ientras la población americana experimenta creciente preocupación y ansiedad por la agravante crisis migratoria en nuestra frontera sur, la presidencia muestra evidentes señales de parálisis. Está en ascuas. El presidente Biden, atormentado por varias crisis paralelas, como el fiasco de Afganistán, la descontrolada inflación, el Covid-19 y sus inoportunas dos cepas, Delta y Ómicron, y su proyecto de infraestructura, con su exorbitante costo de 1.75 trillón, casi paralizado en el Congreso, no le dan pausa para la formulación de un plan pragmático y factible que conlleve una solución justa y razonable a una crisis humanitaria que se agudiza semana tras semana.

Ausente de ideas, la administración ha puesto sus esperanzas para una solución a la crisis migratoria, en una provisión incluida en el paquete de reconciliación “Build Back Better”, cuyas probabilidades de aprobación son prácticamente nulas, y de la cual hablaremos más adelante.

Obviamente el presidente entretiene una confusa incoherencia en el orden de sus prioridades. Siente una obsesión incontrolable por el calentamiento global, pero ignora el caos de una crisis a nuestras puertas. Se esfuerza en mantener vigente el espectro de la pandemia como tema de campaña política, y deja correr, inalterable, el ascenso de la inflación. Les ruega a los puertos mover los embarques con rapidez, y, a la OPEP, y a los países árabes, les implora producir más petróleo, restringiendo, a la vez, la producción nacional. El sector inmobiliario anda por los cielos; pero el Departamento de Comercio, acaba de aplicar un aumento de tarifa a la producción de madera que elevará el precio de construcción de nuevas viviendas, inyectando más ímpetu al ritmo inflacionario. Es todo un bagaje de contradicciones que muestran una casa de gobierno fuera de sintonía con la ansiedad popular. 

Al pueblo americano, como a la mayoría de los pueblos, les afectan, les preocupan, y les alteran, los conflictos cercanos, los que le tocan su diario vivir, su presupuesto, su bienestar, su tranquilidad, más que aquellos distantes, como el calentamiento global, cuyas fantasmagóricas proyecciones apocalípticas se extienden a 50 o 100 años de nuestros días, con debatibles y encontradas opiniones científicas al respecto.

El presidente Biden, asesorado por alucinados ambientalistas, muy prominentes en su contorno, da preferencia a estas sutilezas lejanas, ejercicios al vacío de  diletantes dramaturgos, agoreros patéticos, enunciando la profecía de un inminente diluvio universal, en perjuicio de las urgencias presentes como son la crisis humanitaria migratoria, el avance de la inflación, que reduce la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, y un incremento decente en la pensión que reciben los recipientes del Seguro Social, de los cuales, millones, viven por debajo del nivel de pobreza. Éstas son las cosas de hoy que deberían preocupar al presidente, y no las golosinas que incluye en su paquete de Build Back Better con prebendas para las uniones sindicales y otros grupos muy apegados a los intereses políticos de su partido.

Pero, regresemos de la digresión, y volvamos al tema del artículo: la crisis migratoria.

El pueblo americano está preocupado por el desbordamiento incontrolable de un caos migratorio sin precedente en la historia de la nación. Cientos de miles están penetrando ilegalmente al país, mientras que los oficiales gubernamentales pretenden ignorar su gravedad. Durante el pasado año, un total de 1.7 millones de personas fueron aprehendidas de acuerdo a los récords ofrecidos por la patrulla fronteriza. Y la avalancha promete continuar progresivamente.

Ante la frustrante inacción, y desorientación, del poder ejecutivo, en un fenómeno, en gran parte de su propia creación, los demócratas en el Congreso, con la total aprobación del presidente, tratando de hacer “algo” para extinguir el furor, se han enfocado en el pase de un proyecto con provisiones inherentes a inmigración, cuya complejidad no haría más que aumentar la insatisfacción y la existente ansiedad de la población.

Dicha provisión, en la forma presentada para su aprobación, incluye elementos muy ajenos al sentir popular.

El propuesto plan demócrata quiere extender alguna forma de amnistía, o legalización, a millones de residentes ilegales, y hace, de hecho, más difícil la deportación, no sólo de los que han entrado al país ilegalmente, sino de aquellos que han cometido crímenes durante su estancia aquí.  Además, no agregan al proyecto, ninguna provisión para aumentar la seguridad fronteriza que tienda a frenar la inmigración ilegal. Generosamente absurdo, ¡no? 

Es un empeño que reta, de plano, el entendimiento común. Los demócratas esperan lograrlo a través del proceso de reconciliación sin apoyo republicano. 

Quieren, como dice el refrán popular, colocar, entre col y col, una lechuga. Pero dudo, honestamente, que, en su actual diseño, hallen suficientes votos para la aventura.

Existe, en la mayoría de demócratas y republicanos, cierta simpatía, naciente de la solidaridad humana, para los que ingresan al país buscando un futuro mejor. Y ambos partidos apoyan la legalización de jóvenes adultos traídos a este país en su niñez, ilegalmente, por sus padres. Es comprensible. Sin embargo, la realidad política es que la mayoría del votante entiende que somos una nación regida por el estado de derecho, y que la admisión a este país está controlada por leyes de inmigración ajustadas a cada caso.

La administración de Joe Biden, apoyando este nuevo proyecto, que considera una amnistía, cae en otra desastrosa contradicción. Por un lado, funcionarios del gobierno envían mensajes a los que intentan el cruce ilegal para que no vengan; y por el otro, apoyan un intento legal que propone una amnistía.

El presidente debe entender que apoyando esta provisión está ejerciendo un mandato que no tiene. El votante le dio a Biden un Senado dividido a la mitad, y una minúscula, precaria, mayoría en la Cámara.

Y esto no le da poder para tramar una amnistía en masa, ni hacer amplios cambios en la política de migratoria de forma unipartidista.

Las tribulaciones que afligen la presidencia de Joe Biden, primera entre ellas la crisis migratoria, y la provisión de amnistía que los demócratas han incluido en Build Back Better, no calmarán la intranquilidad de los votantes en cuanto a la inmigración ilegal. Los números de desaprobación del trabajo del presidente son un reflejo de sus contradicciones e inconsistencias en asuntos de seria importancia para la nación. Y la economía, el Covid, y la inmigración ilegal son los primeros en la preocupación nacional.

BALCÓN AL MUNDO

La universidad Johns Hopkins ofreció un reporte sobre las muertes ocasionadas por el virus Covid-19, donde aparecen las cifras de este año, superando las del año 2020 por más de mil fallecimientos hasta el mes de septiembre. Hay que vacunarse. 

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Honduras, un país envuelto en permanente turbulencia política, económica y social, ha elegido nuevo presidente.  Se llama Xiomara Castro, de corte marxista, como su homólogo de Perú. La diferencia es que Pedro Castillo heredó una economía robusta y la Sra. Castro recibe una nación en bancarrota. Pero ya declaró que apelará al Fondo Monetario Internacional para que saque a Honduras a flote, con un préstamo millonario, sin prometer, por supuesto, cómo y cuándo, será repagado, porque ella no lo sabe aún. Y jamás lo sabrá, dicen los entendidos.

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Chris Cuomo era periodista activista de CNN, uno de los que cree que el periodismo no debe ser objetivo, sino subjetivo, partidista, de acuerdo al color que le resulte agradable al que lo ejerce.  Ése era el periodismo de Chris Cuomo.

Pero Chris quiso ir más lejos, y, en su esfuerzo por defender a su hermano Andrew, ex Gobernador de New York, acusado por varias mujeres de acoso sexual, pasó información y transcriptos a Andrew, en forma, si no ilegal, sí impropia.

Como consecuencia de estas actividades, Chris Cuomo fue suspendido por CNN por tiempo indefinido. Por cierto, que esa cadena televisiva es notoria por ese tipo de conducta al borde de la ilegalidad, pero de lleno en el irrespetuoso campo de la carencia ética.

¿Es que alguien ha olvidado a Donna Brazil, comentarista de CNN, suministrándole las preguntas a Hillary Clinton, antes de los debates presidenciales contra Donald Trump? Maña vieja, no es resabio, dice el refrán, con mucha razón. 

Ahí tenemos a Chris y Donna para confirmarlo.

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Ninguna administración, de tiempo reciente, ha estado más abiertamente sometida a la presión sindicalista que la presente. En la Casa Blanca, las uniones mandan, literalmente. Ellas exigen, y la administración se siente suavemente aquiescente. ¿Sorpresa? ¡No! Las uniones, a las que nosotros llamamos sindicatos, han invertido muchos millones en la elección de Biden y comparsa, y, lógicamente, exigen el retorno por su inversión. Pero ya se va del descaro al desparpajo.

El pasado abril, los empleados de un almacén de Amazon, en Alabama, tuvieron una elección para decidir si querían sindicalizarse. El 71% votó contra la participación o afiliación con el sindicato (la unión) y el 29 en favor. El resultado fue tan claro como el agua. No dudas. La democracia laboral funcionó. Pero el National Labor Relation Board, cediendo a las exigencias de los jefes de la unión, ha decidido que se celebren nuevas elecciones para dar otra oportunidad a los empleados a organizarse.

Es decir, que se repitan las elecciones ad infinitum, hasta que surja un resultado favorable a la unión.

 ¿Estamos viviendo el ocaso de los principios democráticos  y de respeto a la decencia?