Acciones internas y
acciones comandos (V)
TRES MÁRTIRES
CAMAGÜEYANOS
Tres prominentes cubanos, pertenecientes a familias muy conocidas de la provincia de Camagüey, fueron fusilados en el paredón el martes 2 de junio de 1964, después de permanecer detenidos durante más de tres meses.
Alberto Cesáreo Fernández Medrano, Manuel Paradela Gómez y Marcelino Martínez Tapia habían sido acusados de “realizar trabajos de espionaje dentro de la isla como miembros de la Agencia Central de Inteligencia”.
Fernández Medrano, abogado y distinguido miembro del Club de Leones, había sido gobernador de esa organización en dos ocasiones. Paradela Gómez era un destacado integrante de la masonería, mientras que Martínez Tapia había ocupado un escaño en el Congreso Nacional y militaba en la organización Rescate, dirigida por Manuel Antonio de Varona.
Alberto Fernández Medrano participó en la creación de la “Universidad Ignacio Agramonte”, de Camagüey, donde fue designado decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Económicas.
Fue despojado de ese cargo cuando el régimen castrista, con el pretexto de depurar y reformar la educación universitaria, sustituyó el Consejo Universitario por la Junta Superior de Gobierno en la Universidad de La Habana y forzó la renuncia de profesores de las universidades provinciales.
En la misma causa fueron condenados a varios años de prisión otros dos prominentes camagüeyanos: Jorge Bermúdez Combar y Manuel E. Zayas Bazán Recio, este último antiguo gobernador de la provincia.
La prensa oficialista destacó la noticia de las penas impuestas por el Tribunal Revolucionario del Distrito de Camagüey:
“Los sancionados —decía la nota— integraban una red de espionaje que operaba en la provincia de Camagüey, recibiendo instrucciones y órdenes procedentes de los Estados Unidos, y trasladando numerosos mensajes contentivos de informaciones militares, económicas y políticas a la Agencia Central de Inteligencia yanqui”.
Acusaban a Fernández Medrano de haber regresado a Cuba en enero de 1962 “bajo el pretexto de trabajo relacionado con el Club de Leones, habiendo regresado a los Estados Unidos en abril de aquel mismo año”, y de haber vuelto posteriormente a la isla “con la tarea de adiestrar a otros individuos en los métodos de espionaje”.
El paredón funcionaba sin descanso. Apenas se habían apagado las descargas que segaron en Camagüey las vidas de Alberto Fernández Medrano y sus compañeros, cuando el fatídico paredón volvió a cobrar otra víctima: Miguel César Díaz Infante.
Esta vez sería en Santiago de Cuba.
Acusado de “suministrar a la Agencia de Inteligencia importantes datos relacionados con la distribución de alimentos, las reservas de víveres existentes y falsificar las cifras con que se confeccionaban los censos de consumidores”, Díaz Infante, funcionario del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), fue ejecutado.
“Severas sanciones de privación de libertad les fueron impuestas a Saturnino Polón Piñero, Francisco Linares Serrano y el resto de los encausados”.
En menos de veinticuatro horas se había celebrado el juicio ante el Tribunal Revolucionario de Santiago de Cuba, tramitado el recurso ante el Tribunal de Apelaciones y ejecutado la sentencia.







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