Miami (EE. UU.) (EFE). — La Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto estatal contra el dictador cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo, en 1996, de dos avionetas de EE. UU. pertenecientes a la organización humanitaria Hermanos al Rescate, según informó el fiscal general del estado, James Uthmeier.

La orden fue emitida después de que Uthmeier dispusiera reabrir la investigación sobre la participación de Castro —quien en ese momento ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)— en el ataque en el que fueron masacradas cuatro personas.

Castro también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

“Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida, y el estado nunca dejará de perseguir responsabilidades por esa conspiración comunista”, afirmó tajantemente Uthmeier.

El fiscal general sostuvo que espías de la dictadura cubana operaban en comunidades de Florida, recopilando información de inteligencia que transmitían a La Habana, lo cual facilitó a los cazas MiG del régimen comunista la localización de los pilotos civiles que se encontraban indefensos y desarmados.

Uthmeier recordó a las cuatro víctimas mortales: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.

Los cuatro formaban parte de Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami dedicada a buscar y auxiliar a los cubanos que intentaban huir de la isla y de la tiranía por mar.

Las dos avionetas Cessna desarmadas, que habían despegado del aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, se encontraban “muy fuera de las aguas territoriales de Cuba” cuando los cazas MiG del régimen las destruyeron con misiles aire-aire y provocaron la muerte de sus cuatro ocupantes, según detalló la Fiscalía de Florida.

La orden estatal constituye un nuevo paso en el caso, el cual Florida reabrió en marzo, casi tres décadas después del mortal ataque.

El proceso se produce en un momento de creciente presión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el régimen cubano, con nuevas medidas contra figuras vinculadas a la cúpula oficialista y un endurecimiento de las sanciones que coincide con la profunda crisis económica que atraviesa la isla.