La Paz, 16 nov (EFE).- Las tensiones por la realización del censo de población en Bolivia se trasladaron este miércoles a la Asamblea Legislativa nacional, donde la mayoría oficialista rechazó tratar un proyecto de ley consensuado por las bancadas opositoras con los sectores en huelga desde hace 26 días.
Las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa, y Creemos, del gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se reunieron en la víspera con representantes del Comité Interinstitucional cruceño que impulsa el censo en 2023 para elaborar un solo proyecto de ley que refleje la demanda del departamento para que el empadronamiento sea el próximo año y no en 2024 como lo definió el Gobierno nacional.
Los parlamentarios de ambas fuerzas plantearon en el Senado y en la Cámara de Diputados tratar con «dispensación de trámite» el documento, es decir, que se aborde directamente en el pleno sin tener que pasar por el análisis previo en una comisión, al tratarse de un asunto urgente.
No obstante, el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) rechazó en ambas instancias la moción opositora.
El presidente de la Cámara baja, el oficialista Jerges Mercado, alegó que la norma señala que «no se puede tratar una ley sin ir a la comisión correspondiente» y que justamente el objetivo de la sesión de esta jornada era conformar las nuevas comisiones parlamentarias.
Según Mercado, «son por lo menos cuatro los proyectos de ley» referentes al censo que llegaron al Legislativo y «no es posible cambiar el orden del día».
El diputado pidió cesar la huelga y las movilizaciones porque ya hay un decreto que fija la fecha del censo y el plazo para la distribución de recursos y aseguró que «hay la voluntad de este hemiciclo de sacar una ley si es necesario para dar más seguridad» de que los procedimientos y plazos se cumplirán.
El citado decreto fue firmado por el presidente Luis Arce el fin de semana y establece que la nueva fecha del empadronamiento será el 23 de marzo de 2024.
Un multitudinario cabildo ciudadano realizado en Santa Cruz el domingo exigió que la fecha de la encuesta quede en una ley que también fije que la distribución de recursos y de escaños parlamentarios se aplique con los resultados totales y no parciales.
CRÍTICAS OPOSITORAS
En declaraciones a EFE, la senadora de Creemos Centa Rek y la diputada de CC Luisa Nayar lamentaron la «falta de voluntad» del MAS para resolver el conflicto y recordaron que el censo se tendría que haber efectuado en esta jornada.
Rek explicó que se acudió al Parlamento para «tener una legislación» que a futuro dé a los bolivianos la «seguridad» de que el empadronamiento no va a estar al arbitrio del gobernante o de lo que le conviene al partido de gobierno».
La senadora ve «síntomas de una dictadura» en el hecho de que solo los proyectos de ley que llegan desde el Ejecutivo llegan a tratarse en el pleno.
Nayar criticó que el oficialismo impidiera que se aborde el proyecto propuesto por CC y Creemos que, entre otros, plantea que el empadronamiento sea en 2023, como lo reclama Santa Cruz.
«Si hubiese habido una voluntad política por parte del MAS, ya hubiera solucionado el problema», agregó.
El proyecto opositor plantea, entre otros, que la entrega de resultados sea antes del tercer trimestre del 2024 y garantizar la realización del censo cada diez años.
También propone que el «pacto fiscal» para la redistribución de recursos económicos se dé en un máximo de seis meses desde la entrega de los resultados del empadronamiento.
Además fija un plazo de un mes desde la presentación de los datos para entregarlos al órgano electoral y que ese poder haga un «saneamiento» del padrón electoral y la reasignación de escaños parlamentarios para aplicarlos a partir de las elecciones generales de 2025.