Asunción, 13 dic (EFE).- El Senado de Paraguay aprobó este martes una resolución para solicitar el enjuiciamiento administrativo y remoción por «mal desempeño» de sus funciones de los cuatro agentes del Ministerio Público en el país encargados de investigar el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, ocurrido en mayo pasado en Colombia.
Con 26 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, la Cámara Alta aprobó en una sesión extraordinaria un proyecto de resolución promovido por la senadora senadora Desirée Masi.
En concreto, el Senado presentará una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en contra de los fiscales Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán
Masi explicó a EFE que el Jurado evaluará la denuncia» para determinar «si efectivamente existen los indicios para iniciar un enjuiciamiento de estos fiscales» por «mal desempeño de funciones».
La senadora cuestionó en específico una «requisa de urgencia» que fue ordenada después de la muerte, el pasado 10 de mayo, de Pecci en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
En esa prisión de alta seguridad permanecían tres personas vinculadas al crimen organizado y cuyos casos eran investigados por Pecci.
Según la legisladora, durante la requisa fue decomisado el teléfono móvil de la celda del ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, quien fue extraditado en julio pasado a EE.UU.
También fueron incautados los teléfonos del ciudadano colombiano Marcelo Raymond Díaz y del paraguayo Waldemar Pereira Rivas, supuesto implicado en el homicidio del periodista brasilero Leo Vera en 2020.
Masi criticó que los fiscales hicieran «una serie de declaraciones contradictorias» sobre el destino real de los teléfonos decomisados y argumentó que la solicitud en contra de los funcionarios judiciales se presentó «por no avanzar en la investigación».
La congresista explicó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá cumplir ahora un proceso y, posteriormente, decidir si absuelve, remueve o suspende por un tiempo determinado a los fiscales.