Lima, 15 nov (EFE).- La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este miércoles ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por el presunto nombramiento irregular del abogado Daniel Soria Luján como procurador general del Estado.
El Ministerio Publico informó, en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), que en la denuncia también se ha incluido a la exministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Revilla.
Vizcarra y Revilla son acusados de ser presuntos autores de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y nombramiento ilegal, en agravio del Estado.
El «supuesto hecho ilícito está vinculado a designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, sin previo informe técnico o legal de asesoría jurídica del Minjusdh (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), y sin que Soria cuente con trayectoria en la defensa jurídica del Estado», agregó el mensaje oficial.
Soria fue nombrado procurador general del Estado en febrero de 2020 por Vizcarra y Revilla, y permaneció en el cargo hasta enero de 2022, cuando el entonces ministro de Justicia Aníbal Torres anunció la revisión de su nombramiento.
Fue cesado del cargo de procurador poco después de haber denunciado al entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) ante la Fiscalía, tras las denuncias de las visitas de una empresaria experta en cabildeos al Palacio de Gobierno y de presuntos actos de corrupción en instituciones del Estado.
En aquel momento, el órgano de control institucional de la Contraloría adscrito al Ministerio de Justicia aseguró que había sido nombrado a pesar a no cumplir con los requisitos y que solo tenía experiencia como asesor en la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, en junio pasado la Segunda Sala Constitucional Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó, en segunda instancia, una orden dada por un tribunal en octubre de 2022 que ordenó su reposición en el cargo.
En octubre pasado, Soria rechazó un informe de la Contraloría que reiteró que no cuenta con los requisitos para ser Procurador General del Estado y dijo que sospechaba que esto se debía a las denuncias que había presentado por diversos casos, entre ellos contra la presidenta Dina Boluarte.
«Tenemos registrados 80 casos en la Unidad Funcional, que ve temas de altos funcionarios (…) entre congresistas, el defensor del Pueblo, etcétera», declaró en la emisora RPP.
Soria enfatizó que su caso «ya había sido explicado y zanjado» y recordó que «el Poder Judicial dijo claramente que el Procurador General del Estado solo puede ser destituido por la comisión de una falta grave», por lo que cualquier otra decisión afectaría la autonomía de las instituciones jurídicas del Estado.