Washington,  (EFE).- A Álex, Tamara y Yader les unen dos palabras que erizan la piel: El Chipote, la temible cárcel de las afueras de Managua en la que estuvieron encerrados más de año y medio. Y también un número, el 222, el de los pasajeros del “vuelo de la libertad”, que abordaron hace un año, rumbo al destierro.

El 9 de febrero de 2023 llegaban al aeropuerto de Dulles, cercano a Washington DC, unas horas después de que el presidente Daniel Ortega anunciara su salida de prisión y el arranque de una operación expedita de destierro a Estados Unidos coordinada por el Departamento de Estado.

“Lo que vivimos fue una película apoteósica, de la cárcel al avión, a la capital del país más poderoso del mundo, en menos de 24 horas”, cuenta a EFE Álex Hernández, quien fuera uno de los líderes del movimiento opositor Unidad Nacional Azul y Blanco.

Hernández, de 33 años, en su casa, una vivienda en el estado de Maryland, a media hora de Washington, y habla de cómo ha logrado sobreponerse al trauma y crear una nueva vida desde cero.

Haber podido alquilarla a su nombre, comprar algunos muebles y pagar el alquiler gracias a su trabajo en el departamento de limpieza de un hotel han sido varios de los logros de este complicado año.

Licenciado en administración de empresas (aunque sin papeles que lo reconozcan porque Ortega hizo desaparecer los registros), trabajaba en una financiera cuando comenzó a participar en las protestas antigubernamentales de 2018. 

Su cada vez mayor compromiso lo llevó a tener que vivir errante y huyendo, “con la vida en una mochila”. “Hasta en la cárcel nos movían, de celda en celda”, narra.

Esta casa es el lugar más estable que ha tenido en muchos años. Y eso es hoy lo que quiere para su vida, estabilidad y tranquilidad.

Por eso no sale mucho, va siempre al mismo café, al mismo restaurante y pide la misma comida. “Son algunas de las secuelas de la cárcel”, reconoce.

La ayuda psicológica que recibe la emplea para curar las heridas que le quedan y “aceptar y superar que hay realidades que ya no van a regresar” y que es necesario enfocarse en esta nueva vida que les cayó sin pedirla.

Porque aunque dejaron la cárcel en el país de la libertad, muchos hoy no se sienten libres. “Yo no soy un inmigrante, ni un exiliado, que se van por decisión, aunque sea coaccionada. Yo soy un desterrado”, explica.

Ese término y el deseo de volver a su patria lo sienten la mayoría de los compañeros, cuenta.

Por eso sigue haciendo activismo político, porque se niega a aceptar que Estados Unidos sea para siempre y siente que con su lucha aporta “a que los tiempos se acorten”.

El mismo sentimiento tiene la activista Tamara Dávila, quien explica que, pese al ofrecimiento de la nacionalidad que han hecho países como España, la mayoría de los 222 está en Estados Unidos.