Asunción, 26 dic (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay informó este lunes que investiga a 300 precandidatos que participaron en los comicios internos del pasado 18 de diciembre por presuntas «operaciones inusuales» o «sospechosas» en el financiamiento de sus campañas políticas.
Las indagaciones se centran en los datos arrojados por la primera rendición de cuentas presentada el pasado 5 de septiembre por los 77.481 aspirantes de los distintos partidos y movimientos políticos, en cumplimiento de lo establecido en la ley electoral, según la cual todos los candidatos deben justificar el origen del dinero de sus campañas.
El director de financiamiento político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó a ABC TV que al menos 300 de los precandidatos declararon en «cero» su rendición de ingresos y gastos en campaña electoral.
Ruiz Díaz calificó de «sospecha» esa información, al advertir que esto significa que el aspirante no tenía «absolutamente nada» de dinero destinado para financiar sus actividades de proselitismo político y que alguien más las financiaría.
En ese sentido, explicó que los administradores de las campañas deberán explicar esa situación, para lo cual la ley prevé un plazo de hasta 40 días después de la elección para entregar un nuevo informe.
«Vamos a tener que saber quién le estuvo dando dinero a este candidato y, si hay inconsistencia en su capacidad adquisitiva, entonces ahí puede haber una operación sospechosa», comentó Ruiz.
El funcionario señaló que, en caso de que se determine que ha sido usado «dinero espurio», el TSJE remitirá un «reporte de operación sospechosa» a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Y será la Seprelad la que podría «dar una condena firme», agregó Ruiz, quien se abstuvo de precisar las identidades de los precandidatos bajo escrutinio.
Según la Ley 6497/2019 de Prevención de Lavado de Dinero, las sanciones administrativas a las que están expuestos quienes infrinjan esta norma van desde una «nota de apercibimiento» o una «amonestación pública» hasta la «remoción del cargo con inhabilitación por un período de tres a diez años para el ejercicio de cargo de dirección y administración».
El pasado 18 de diciembre, los paraguayos eligieron a los candidatos que competirán en las elecciones generales de abril de 2023.