La extrema brutalidad y la represión del régimen comunista de Cuba está siendo mostrada al mundo por las propias víctimas que han tenido que soportar los arrestos y condenas de la tiranía en las últimas protestas en la isla.

Así lo dieron a conocer John Suárez y Janisset Rivero a este periodista luego de informar que un documental dentro de Cuba ya comenzó a ser presentado en Washington como testimonio urgente de las víctimas y familiares e involucrados en los hechos sucedidos entre el 11 y el 17 de julio del 2021 durante protestas. 

Lo más importante—dijo John Suárez—es que las propias víctimas cuentan toda la realidad que sufrieron tras los arrestos y condenas por parte de los esbirros del régimen que en muchas ocasiones los obligaron y los presionaron a mentir para poderlos judicializar.

Los reportajes son aterradores y angustiosos porque los opositores, hombres y mujeres, ya se han atrevido contar toda la realidad de la brutalidad comunista que se vale de cualquier cosa para encausarlos y luego condenarlos por muchos años.

Los testigos inclusive declaran que en la mayoría de las ocasiones fueron judicializados inocentemente ya que solo se encontraban presenciando las protestas del 11J cuando el régimen arrestó a todos los que se encontraban allí aunque no estuvieran participando.

Pero lo más cruel es que develan toda la infamia de los oficiales de la policía política para adelantar los juicios contra los arrestados haciéndoles cargos infundados cuando en verdad ellos eran completamente inocentes porque pasaban por la calle simplemente observando a los manifestantes.

Muchos de esos inocentes, inclusive, eran niños que apenas asistían a la escuela, pero que fueron acusados infamemente por los oficiales comunistas, que pusieron toda su sevicia para condenarlos inhumanamente.

Las propias víctimas denunciaron que los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, hijos de Marta, fueron acusados de conspiración, instigación a delinquir, desorden público, desacato a las autoridades y propagación de epidemia. 

En lo que consideraron una sentencia sin argumentos ni pruebas, los jóvenes fueron condenados a ocho y seis años de prisión por protestar pacíficamente el 11J en San José de las Lajas, siendo confinados en una prisión donde no se les permite a los familiares visitarlos.

Las víctimas, finalmente, aseguraron que de las más de 1,500 detenciones que registró la organización durante las protestas del 11J, al menos 670 permanecen tras las rejas, sin derecho a ser asistidos por un abogado para demostrar su inocencia.