Familiares y dirigentes de la comunidad se plantaron frente al Consulado de Colombia en Miami para denunciar la muerte de cientos de militares y policías en combates con los grupos violentos que tienen en ascuas a ese país desde que asumió la presidencia el izquierdista Gustavo Petro.

“Pero lo que más nos preocupa es que los están matando en emboscadas y a sangre fría sin que el presidente haya tomado alguna decisión oficial al respecto para impedir estos hechos violentos”, denunciaron los familiares que participaron en esta protesta.

“Los familiares se lamentaron de la crítica situación de violencia que sacude a Colombia precisamente ahora, desatada por los grupos guerrilleros como el ELN y las FARC que fueron invitados por Petro a una amnistía de paz”, insistieron.

Jaqueline Lozano, de la organización “La Gran Marcha Nacional”, resaltó que tanto los guerrilleros como los narcotraficantes—adscritos al Clan del Golfo–se han burlado prácticamente de la propuesta del gobierno y no han respetado el cese al fuego”, aseguraron.

“Durante el actual Gobierno entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2022 se presentaron acciones subversivas con voladuras de oleoductos causando millonarias pérdidas para la empresa estatal Ecopetrol”, sostuvo.

“En total han sido 18.800 los militares muertos en conflicto con la guerrilla desde que se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hace cinco años, cuando se firmó el fin del conflicto con la guerrilla de las FARC, solos se han reconocido 320 víctimas del Ejército Nacional, soldados que hayan sido violentados, asesinados o sufrido de algún tipo de violencia por parte de los excombatientes”, expresó.

“No sabemos, a ciencia cierta, a qué juega el gobierno de Petro que ha anunciado que comenzará un segundo proceso de paz con los disidentes de las FARC. Pese a que en listado se asegura que existen 269,573 víctimas entre las que se destacan 18,841 militares muertos, 5,707 desaparecidos y 316 secuestrados”, sostuvo.

“Los militares, por su parte, aseguran que en medio de la resolución del conflicto varias verdades se han querido imponer o vender como absolutas y que dentro de ellas no se ha considerado el daño que recibieron los uniformados en medio del conflicto”, denunció.

“La memoria histórica, los derechos humanos o los discursos sobre ecología, victimización, medioambiente, desplazamiento humano, poblaciones en estados vulnerables y demás son utilizados como herramientas de lucha hacia determinados fines políticos”, aseguró.

“Y, además, se asegura que la JEP –Jurisdicción Especial para la Paz–los ha menospreciado porque han creído que por ser uniformados y no pertenecer a la sociedad civil valen menos”, concluyó el líder que participó en esta protesta.

Lozano, asimismo, reiteró que el exministro de Duque Daniel Palacios acusó a Gustavo Petro de tratar de engañar a los colombianos y sugirió también que se abran procesos para evaluar el daño que hicieron las armas no convencionales por parte de las FARC, por el daño ambiental, homicidios colectivos, homicidios en estado de indefensión y violencia sexual a sus soldados”.

De acuerdo con la investigación presentada ante esta jurisdicción, 7,413 militares fueron víctimas de estos artefactos. El Ejército ha sido claro en decir que “el gran problema con el surgimiento de los grupos guerrilleros y de autodefensas, como se planteó en el contexto, se da como consecuencia de la ausencia del Estado”.

Mientras que aseguran que la creación de los Paramilitares para, supuestamente, contrarrestar la violencia de las FARC, lo que hizo fue generar uno de los episodios más violentos en la historia de Colombia y con los asesinatos más crueles que se hayan registrado. Sitúan esa época de 1998 a 2004 como la más terrorífica que haya tenido que pasar el país.