La Paz, 9 mar (EFE).- Un juez boliviano amplió por sexta vez la detención preventiva de la expresidenta interina Jeanine Áñez en uno de los procesos iniciados en su contra a instancias del oficialismo por la crisis política de 2019.
La extensión de la detención preventiva es «por el plazo de tres meses» y también alcanza a los dos exministros que fueron detenidos a la par de Áñez y exjefes militares y de la Policía sobre los que pesa la acusación por el caso llamado «golpe de Estado I», explicó a EFE uno de los abogados de la exmandataria, Luis Guillén.
El jurista cuestionó que esta decisión la tome un nuevo juez, encargado de un tribunal contra la violencia hacia la mujer, pues a su juicio esto tiene carácter de «anticipo de pena» contra Áñez.
El proceso «golpe de Estado I» lleva dos años en investigación y la extensión está «fuera del plazo jurídico», que según las leyes es de hasta seis meses, indicó.
La decisión judicial fue tomada en una audiencia telemática celebrada en la víspera con algunas restricciones a los medios de comunicación, lo que fue denunciado como una «censura judicial» por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).
En la vista, Áñez calificó de «execrable» el pedido de ampliación de su detención preventiva y reprochó que se la culpe por delitos que no ha cometido, además de que sea un tribunal ordinario sin «jurisdicción» el que se encargue de su procesamiento cuando le corresponde un juicio de responsabilidades como expresidenta.
Áñez afronta cinco procesos por la vía ordinaria y está próxima a cumplir dos años de detención en un penal en La Paz.
El caso «golpe de Estado I», por el que se le acusa de supuesto terrorismo, fue el proceso por el que inicialmente se la arrestó y después de las primeras ampliaciones de detención se activaron otros procesos relacionados con la crisis de 2019 y con algunas acciones que realizó durante su gestión.
Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso «golpe de Estado II», en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades durante la crisis política y social de 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
El Gobierno argumenta que Áñez debe ser juzgada en los procesos ordinarios debido a que la Constitución y la Ley de Juicio de Responsabilidades vigentes no incluyen la segunda instancia, algo que se contrapone al Pacto de San José que reconoce el derecho de «recurrir el fallo ante juez o tribunal superior».