Santiago de Chile, 25 ago (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este jueves que el Gobierno que dialogará «con todos quienes sea necesario» para tratar de hallar una solución justa al enconado conflicto ancestral que desde hace décadas sacude La Araucanía y otras regiones del centro sur de Chile.
En declaraciones a la prensa en la región de Atacama, donde se encuentra de visita oficial, el mandatario precisó que la condición es que ese diálogo incluya «respuestas concretas, compromisos verificables y cambios».
«Quienes no entienden esa premisa básica tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de derecho (…) Como presidente de la República, estoy convencido, y aunque sea un camino difícil, de que es a través del dialogo, la paz y el trabajo que vamos a conseguir frutos para que nuestro país unido salga adelante», señaló.
«Nuestro Gobierno tiene la voluntad sincera de avanzar en una solución de fondo en el conflicto que hay en el sur (…) Esto tiene que ver con comunidades postergadas, derechos negados y pueblos despojados», subrayó.
Las declaraciones del presidente coincidieron con la decisión de un Tribunal de la ciudad meridional de Temuco de decretar prisión preventiva para Héctor Llaitul, líder de la organización radical mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien fue detenido el miércoles bajo la acusación de robo de madera y otros delitos contra la Seguridad del Estado.
A este respecto, Boric insistió en que nadie está por encima de ley» y pidió a los distintos partidos políticos que dejen actuar a la Justicia y no traten de sacar «pequeños réditos electorales» con la detención.
«En ese contexto, el señor Llaitul ha reiterado de manera pública su nula disposición a abandonar la vía violenta y por lo tanto, como todo ciudadano, debe responder a la Justicia, y eso es lo que está sucediendo en este momento en nuestro país (…) insisto, la violencia no es el camino y quienes quieran seguirlo se van a enfrentar a todo el Estado de derecho», explicó Boric.
Llaitul, de 54 años, es uno de los principales líderes de la la CAM, organización activa desde 1997 a la que se responsabiliza de múltiples sabotajes y atentados incendiarios contra maquinaria forestal en la zona sur del país, donde hace décadas se desarrolla un conflicto territorial que enfrenta a colonos, latifundistas, comunidades indígenas, empresas extractivistas y el Estado chileno.
Dicha zona, pasando por el corazón mayor de las regiones del Biobío y La Araucanía, fue ocupada militarmente por el Estado chileno a través de un proceso conocido oficialmente como la Pacificación, una política de despojo de tierras consideradas ancestrales y represión sistemática hacia fines del siglo XIX.
A diferencia de otras agrupaciones que en los últimos años se han descolgado de su seno, la CAM tiene un acervo político ideológico desarrollado con dedicación, apuntando al «control territorial» como vía para alcanzar la autonomía y pavimentar el camino hacia la «liberación nacional» mapuche.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuches a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.