Lima, 15 nov (EFE).- El Congreso de Perú aplazó la sesión de la Comisión Permanente prevista para este miércoles en la que se iba a debatir la denuncia contra el mandatario peruano, Pedro Castillo, que pide su inhabilitación por cinco años por el delito de traición a la patria.
La sesión tenía previsto realizarse el miércoles, pero Castillo pidió a la Comisión Permanente que reprograme la invitación que le hicieron para que ejerza su derecho a la defensa debido a que tiene otra diligencia judicial, respecto a su pedido de tutela de derechos (recurso de amparo) para que la Corte Suprema determine si puede ser investigado mientras es jefe de Estado.
En ese sentido, el oficial del Congreso, José Cevasco, anunció a los legisladores la suspensión de la sesión del miércoles y, en su lugar, convocó a los integrantes de la Comisión Permanente a la sesión presencial del próximo viernes, si bien no confirmó que ese día vayan a abordar la denuncia.
El jefe de Estado también había solicitado este martes al presidente del Congreso, el opositor José Williams, que se le permita leer las actas del informe que fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado viernes.
Castillo aseguró que ni él ni su abogado José Palomino han sido «notificados oportunamente» de los argumentos del informe, por lo que necesitan conocerlos «a efectos de poder formular un debido contradictorio en la audiencia» en la que ejercerá el derecho a la defensa de forma oral y con asistencia de su abogado.
«Siendo esta una ocasión que conlleva necesariamente el escrupuloso respeto al debido proceso en sede parlamentaria y el derecho a la defensa, resulta razonable y proporcional que se me conceda, previamente como denunciado, el acceso a la referida documentación», concluyó el mandatario.
RECURRE AL CONSTITUCIONAL
Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) también escuchó los argumentos del recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Castillo contra el Parlamento para detener la acusación que pretende inhabilitarlo del cargo.
Otro de los abogados de Castillo, Eduardo Pachas, aseguró que no existe motivación legal en la acusación contra el gobernante y que su aprobación puede derivar en un proceso que amenazaría su libertad.
A su vez, el representante de la procuraduría del Congreso Yuri García detalló, por su parte, los argumentos del informe, aunque reconoció que estos se refieren a una «tentativa» del delito de traición a la patria.
Ante esto, el magistrado Gustavo Gutiérrez le preguntó si consideraba que la opinión es un delito y dijo que la postura que plantea la denuncia le «preocupa».
Tras la exposición del abogado y el procurador, el presidente del TC, Francisco Morales, anunció que la decisión sobre el recurso se anunciará cuando se tengan los votos de todos los magistrados.
CONTROVERTIDAS DECLARACIONES
Durante la sustentación del informe que aprobó la acusación, el congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, sostuvo que Castillo declaró en enero pasado a la cadena internacional CNN que «es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía» peruana sobre esta posible medida.
Bazán dijo que esto «pone en grave riesgo la integridad de la nación» y que las manifestaciones de Castillo «son susceptibles de reproche» y afectaron la soberanía nacional, por lo que debería ser inhabilitado y acusado del delito de traición a la patria.
Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.