La Habana (EFE).– A poco más de un mes del inicio del curso escolar en Cuba, el sector privado intenta aliviar las graves carencias de infraestructura, alimentación y transporte que afectan a las escuelas, mientras la reciente autorización de las clases particulares ofrece una alternativa económica a los docentes, en medio de la profunda crisis que el régimen ha provocado en la isla.
La ministra de Educación del régimen cubano, Naima Trujillo, reconoció que “ha sido un inicio difícil”, marcado especialmente por las dificultades para preparar los alimentos, garantizar los suministros y organizar el transporte escolar.
Cerca de 1,5 millones de estudiantes regresaron a las aulas el pasado 1.º de septiembre, en medio de una crisis económica y energética que continúa afectando gravemente el funcionamiento de los centros educativos.
Trujillo admitió que, ante la escasez de recursos estatales, el sistema educativo ha tenido que recurrir al sector privado, principalmente mediante donaciones de alimentos, calzado y ropa.
En cuanto al transporte, uno de los servicios más afectados por la falta de combustible, explicó que empresas privadas han incorporado recorridos para trasladar a estudiantes y profesores que, debido a las distancias y sus dificultades económicas, no pueden costear sus desplazamientos.
La funcionaria también destacó la participación de empresas privadas en el suministro de alternativas energéticas para hogares de menores sin cuidado parental, afectados por apagones que en algunas zonas superan las 20 horas diarias. Asimismo, reconoció su contribución a la reparación de instalaciones escolares que presentan un avanzado deterioro.
Trujillo explicó que el mantenimiento de los centros educativos dependía tradicionalmente del presupuesto estatal, pero la gravedad de la crisis ha obligado a las autoridades a buscar apoyo en otras formas de gestión económica, especialmente en el sector privado.
Otra de las novedades del presente curso escolar es la reciente autorización de las clases particulares, una actividad que había sido prohibida por el régimen en 2022.
En septiembre, el Ministerio de Educación aprobó una normativa que permite a los maestros y profesores en activo solicitar autorización para impartir clases de repaso de manera privada.
La medida llega en un contexto de creciente precariedad económica para los educadores, cuyos salarios resultan insuficientes frente al elevado costo de la vida.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la educación figura entre los dos sectores peor remunerados de Cuba, con un salario mensual promedio de apenas 5.824 pesos, equivalentes a unos 49 dólares según el tipo de cambio oficial utilizado en el reporte, pero a solo unos 7 dólares en el mercado informal.
Al referirse a las perspectivas del curso escolar durante los próximos meses, la ministra reconoció que resulta “muy difícil” anticipar su desarrollo, debido a que “la educación está marcada por la situación del país”.
Nota de la Redacción: Las propias declaraciones de la funcionaria ponen de manifiesto la magnitud de las carencias del sistema educativo cubano, cada vez más dependiente de la iniciativa privada para atender necesidades básicas que las autoridades no han logrado satisfacer.







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