La Paz, 3 ene (EFE).- Un grupo de indígenas afines al Gobierno de Bolivia instaló una vigilia en puertas del penal en el que está recluido el gobernador opositor Luis Fernando Camacho, acusado por terrorismo en un caso por la crisis de 2019, y expulsó bajo amenazas a un par de mujeres activistas que buscaban expresarle su apoyo.
Medios locales difundieron imágenes en las que algunos hombres y mujeres indígenas oficialistas increparon y persiguieron por varios metros a las activistas que tuvieron que retirarse del penal de Chonchocoro, a 35 kilómetros de La Paz.
Los indígenas hicieron el ademán de golpearlas con sus «chicotes» o látigos, que son símbolos de autoridad en las comunidades nativas del altiplano, y calificaron a las mujeres de «asesinas» por estar del lado de Camacho.
En declaraciones a los medios, un representante de este grupo, Ovidio Mamani, manifestó que estaban «molestos» porque el lunes llegaron hasta esa cárcel los diputados Víctor González, de Vox de España, y Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano de Chile.
Ellos son «legisladores de la derecha fascista», «mejor que no vengan a pedir justicia» porque «desde hoy está controlado el acceso a Chonchocoro», remarcó Mamani.
El dirigente sostuvo que su vigilia no impedirá el ingreso de los familiares y abogados de Camacho, sino que evitarán que algunos activistas lleguen hasta el lugar para instalar su propia vigilia o manifestar su apoyo al gobernador de Santa Cruz, la mayor región boliviana.
El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló que «se ha garantizado» que los indígenas que hacen guardia en el acceso al penal «no van a interferir» y que las actividades en el penal son normales.
El lunes, los legisladores González de España y Sánchez de Chile llegaron al país mencionando que son «observadores» y denunciaron una «sistemática violación de los derechos humanos» en Bolivia por el arresto y encarcelamiento de Camacho.
Como respuesta, la Cancillería expresó que aquello significó una «intromisión» en los asuntos de Bolivia que es «inaceptable», por lo que presentará un reclamo ante sus respectivos Gobiernos.
La Policía arrestó a Camacho el miércoles pasado y activó un operativo para trasladarlo de Santa Cruz a La Paz, en cumplimiento a una orden de aprehensión en el caso llamado «golpe de Estado I» relacionado a la crisis de 2019.
Un juez dictó cuatro meses de detención preventiva para Camacho, que debe cumplirlos en el penal de Chonchocoro de La Paz, a casi 4.000 metros de altitud, en el altiplano del país.
La denuncia por ese caso la presentó una exlegisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) a finales de 2020 por los sucesos de 2019.
El oficialismo sostiene que en 2019 hubo un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que los opositores aseguran que la renuncia de Morales a la Presidencia fue consecuencia de las protestas ante las denuncias de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.