Santiago de Chile, 2 abr (EFE).- La ministra vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo, recalcó este domingo la necesidad de «encontrar el equilibrio entre la agenda de seguridad y la de Derechos Humanos», en referencia a la polémica ley que se discute en el Congreso y que da más libertad de maniobra a las policías para el uso de su arma de fuego, una disposición criticada por organismos internacionales como Naciones Unidas.
«Para nosotros los demócratas es siempre importante el llamado a equilibrar esta discusión. No podemos ni creernos todos los sheriff porque es como quién es el más sheriff de esto y quien promete más mano dura, y por otro lado, y esto en nuestro sector de la izquierda es que decimos ‘la agenda de seguridad no es compatible con los Derechos Humanos’, y sí es compatible». señaló la secretaria de Estado en conversación con el canal local Mega.
«La misma agenda de seguridad es una agenda de derechos, la seguridad humana es un derecho para las personas y un derecho importante. Por ejemplo, si yo siento que si salgo a la calle y voy a trabajar me pueden asaltar, matar, violar o no tengo la tranquilidad de que mi hijo pueda llegar sano y salvo a la casa después del colegio, eso me limita en el ejercicio de otros derechos, como la libertad de tránsito», enfatizó Vallejo.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas, el Senado prepara el debate en torno a la llamada «Ley Naín-Retamal», proyecto que tuvo su origen en la muerte de dos agentes policiales y que aumenta las penas por delitos en contra de funcionarios de Carabineros y otorga a los efectivos de este cuerpo mayores atribuciones para el uso de su arma de servicio.
El punto más polémico es la llamada «legítima defensa privilegiada», un concepto que elimina la idea de proporcionalidad y «que presume» que los agentes harán uso de su arma de fuego acorde a las disposiciones legales.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló respecto a las disposiciones del proyecto que «no se ajusta al derecho internacional» y pidió que sea modificada.
«La seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar y para ello la labor de las policías es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad», señaló el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
«En vez de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, (lo que hace) es reducir la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad», señaló el organismo a través de un comunicado.
Además, respecto a la «legítima defensa privilegiada», señaló que es una disposición «especialmente problemática en el contexto de protestas, donde el uso de armas letales es altamente riesgoso».
Con esa base, la ministra Vallejo llamó a «no legislar en caliente»: «no queremos gatillo fácil, porque después lo vamos a lamentar».
La sensación creciente de inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, según las encuestas de opinión, pero los datos reales muestran que los delitos apenas han crecido en los últimos años, aunque han aparecido nuevas tipologías más violentas.