Redactado hace hoy dos semanas la publicación de este artículo debió ser aplazada. Sin perjuicio de volver a analizar en breve la evolución de circunstancias que están evolucionando día a día en toda Francia después de que la jefa de gobierno y primer ministro convirtiera por decreto el proyecto que se estaba debatiendo en ley, he querido presentarlo a los lectores de LIBRE en su versión original, tal cual lo escribí el pasado día 8. 

Hace semanas que queriéndolo o no, en Francia estamos pautados siguiendo la música que genera el debate del articulado propuesto para una nueva ley de los retiros Los sesudos del gobierno afirman que cambiar las actuales reglas es indispensable, si no correríamos a la catástrofe. En un nuevo capítulo del espectáculo la semana pasada tuvimos que encarar una jornada de paro parcial cuya expresión más visible fueron los desfiles que tuvieron lugar en todo el país.

 Respaldando a sus organizadores los sindicatos, todos unidos militantemente detrás de un mismo propósito, cosa que resulta una rareza en una sociedad profundamente fragmentada hasta en el mundo sindical. Las organizaciones obreras son cada año menos representativas de la masa de funcionarios y de trabajadores, pero al mismo tiempo, tal vez por esa razón de hecho, se hacen más agresivos en sus ultranzas. Desde luego que nada hay que oponer a tal quehacer, por fin es que vivimos en democracia.

El aspecto más vendedor del discurso de todos los abanderados de la oposición a las reformas consiste en afirmar que se trata de medidas intrínsicamente injustas. En eso coinciden los partidos políticos y los sindicatos. No quieren que la edad límite para jubilarse sea en lo adelante 64 años en lugar de 62. Visto desde otros países, en los cuales ese guarismo es superior o no existe, la cosa puede hacer sonreír. 

Pero aquí nadie sonríe porque desde hace tres cuartos de siglo, vale decir desde el final de la Segunda Guerra Mundial, son muchas las ventajas que los llamados regímenes individuales han establecido «para la eternidad».  No es raro que una de las concesiones de los gobernantes actuales sea el tratar de engatusar a las masas con la inclusión en todo texto reformador en la materia una «cláusula de los abuelos», eufemismo que oculta decir claramente que las nuevas reglamentaciones se aplicarán en general solamente para quienes comienzan ahora a trabajar. Y poco les importa si esa jugarreta implica una manifiesta injusticia.

Acaba de tener lugar en las calles una sexta jornada de protestas públicas contadas de noviembre a la fecha. El gobierno da la impresión de no estar escuchando «el clamor de la calle». Mientras, la ley sigue discutiéndose en el Parlamento, ahora mismo en el Senado después de que en la Asamblea (Cámara de Representantes) una verdadera guerrilla impidió que se fuera más allá del artículo segundo del proyecto. La técnica es un clásico visto cada vez que un proyecto de ley se presta: los que lo impugnan presentan innumerables «enmiendas» al texto propuesto, por miles.  

Como cada una concede diez minutos en la tribuna a quien va a argumentarla, consiguen paralizar el debate. Se trata en la situación actual de decenas de miles de planteamientos, todos espurios, creados solo para eso: obstaculizar el proceso a lo que dé lugar.  Dentro de pocos días, al final que vendrá porque existe un término, es muy probable que la jefa de gobierno, cumpliendo instrucciones del presidente, acuda al ucase que la constitución le franquea y convierta por decreto el controvertido proyecto en ley. De ser así veremos si arde Troya y si los adversarios de Emmanuel Macron consiguen transformar el penal en gol. Personalmente no les arriendo la ganancia.

Si por una parte no estoy implicado personalmente porque a la vera de mis 80 llevo ya 10 como jubilado – conste que me las arreglé para permanecer activo hasta los 70, amparándome en una reforma precedente a esta misma ley y en la benevolencia de mi director de entonces – no niego que sí me lo planteo mirando hacia un futuro que no viviré, pero que asumirán mi hija de 38 años de edad y su familia. Es por eso que cuando escucho a quienes proclaman ante los micrófonos de los periodistas en los platós de la radio y de la televisión «no nos rendiremos, seguiremos retando al gobierno para que cedan”, sus planteamientos no caen en mi caso en oídos sordos. 

Lo cierto es que según las encuestas dos de cada tres franceses están opuestos al doble proyecto de alargar la carrera laboral en cuanto a edad y a años contribuyendo a la caja de retiro. Como es habitual en Francia los más furibundos a la hora de protestar son los que no tienen nada que perder por gozar de privilegios intocables. En este caso se encuentran varios sectores del servicio público en los cuales los trabajadores se van temprano al retiro bajo condiciones negociadas, no ya en la época de sus abuelos sino casi en la de sus bisabuelos.

Y son ellos los que con cuatro gatos ubicados en puestos clave pueden hacer más daño a la hora de agitar y de afectar las prestaciones esenciales como transporte, electricidad y puertos. Desde luego que en esos aspectos difíciles a timonear aquí no existe por lo que respecta a quienes ejercen la autoridad un clima a la Margaret Thatcher cuando aquellas huelgas de los mineros en la Gran Bretaña de los años 1984 y 1985. 

Cuando el argumento principal consiste en explicar que la nación necesita de las reformas propuestas para sanear los presupuestos que vendrán y limitar la deuda exponencial que se acumula e incrementa, el ciudadano común y corriente, objeta poniendo como ejemplo los despilfarros que se conocen y que se han establecido como irrefutables desde hace décadas. 

¡El actual gobierno ha añadido 730 billones de euros a la deuda pública que encontró como potala en la tesorería hace cinco años! Naturalmente hubo la crisis provocada por la pandemia y hay la guerra en Ucrania con sus secuelas desde hace trece meses, pero, comoquiera la píldora de una responsabilidad económica colectiva es gruesa como justificación. Y es así que detrás de realidades tan complejas y contradictorias los extremos ganan puntos de aprobación en la opinión. 

Hoy en día nadie tiene una idea clara de qué podría ocurrir institucionalmente si el Parlamento es disuelto o si el Presidente desaparece provocando 

elecciones anticipadas. Digo lo anterior porque pensar en elecciones futuras, están a cuatro años vista, casi que resulta una lectura de ciencia ficción.

Lo más significativo a mi entender es la poca implicación que ha tenido en los debates el presidente Macron. Es algo significativo porque la constitución en vigor desde 1978 convierte en la práctica a Francia en lo que Jean François Revel calificó como «una presidentocracia en la cual la palabra del soberano siempre prevalece. Entonces si esa palabra desaparece o si se hace rara, como ha ocurrido en los últimos meses, expresando solo planteamientos que no se ajustan a las expectativas de la mayoría silenciosa de la población, el peligro de fractura sociopolítica tiende a incrementarse.  

Por esa razón circunstancias como las actuales incitan a tornarse hacia los clásicos, por ejemplo, a un Rousseau que con su «Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres», sugirió como aspiración capital en el hombre moderno la de hacer primar la realidad por encima de las ideas. Y lo anterior sin olvidar su error capital cuando enunció en el mismo texto que el hombre era por naturaleza bueno y era la sociedad la que lo transformaba.

En los próximos días se verá en Francia cual es ahora mismo el alcance de ideas y de realidades. Tengo la impresión de que el actual gobierno no está a priori programado para ceder ante la presión de la calle. Faltará ver si no se encaminan a una victoria pírrica en medio de este páramo en el cual nos ha tocado vivir. Con el costo de la vida subiendo de manera inquietante, cualquier chispa puede conducir a deflagraciones de consecuencias irreversibles en una sociedad cuya historia está plagada de convulsiones, que no de revoluciones propiamente dichas.