Miami,  (EFE).- Las organizaciones Democratic Spaces y Cuba Decide pidieron al Gobierno de Canadá que sancione a 11 funcionarios y entidades cubanas «responsables de graves violaciones de los derechos humanos, especialmente tras las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021», incluido el títere Miguel Díaz-Canel. 

La lista está integrada también por la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior (boinas negras), las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (boinas rojas).

También, por los ministros Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, jefes policiales como Oscar Callejas Valcárcel y su segundo, Eddy Manuel Sierra Arias, y altos funcionarios como Pedro Orlando Martínez Fernández, Roberto Abelardo Jiménez González, Roberto Legrá Sotolongo, Andrés Laureano González Brito y Romárico Vidal Sotomayor García.

Según un comunicado, Democratic Spaces, una ONG canadiense, y Cuba Decide, encabezada por la opositora Rosa María Payá, le piden a Canadá que acompañe «con hechos» la condena que hizo de la represión de las protestas de 2021 y que, al igual que Estados Unidos, imponga «una serie de sanciones selectivas a funcionarios y entidades cubanas con responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos».

«Para reforzar la necesidad de acciones coordinadas entre las naciones democráticas, Canadá debería hacer lo mismo (que EE.UU.) e imponer sanciones específicas», dice la carta, que enumera las condenas de la represión ejercida contra los manifestantes del 11-J y afirma que hubo «tantas detenciones arbitrarias tras las protestas que Cuba es ahora el principal carcelero de presos políticos de América». 

Se calcula -dice la carta- que entre 2,000 y 8,000 personas fueron detenidas en toda la isla y al 31 de octubre de 2022, 1,027 personas, entre ellas 34 menores, siguen detenidas o encarceladas desde las protestas del 11 de julio.

El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas inició una acción urgente para 187 casos en Cuba bajo el artículo 30 de la Convención sobre Desapariciones.

Democratic Spaces y Cuba Decide recuerdan también que Human Rights Watch constató el uso sistemático de «detenciones arbitrarias, malos tratos a los detenidos y procesos penales cargados de abusos» por parte de funcionarios cubanos.

El texto subraya que el Gobierno de Canadá, por boca del primer ministro y del Ministerio de Asuntos Globales, Justin Trudeau, a la cabeza, condenó «las detenciones y la represión de las autoridades contra manifestantes pacíficos» y dijo estar «con el pueblo de Cuba en su aspiración a la democracia».

«Especialmente teniendo en cuenta la impunidad de la que gozan los funcionarios cubanos en su país, es crucial que Canadá haga su parte para que los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo cubano rindan cuentas», subrayan las dos organizaciones.