Las autoridades de Estados Unidos ya comenzaron el proceso judicial al procesar formalmente a uno de los implicados en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Se trata del expiloto y exteniente coronel cubano de la Fuerza Aérea Luis Raúl González, dentro de un proceso migratorio.

Así lo confirmó el abogado José Villalobos, quien ha seguido de cerca el caso y relató que González se encontraba bajo custodia estadounidense luego de que un tribunal federal de Jacksonville dictara una sentencia de siete meses de prisión contra el exteniente coronel.

Ahora surge un elemento clave del caso: González, tras ser juzgado, podría contribuir a esclarecer todo lo ocurrido y revelar lo que conoce acerca del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, caso en el que uno de los principales señalados es el dictador Raúl Castro.

Villalobos confirmó que la justicia federal estadounidense sentenció al expiloto cubano vinculado al derribo de las aeronaves, luego de que también fuera acusado de asesinato y conspiración por el ataque ocurrido en 1996, siendo el único de los seis imputados que se encontraba bajo custodia.

Según fuentes judiciales, el tribunal federal de Jacksonville, en el norte de Florida, fue convocado para dictar sentencia contra el exteniente coronel retirado de la Fuerza Aérea cubana Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, de 65 años, quien se declaró culpable en enero de fraude migratorio.

Los cargos permitieron demostrar que González ocultó a las autoridades estadounidenses casi tres décadas de servicio militar. Sin embargo, su situación jurídica se agravó después de que la fiscalía federal lo incluyera como uno de los responsables del derribo de las avionetas.

El expiloto, según Villalobos, permanecía encarcelado desde noviembre y compareció ante la corte luego de aceptar cargos por declaraciones falsas en su solicitud de residencia permanente, decisión con la que evitó ir a juicio por ese expediente.

Como se recordará, el excoronel llegó a Estados Unidos el 19 de abril de 2024 mediante un parole humanitario y, un año después, solicitó la residencia permanente al amparo de la Ley de Ajuste Cubano.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó a González de fraude, uso indebido de visas, permisos y otros documentos, así como declaraciones falsas ante una agencia federal, cargos que contemplan en conjunto una pena máxima de hasta 15 años de prisión.

Pese a ello, González ya había visitado el país en mayo de 2017 con una visa de turismo y, en aquella ocasión, sí reveló su pertenencia a las fuerzas armadas cubanas, argumento con el que intentó matizar la imputación de fraude.

Villalobos explicó que la situación judicial de González-Pardo cambió por completo el pasado 20 de mayo, cuando el Departamento de Justicia desclasificó en la Torre de la Libertad de Miami una acusación sustitutiva contra el dictador cubano Raúl Castro, de 94 años, y otros cinco militares por el ataque del 24 de febrero de 1996.

Junto a Castro figuran Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y el propio González-Pardo. Todos enfrentan cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.

El caso quedó registrado bajo el número 03-cr-20685 del Distrito Sur de Florida y la investigación recayó en la oficina del FBI en Miami.

De acuerdo con la investigación, González pilotaba el MiG-29A 911 durante la persecución de la tercera avioneta de la organización, tripulada por el fundador del grupo, José Basulto, junto a Sylvia y Andrés Iriondo y Arnaldo Iglesias. Esa aeronave fue la única que logró escapar.

Sobre su implicación en el caso, González sostuvo que no disparó contra la aeronave. Sin embargo, posteriormente “se demostró que el hecho de no haber disparado no significa que no fuera responsable dentro de una conspiración para matar”, argumentó Villalobos.

Pero lo más grave —según Villalobos— es que Raúl Castro dijo textualmente: “Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio”. Añadió que existe un video que constituye una prueba “única e irrefutable”.

González quedó al descubierto en el caso de las avionetas luego de que las autoridades rastrearan comunicaciones de radio entre los pilotos de los MiG y su base aérea. En esos registros, uno de los pilotos informó que tenía un objetivo a la vista.

También se descubrió que el acusado, conocido con el alias de “Código 22”, sabía que su nombre figuraba en el proyecto Represores Cubanos y que aparecía como uno de los implicados clave en el derribo de las avionetas.

“Desde antes de que él emigrara a este país ya estaba identificado”, aseguró Villalobos, quien ha seguido de cerca el desarrollo de la investigación en los últimos años.

Toda esta situación reactivó el caso en territorio estadounidense, especialmente por el hecho de que un exmilitar cubano de la jerarquía de González hubiera podido ingresar a Estados Unidos con relativa facilidad bajo programas creados por la Casa Blanca.

Villalobos no dudó en advertir que la acusación contra Raúl Castro y otras cinco personas, entre ellas González, abre un camino hacia la rendición de cuentas, descartando además que el paso del tiempo pueda diluir la responsabilidad penal o provocar la prescripción de los delitos.

A juicio del jurista, el exdictador Raúl Castro, de ser hallado culpable, podría enfrentar incluso cadena perpetua o la pena de muerte.

“Treinta años después, la justicia estadounidense acusa a Castro —entonces ministro de Defensa— de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en medio de una fuerte presión de la administración de Donald Trump sobre Cuba”, recalcó Villalobos.

“Las fotos y videos incluidos en el documento de 20 páginas ayudan a reconstruir lo ocurrido y forman parte de las evidencias del caso, que incluye cargos por asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves”, añadió el jurista.

Para Villalobos, la presencia de González-Pardo en Estados Unidos podría resultar clave para reconstruir cómo se ejecutó la operación militar cubana. Consideró, además, que el exmilitar podría tener información crucial sobre la cadena de mando y las órdenes emitidas aquel 24 de febrero de 1996.

“Él tiene toda la información de lo que ocurrió ese día. Estuvo ahí, sabe quién estaba en la torre de control, quién dio las órdenes y cuáles eran los planes. No hay nadie más aquí que tenga ese tipo de información”, reiteró Villalobos.