguridad. Y para ellos la URSS debía ser el lugar más seguro del mundo. El acuerdo entre los dos Gobiernos para transferir parte del oro al Gosbank (Banco Central de la Unión Soviética) lo negociaron Largo Caballero y el agregado comercial de la URSS en España, Arthur Stashevski, que previamente había elegido a Negrín como el títere ideal: “un profesor adinerado y de costumbres licenciosas, fácil de extorsionar y al que había persuadido para aceptar el traslado basándose en la conveniencia de tener una cuenta corriente en oro en Moscú, ante la necesidad de disponer de divisas para comprar suministros”.

Alexander Orlov (1895-1973), militar y espía soviético durante la Guerra Civil española, fue enlace del NKVD (la policía secreta soviética). Fue el responsable y el supervisor en el traslado del llamado “oro de Moscú” a la URSS y en el asesinato de Andreu Nin. En 1938 desertó a EE. UU., huyendo de la purga estalinista dentro del NKVD. Le advirtió a León Trotski de la inminencia de su asesinato.

Un mes más tarde, el 25 de octubre, a bordo de cuatro buques soviéticos (Kim, Kursk, Neva y Volgoles) zarparon hacia Moscú las 510 toneladas del precioso material expoliado, distribuidas en 7.800 cajas que tardaron tres días en ser embarcadas.

Acompañaban a esta expedición, como personas de confianza, cuatro claveros del Banco de España (clavero se le llamaba al custodio de las llaves de las cajas fuertes del Banco): Arturo Candela, Abelardo Padín, José González y José María Velasco.

Cabe indicar que el agente ruso Orlov había reseñado 7.900 y Méndez Aspe, el representante del Gobierno español, 7.800 cajas; el recibo final fue por 7.800. Por tanto, se hace difícil discernir el error del robo o de la desaparición mágica de esas cien cajas de oro.

Una vez desembarcado el oro en el puerto de Odesa, donde se encontraba Walter Krivitsky, general del GRU (Departamento Central de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de la URSS), este describió el proceso en su libro editado en los EE. UU. después de su huida en 1938. En 1941 apareció muerto en el hotel Bellevue de Washington con una herida en la sien.

“Toda la zona próxima al dique fue despejada y rodeada por cordones de tropas especiales. Durante varios días estuvimos transportando el oro, cargándolo en los camiones y llevándolo a Moscú en convoyes armados. Si todas las cajas de oro que apilamos en los muelles de Odesa se colocaran aquí una al lado de otra, cubrirían completamente la Plaza Roja”.

En efecto, una vez en territorio soviético, el oro, custodiado por el 173.º regimiento del NKVD, se trasladó inmediatamente al Depósito del Estado de Metales Preciosos del Comisariado del Pueblo para las Finanzas, en Moscú, donde fue recibido en calidad de depósito de acuerdo con un protocolo secreto. 

Entre los días 6 y 7 de noviembre tuvo lugar la llegada y aceptación oficial de las cajas que contenían metales preciosos de acuerdo con “la declaración verbal del embajador de la República española en Moscú y de los empleados del Banco de España que acompañan el convoy, puesto que las cajas no estaban numeradas ni provistas de facturas de acompañamiento que hubieran indicado la cantidad, el peso y el contraste del metal”. 

Alexander Orlov, en su declaración ante el Senado de EE. UU., dijo que José Stalin celebró la llegada del oro con un banquete al que asistieron miembros del Politburó y en el que habría dicho: “Los españoles nunca más verán su oro, como tampoco ven sus orejas”, expresión que tomó de un conocido proverbio ruso. 

Los cuatro funcionarios españoles enviados para supervisar la operación fueron retenidos por Stalin hasta octubre de 1938 y solo entonces se les permitió salir para lugares dispersos del extranjero: Estocolmo, Buenos Aires, Washington y México, respectivamente. El embajador español, Marcelino Pascua, fue trasladado a París. 

En realidad, todo había comenzado el 13 de septiembre, cuando el nuevo ministro de Hacienda, el socialista Juan Negrín (PSOE), emitió un decreto “reservado” que el presidente Azaña firmó sin enterarse de lo que firmaba. Fue una de las decisiones más trascendentes política y económicamente de la historia de España, tomada secretamente por tres miembros del Gobierno, ocultándosela al propio presidente de la República y a los demás miembros del gabinete y engañando al propio jefe del Estado para su firma. Así estaban las cosas en aquel desgobierno republicano del PSOE. 

Tanto es así que el propio Valentín González, “El Campesino” (1904-1983), comunista y uno de los más destacados jefes militares de la República, dice así en sus memorias: “El Kremlin se dedicó a intervenir abiertamente en la guerra civil española a los dos meses de empezada, pero al pueblo español le costaría un altísimo precio en sangre, en sufrimiento y en oro. La situación de Madrid se hacía peligrosa y los ministros concedieron fácilmente lo que se les pedía, aunque ignorando los verdaderos propósitos de Negrín. Conocieron tales propósitos solo el embajador soviético, Rosenberg, el servicio de la NKVD en España y una parte del Buró Político del Partido Comunista Español. Hízose todo en medio del mayor misterio y como si se tratara de un robo. Y eso fue, un inmenso robo hecho al pueblo español. Yo no lo sabía o no lo comprendía entonces; ahora que lo sé, el recuerdo de mi involuntaria complicidad me llena de indignación contra mí mismo y contra sus organizadores conscientes”. 

Francisco Largo Caballero.  Primer ministro del 4 de septiembre de 1936 al 17 de mayo de 1937. Murió en París en 1946.

Juan Negrín López. Ministro de Hacienda del 4 de septiembre de 1936 al 17 de mayo de 1937 (reteniendo la cartera hasta el 11 de agosto de 1937). Presidente del Consejo de Ministros del 17 de mayo de 1937 al 31 de marzo de 1939. Murió en París.

Indalecio Prieto Tuero. Ministro de Marina y Aire del 4 de septiembre de 1936 al 17 de mayo de 1937. Ministro de Defensa del 17 de mayo de 1937 al 5 de abril de 1938. Murió en México.

A continuación, la historia de cómo se sacó de España hacia México el otro material robado.

El robo, sin precedentes en la historia de España, que se había iniciado el 14 de septiembre de 1936 en el Banco de España, se amplió luego a las instituciones privadas, culturales o religiosas, continuando hasta 1939. 

El Gobierno, o mejor dicho Juan Negrín con el beneplácito de Manuel Azaña, concibió un plan para, ante la posibilidad de perder la guerra, garantizar el futuro de los dirigentes republicanos en el exilio. La disculpa oficial al saqueo era la de recabar fondos para reconstruir España tras la victoria. La realidad fue bien distinta, ya que lo incautado salió rápidamente de España y en la mayoría de los casos jamás regresó. 

La contienda se prolongó durante tres agónicos años en los que un dividido y desorganizado ejército izquierdista, carente del armamento y organización militar de los “Nacionales”, fue perdiendo paulatinamente toda posibilidad de victoria. 

Oro, divisas, valores, cuadros de gran valor y objetos de diversa índole fueron incautados en nombre de la República y, al igual que sucedió con las obras del Museo del Prado, recorrieron la geografía española siguiendo a los dirigentes republicanos en su huida de Madrid. 

Las obras de arte llegaron a Valencia en noviembre de 1936, donde se instaló el Gobierno ante el avance de las tropas franquistas. Luego, en octubre de 1937 (con el Gobierno en Barcelona), fueron repartidas por la provincia catalana hasta pasar a Francia y finalmente a Suiza. (Acabada la Guerra Civil, los cuadros del Prado fueron devueltos a la España de Franco por la Sociedad de Naciones, no así muchas otras obras incautadas).

Al ver perdida la contienda y con el Gobierno de la República dividido entre Cataluña y Francia, los dirigentes republicanos repartieron los cuadros, el oro y los tesoros artísticos  con mayor o menor fortuna por el castillo de Figueras, el castillo de Perelada y en la mina de La Vajol, y los fueron sacando de forma irregular en una avioneta a Francia. 

No se han cuantificado las pérdidas porque nunca existió un inventario oficial y detallado de las obras incautadas, pero sí existió la sospecha de que se perdieron para siempre obras en pillajes y en el incendio del castillo de Perelada que provocaron las tropas republicanas en su huida, aún con cuadros en su interior. 

También existe la teoría de un camión cargado de tesoros artísticos camino de Francia que se separó del convoy y del que nunca volvió a saberse.

En febrero de 1939, cuando faltaban dos meses para el final de la Guerra Civil, Juan Negrín estaba instalado en París.

Negrín, último presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República Española, fue el responsable de planificar la compra del yate Vita y de ordenar la evacuación de un valioso tesoro histórico hacia México.

El Vita fue un yate construido en 1931 en Kiel (Alemania), de propulsión diésel, con una eslora máxima de 62,20 m por 9,20 m de manga. En 1934 cambió su nombre al de Vita, siendo adquirido durante la Guerra Civil española por Marino de Gamboa, simpatizante del nacionalismo vasco, que lo puso al servicio de las autoridades republicanas en los momentos finales de la contienda.

Para el transporte del “tesoro” de Negrín, este ordenó cargar en la embarcación entre 150 y 160 maletas, cajas y petacas que contenían bienes incautados por la Caja General de Reparaciones, joyas del Monte de Piedad de Madrid, objetos artísticos y religiosos, monedas y fondos destinados a sostener a los republicanos en el exilio. La expedición partió del puerto de El Havre (Francia) el 28 de febrero de 1939, bajo el mando del capitán Enrique Puente. El 17 de marzo hizo escala en la isla caribeña de Saint Thomas, y allí Puente telegrafió a Negrín para preguntarle a quién debía entregarse la carga del Vita, pero jamás obtuvo respuesta.

Finalmente, el yate llegó a Veracruz el 28 de marzo. En dicho puerto debía esperar su llegada el delegado oficial de Negrín en México, el Dr. José Puche Álvarez, pero no estaba presente para recibir la carga. 

Así, ante la urgencia de descargar el fabuloso tesoro, el capitán Puente telegrafió al líder socialista Indalecio Prieto, que se encontraba en México, quien contactó con el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas (1895-1970), y le convenció de que, como representante, tenía derecho a asumir la responsabilidad por la carga del Vita y controlarla. 

Así, su cargamento se descargó en el puerto de Tampico y posteriormente fue trasladado a Ciudad de México, bajo el control y la responsabilidad de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), la entidad de ayuda al exilio republicano dirigida por el mismo Indalecio Prieto.

En enero de 1941, el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho, sucesor de Cárdenas, ordenó el control de la JARE después de que salieran a la luz diversas irregularidades, como la fundición de monedas de oro de gran valor numismático, aunque no pudo realizarse ninguna auditoría por falta de documentación oficial.

Indalecio Prieto, enemistado con Negrín, al que responsabilizaba de apartarle del Gobierno, y con la connivencia del presidente mexicano Lázaro Cárdenas, traicionó a Negrín apoderándose del cargamento del Vita (en una maniobra digna de un guion cinematográfico), autoproclamándose representante oficial del Gobierno de España en el exilio.

El oro y las esmeraldas que los españoles se llevaron de América tres siglos antes volvían a México para no regresar jamás.

En los 23 años de exilio, Indalecio Prieto jamás rindió cuentas del destino final de los cuadros que, empaquetados en cajas de madera, eran el mayor volumen de la expedición.

Cuenta la historia que entre el presidente Cárdenas y Prieto se estableció una fructífera amistad, producto, entre otras cosas, del carácter revolucionario y violento que los unía por la solidaridad de México con la España socialista.

Una solidaridad que permitió a Prieto vivir al resguardo de cualquier tipo de fiscalización en los gobiernos de los presidentes Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos.

Gozó de un halo de protección institucional que le permitió encabezar su particular lucha contra España y el régimen franquista, incluso tras consumarse el asesinato de José Gallostra y Coello de Portugal, representante oficioso de la España franquista en México, a manos de dos anarquistas españoles. El Gobierno mexicano jamás condenó el crimen ni dio muestras de condolencia, limitándose a una investigación policial.

En enero de 1941, el diario mexicano El Universal informó del hallazgo accidental de cajas de estaño con joyas y otros objetos de valor con la identificación del Monte de Piedad de Madrid, sumergidas en las aguas de las lagunas del Nevado de Toluca, que fueron identificadas como parte del cargamento del Vita. Los ocasionales hallazgos prosiguieron en décadas posteriores, sin que haya una explicación formal para ello, aunque se ha apuntado al posible robo o extravío de parte del tesoro del Vita.

El oro, la plata y las monedas se vendieron al Banco de México a un precio ventajoso para el banco, con la ayuda del presidente Lázaro Cárdenas; las piedras preciosas, a los joyeros internacionales Isidoro Lipschutz y Víctor Urbach, quienes comerciaron con ellas en EE. UU.; el platino y otros materiales, al joyero mexicano Ángel Mijares, y el barco, al Gobierno de Estados Unidos. 

Una investigación doctoral de Aurelio Velázquez Hernández, presentada en la Universidad de Salamanca en 2012, documentó en los registros de ventas relacionados con el tesoro los siguientes bienes: joyas de la Capilla Real del Palacio Real de Madrid; parte del tesoro de la catedral de Tortosa; objetos litúrgicos y ornamentos religiosos procedentes de la catedral de Toledo; una pieza conocida como el Manto de las cincuenta mil perlas de la Virgen del Sagrario; custodias y otros objetos de culto; reliquias religiosas, entre ellas un objeto identificado en las fuentes como el Clavo de Cristo. 

En las páginas 324-325 de su tesis doctoral, el historiador presenta una tabla elaborada a partir del libro de contabilidad de la JARE, conservado en el archivo de la Fundación Indalecio Prieto. 

Según esa documentación, las ventas registradas entre 1939 y 1942 produjeron los siguientes ingresos: en pesos mexicanos, 8.447.487; en dólares, 5.310.190. 

Estas cifras corresponden a los ingresos registrados por la venta de los bienes y del propio yate, no a una tasación completa del cargamento en el momento de su salida de Francia.

La documentación permitió identificar cantidades considerables de metales y piedras preciosos. Oro en bruto: 2.126.288 kilogramos; plata: 39.029 kilogramos; monedas de oro: 10.540 pesos-oro; diamantes o brillantes: 147.392,68 quilates; platino: 2.067.39 gramos; así como esmeraldas, zafiros, relojes, joyas y otros objetos de valor.

La tesis también documenta que parte de las joyas se desmontó y fundió antes de venderse, lo que dificulta reconstruir la identidad y el valor original de cada pieza.

Alfonso Junco Voigt (1896-1974) fue escritor y académico mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ferviente defensor de la religión católica y detractor de ideologías como el comunismo y el fascismo. Junco criticó con dureza la llegada de los más de 40.000 refugiados españoles a México.

Junco llamaba a Prieto “el Magnate” y cuestionó hasta su muertela legalidad del despojo cometido por Prieto y el dudoso proteccionismo que los diferentes presidentes le concedieron.

Entre Prieto y Junco se estableció una pugna por la reclamación de responsabilidades sobre el saqueo que la República y Prieto cometieron contra los españoles. Más allá de los tesoros del Vita, Junco relató en sus artículos los pormenores del robo del Banco de España, los tesoros artísticos incautados y los caudales que desaparecieron de bancos, montepíos y particulares para sufragar la vida de dirigentes republicanos en el exilio.

En uno de sus artículos, Junco escribió: “¿No le parece justo a Indalecio que esas cuentas se conozcan para que los propietarios, tanto la impresionante mayoría que permanece en España como la impresionante minoría que anda fuera, sepan por ministerio de la prensa qué ha sido del tesoro? Ya va para dos décadas y nadie los ha informado. ¿Por qué tanto misterio?”.

Si analizamos el contenido que se cargó en el yate Vita, detallado parcialmente por el socialista Amaro del Rosal, único director de aquella Caja General de Reparaciones, o más bien Caja del despojo, más allá del oro, brillantes y objetos artísticos que llegaron a México, llama la atención el saqueo realizado por la República en miles de cajas del Monte de Piedad y Montepío donde se almacenaban los ahorros y miserias de las clases trabajadoras españolas. Hoy, algunas de esas cajas de seguridad del Montepío de Madrid pueden verse en el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia de México). 

De las custodias, relicarios, copones, cálices y joyas se extrajeron las gemas y se fundieron los metales preciosos. De la valiosa colección de relojes se extrajeron el oro y la plata en un taller cercano a la casa que Prieto tenía en la avenida de Nuevo León n.º 103 de la Ciudad de México, y parte de los desechos se arrojaron a una de las lagunas del volcán Nevado de Toluca (Estado de México) pensando que jamás se encontrarían. 

Consta que en una primera entrega Prieto vendió al Banco de México 1.488 kilos de oro que al cambio actual tendrían un valor aproximado de 150 millones de euros.

Las piedras preciosas, diamantes, plata y reliquias como el Clavo de Cristo o Manto de las cincuenta mil perlas de la Virgen del Sagrario de la Catedral de Toledo, los brillantes o los objetos de culto del papa Luna que llegaron a México en las bodegas del Vita desaparecieron sin que, hasta hoy, quede constancia de venta o regalo.

La misma suerte corrieron los cuadros entre los que, según Amaro del Rosal, se encontraban telas de grandes pintores españoles de un valor extraordinario que, como regalos que pagarían favores, es probable que en México formen hoy parte de colecciones particulares de difícil rastreo al no haber sido detalladas las obras y autores en el envío. 

Al terminar la Guerra Civil, el Gobierno de Franco exigió a México “dignamente y como inexcusable defensa de sus intereses, la devolución del tesoro expoliado por los rojos y que se hallaba en aquel país, sabiéndolo su gobierno y amparado por este”.

No existen datos de que los distintos gobiernos mexicanos hayan devuelto algo a España.

Indalecio Prieto Tuero falleció en México el 12 de febrero de 1962 a los 78 años, después de ver en la televisión una corrida de toros y recibir la visita del expresidente mexicano Miguel Alemán, con quien mantuvo una gran amistad. 

En marzo de 1977, el abogado y miembro del PSOE desde 1932, José D. Prat García, afirmó que estos fondos se destinaron a la atención de miles de exiliados y que las cuentas se llevaron escrupulosamente y serían presentadas ante las próximas Cortes Españolas, hecho que nunca se produjo.