La jueza federal Aileen Cannon, de Florida, decidió nombrar un “special master”, o investigador independiente, para revisar los documentos incautados por el FBI en la residencia Mar-a -Lago, del ex presidente Donald Trump, y en un país tan polarizado, tan convulsionado políticamente, con una sociedad crispada por la incredulidad y falta de confianza en sus instituciones, ha sido, a mi entender, la decisión más apropiada. Ni el gobierno, ni el departamento de justicia, ni el Sr. Trump y sus abogados, supuestamente, tendrán intervención en el proceso de clasificación y clarificación. La gestión será absolutamente independiente de las partes envueltas en el caso y es un paso positivo en nombre de la transparencia.
Tomará algún tiempo, ojalá que sea corto, para que la investigación corra su curso, dentro del cual, el gobierno estará impedido de utilizar los documentos incautados para una investigación criminal. Ésta, es una magnificencia que nos brinda nuestro sistema basado en las reglas de derecho. Todos iguales ante la pupila de la ley. Nadie por encima de ella. Ni siquiera un gobierno poderoso, ni su presidente.
Como resulta habitual en una sociedad abierta, libre de expresar su sentir, ya han comenzado los debates en pro y contra por el nombramiento de este perito. Era natural, y así la inclinación lógica lo preveía. ¿Quedará satisfecha la población con el eventual resultado de la investigación, cualquiera que esta sea? Probablemente no. La discordia nacional ha tomado dimensiones tan distantes, que un acto de esta naturaleza, por sí mismo, no nos traerá la concordia necesaria para un retorno a la armonía.
Estamos en el primer acto de un drama que pudiera engendrar consecuencias de extremo peligro. Después del resultado del peritaje, ¿qué? Ahora, le corresponde la parte más delicada, enteramente crucial, al secretario de Justicia, Merrick Garland. Al margen de lo que el FBI encuentre entre los documentos rescatados, Garland estará en la cuerda floja, en el momento en que tenga que decidir si procesar o no al ex presidente. Si, finalmente, el FBI, tras el examen de los documentos, encuentra que Donald Trump cometió crímenes federales, Merrick Garland, cumpliendo su obligación como la máxima autoridad de nuestra judicatura, tendría que, apropiada y necesariamente, procesar al ex presidente.
Pero lo que se dice de manera breve, y al parecer tan fácil, no lo es en la práctica.
Asumiendo que Garland decida procesar a Trump, basado en evidencias de que éste cometió serias ofensas federales, esto crearía un demoledor precedente en la nación con todos sus acompañantes trastornos, y posibles disturbios, cuyas consecuencias, nada buenas, sería sensato evitar, si fuera del todo posible.
El procesamiento de figuras políticas de alto nivel, y mucho más, el de un ex presidente, engendra venganzas políticas con un irremediable saldo desestabilizador que se prolonga, de gobierno en gobierno, con las acostumbradas alternancias de partidos políticos.
Esto no quiere decir, en modo alguno, que el secretario de justicia, en posesión de evidencias que inculpen a Trump por crímenes federales, no le procese. De ser así, el riesgo y el daño serían mayores para la estabilidad de la nación. El mensaje para el pueblo americano, y para el mundo, sería devastador. La incontestable pregunta sería: ¿dónde está la equidad en la justicia americana? Esperemos que las cosas nunca alcancen ese lamentable extremo. América no lo merece.
Como se puede ver, como expresé al principio de este artículo, el secretario de justicia, Merrick Garland, se encuentra en un incómodo balance en la cuerda floja, que se aumenta con el caso del asalto al Capitolio, donde el ex presidente estaría también en peligro de ser encausado si las evidencias le tocan directamente.
En ambos casos están en juego, por una parte, la integridad jurídica de la nación, nuestra tradición por el respeto a las reglas de derecho y la justa equidad de la ley; y, por la otra, la estabilidad, la paz, y la tranquilidad nacional.
Este es el dilema que confronta Merrick Garland, al que las circunstancias le ofrecen dos inescapables opciones, ambas, con peligros considerables: (1) encausar a Trump encarando posibles disturbios desastrosos, o (2) no encausarle, cuyo peligro sería igual o peor, para la estabilidad institucional del país.
En el último análisis, siguiendo los índices del pragmatismo, el secretario de Justicia tendrá que apelar a su más fina percepción para llegar a una decisión donde el crimen, y el castigo, encuentren una justa paridad prudente, ecuánime, donde el castigo no sea más destructivo que el crimen.
Por supuesto, es de reiterar, que todo lo dicho pende de las investigaciones que se llevan a cabo, y que, las alegaciones que se agitan sobre el tema permanecen en el aire sin una afirmación concreta sobre la gravedad de los asuntos clasificados.
La jueza Cannon, en su decisión de permitir un investigador independiente, en un tono menor, en nombre de la transparencia, alcanzó el plano de imparcialidad necesaria para aliviar las tensiones.
Y, para terminar, una pregunta curiosa: si los documentos son tan secretos para la seguridad nacional, ¿por qué la prensa insiste en obtenerlos para su publicación?
BALCÓN AL MUNDO
Habló Chile el 4 de septiembre, y su voz fue clara y firme: ¡NO! a la nueva constitución. ¿Por qué? Por su carácter socio-comunista.
El nuevo intento constitucional, no era más que un documento de 388 artículos, redactado por miembros de un congreso compuesto, mayoritariamente, por miembros socialistas y comunistas, diseñado para dar enormes poderes al estado sobre el individuo, la libre empresa, y la economía en general. Pretendía, además, eliminar el senado, e implementar un sin número de tonterías ilusorias, ajenas al buen juicio de la sociedad chilena. Un proyecto para la ruina y el fracaso.
La votación de 62 contra 38 % estremeció al presidente Gabriel Boric, que, de inmediato, ofreció implementar cambios en su gobierno e iniciar los pasos para una nueva constitución.
Los ecos del rechazo ya se dejan sentir en gobiernos del área. Maduro, Petro y Ortega, se lamentan del fracaso.
La votación muestra la diferencia entre Chile, Venezuela, y Argentina. Chile es un país serio, los otros no.
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Ucrania ya comenzó la esperada ofensiva de contraataque para recuperar el territorio que, originalmente, a principios de la invasión, conquistó Rusia. Le va bien. Los rusos han retrocedido y las pérdidas sufridas en personal y equipo es considerable. El pasado viernes, un drone, facilitado por los turcos, impactó un almacén en Crimea donde los invasores mantenían abundante cantidad de municiones, equipos y armamentos que el incendio los convirtió en chatarra.
Como resultado de la enorme pérdida de artillería y todo tipo de armamento, los rusos han tenido que acudir a North Corea, un país empobrecido, para comprarle material de guerra. El pago será en petróleo.
Así es de grande la potencia militar de Rusia.
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La Gran Bretaña ha escogido como su primer ministro a la secretaria de Asuntos Exteriores, Liz Truss, una mujer de 47 años, muy competente y brillante, de impecables credenciales conservadoras, que encuentra a su nación abatida por serias dificultades económicas. Es una ferviente admiradora de Margaret Thatcher, y tendrá que acudir a su recetario para solventar los presentes y futuros problemas que se le avecinan.
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