Declaran una vacante en el escaño de un legislador peruano condenado por corrupción

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18 de enero de 2023

Lima, 17 ene (EFE).- La mesa directiva del Congreso de Perú acordó declarar vacante el escaño del legislador Wilmar Elera, quien permanece desde hace cinco meses como prófugo de la justicia tras haber sido condenado a seis años de cárcel por corrupción, informaron este martes medios locales.
La directiva, que preside el conservador José Williams, recordó que Elera «no ejerce funciones parlamentarias desde el 17 de agosto de 2022 al haber solicitado licencia sin goce de haber y encontrarse en calidad de no habido para el sistema de justicia».
El documento agregó que la situación jurídica del parlamentario, quien representó al partido centroderechista Somos Perú, «viene afectando el derecho de representación política toda vez que el Congreso, en su calidad de representante de la voluntad popular, debe velar por mantener el número completo de 130 congresistas».
En ese sentido, la decisión de declarar su vacancia (destitución del cargo) se basó en la Constitución peruana y el reglamento del Congreso que, según se indicó, señala que un legislador debe ser reemplazado si ha sido condenado a prisión efectiva por un delito doloso y con un plazo de detención que supere los 120 días.
La directiva del Congreso acordó que la decisión sea comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que emita la credencial del accesitario (suplente) que deberá reemplazarlo, en este caso el axcalde de la provincia de Sechura José Pazo.
El pasado 27 de diciembre la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la región norteña de Piura ratificó la condena a 6 años de cárcel impuesta en agosto a Elera por el delito de colusión (fraude) agravada por el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
La condena respondió a su participación como supervisor de la obra denominada «Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa», en Piura.
Según el fallo, dicha obra de saneamiento tenía un valor de más de 3,6 millones de soles (920.000 dólares) y tuvo que ser paralizada y después intervenida económicamente por varias irregularidades, entre ellas, la falta de un responsable del expediente técnico.
Por este caso, el juez también impuso una condena similar a otros dos implicados y ordenó el pago de una reparación civil de más de 1 millón de soles (más de 250.000 dólares).
Cuando se dictó la sentencia, el juez Ronald Soto Cortez ordenó la ubicación y captura del legislador, que renunció a la tercera vicepresidencia del Congreso tras el fallo judicial y, desde entonces, permanece en paradero desconocido.

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