¿Una “marcha pacífica” autorizada por la tiranía?

La Habana, (EFE).- Un grupo de activistas disidentes cubanos entregó cartas al Gobierno y el Consejo de Administración Municipal (CAM) de La Habana en las que piden autorización para realizar una marcha pacífica contra la violencia el próximo 20 de noviembre.

Los promotores de la iniciativa, encabezados por el joven dramaturgo Yunior García, apelan al reconocimiento de los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución cubana aprobada en 2019.

También alegan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas.

En sus cartas, entregadas el pasado martes en las oficinas del gobernador de La Habana, Reinaldo García, y el intendente del CAM, Alexis Acosta, los firmantes exponen una marcha «contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas»

Asimismo solicitan a las autoridades la «garantía del ejercicio pleno» de sus derechos humanos y constitucionales, así como la protección de los manifestantes, y el normal servicio de las telecomunicaciones.

Adelantan las características del proyecto, que prevé la participación de unas 5,000 personas y un recorrido de tres horas que comenzaría en la avenida Malecón y finalizaría frente al Capitolio Nacional, la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).

Entre la veintena de suscriptores de la petición figuran el disidente Manuel Cuesta, el actor Reinier Díaz, el cineasta Raúl Prado Rodríguez y la editora Miryorly García, participantes en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla del pasado 11 de julio con un saldo de varios centenares de personas detenidas y un fallecido.

Según los organizadores de la marcha, decidieron programarla unos días después de la reapertura gradual al turismo internacional -anunciada por el Gobierno cubano desde el próximo 15 de noviembre- cuando se espera que más del 90 % de la población esté vacunada contra la covid-19 y una mejora de la situación epidemiológica.

Yunior García indicó que la iniciativa es extensiva a los ciudadanos de todo el territorio nacional para que presenten documentos similares ante las autoridades de sus localidades de residencia y a los cubanos emigrados.

Se considera poco probable que el Gobierno cubano autorice la marcha solicitada por los activistas, ya que en las últimas seis décadas no se ha permitido ejercer el derecho a manifestación a activistas u organizaciones opositoras.

La Unesco alerta del aumento del tráfico de bienes culturales por conflictos

¿Y hablaron los “próceres de la Unesco” sobre la expropiación del patrimonio cultural cubano robado a sus legítimos dueños, y el tráfico instaurado por la tiranía?

París,  (EFE).- Expertos internacionales en la protección de bienes culturales alertaron  en una cumbre virtual de la Unesco del preocupante aumento del tráfico ilegal de este tipo de obras, que repunta en las zonas afectadas por conflictos, desastres naturales e incluso por la pandemia.

La reunión, que se celebró con motivo del 50 aniversario de la convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, buscaba reforzar las herramientas de dicho tratado y propulsar su ratificación por un mayor número de países.

«El tráfico ilícito ha sido reconocido como una prioridad por el G20 en julio», dijo el subdirector de Cultura de la Unesco, el chileno Ernesto Ottone, que recordó que las autoridades internacionales han confirmado que la destrucción de bienes supone una amenaza para la paz y la seguridad internacional.

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, se refirió en concreto al caso de Afganistán, un país con «riquezas culturales excepcionales», pero donde hay un «riesgo de destrucción y de tráfico ilegal».

«Necesitamos asumir una nueva ambición. Conseguir la mayor coalición para garantizar que nuestra acción es lo más efectiva posible», dijo Azoulay, quien destacó que es un momento «difícil» en la lucha contra esta lacra global.

«Hemos recibido información de Afganistán según la cual ciertos depósitos han sido saqueados. Nuestros instrumentos son muy distintos a los que había hace quince años. Gracias al trabajo de inventario, garantizaremos que todos esas obras vuelvan a su país de origen», dijo Ottone.

Este responsable de la Unesco recordó, además, que el Estado Islámico se está sirviendo de los bienes saqueados y vendidos en el mercado negro para su financiación, una práctica que también se da en África, en zonas donde actúan grupos terroristas.

Por otro lado, el chileno señaló que la pandemia ha dejado a muchos museos y lugares protegidos en situación de vulnerabilidad.

La reunión se organizó en torno a tres paneles con representantes de China, uno de los principales mercados de arte; África, el continente más afectado por la expropiación ilícita de bienes culturales; pero también Europa y América Latina, víctimas igualmente de ese problema.

Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, explicó que Europa es uno de los principales destinos de los bienes saqueados. Puso como ejemplo la situación en Alemania, donde según un reciente estudio solo el 2 % de los bienes culturales vendidos o comprados en el país tenían un origen legal.

Los ponentes insistieron en algunas de las prioridades en la lucha contra el tráfico de bienes, como la necesidad de establecer un marco legal más ambicioso y claro, la integración de los actores del mercado del arte en la problemática y la mejora de las herramientas tecnológicas para asegurar la trazabilidad de las obras.

Faltan, además, estadísticas públicas sobre el volumen y la naturaleza de este tráfico.

Algunas de las conclusiones de este encuentro y las preocupaciones mostradas por los especialistas serán tomadas en consideración para el futuro plan de la UE contra el crimen organizado y el robo de bienes culturales, que se pretenden aprobar el año próximo.

El arqueólogo y exdirector del Museo Nacional de Kenia, George Abungu, insistió en la importancia de concienciar a los ciudadanos de que la herencia cultural es una herramienta de riqueza social, educativa e identitaria, esencial para la supervivencia de las comunidades.

En África, la ratificación de la convención de 1970 es además «crucial» para mejorar la tramitación y los mecanismos de restitución de bienes que fueron robados o vendidos durante la colonización.