La muerte del presidente Kennedy (VII)

El 17 de noviembre de 1993, al cumplirse 30 años del asesinato de John F. Kennedy, el Comité de Operaciones Gubernamentales de la Cámara de Representantes convocó nuevas audiencias para examinar con mayor profundidad todo lo relacionado con la muerte del joven presidente. Una parte importante de la investigación estuvo dedicada a analizar la posible implicación del gobierno cubano en el magnicidio.

Posteriormente, el 29 de junio de 1994, el propio Comité de Operaciones Gubernamentales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un informe titulado “Se necesita una legislación más amplia para asegurar la entrega de los archivos del asesinato de Kennedy”.

Dos años antes, el 30 de septiembre de 1992, el Congreso había aprobado la legislación conocida como “Ley de Recolección de Información sobre el Asesinato del Presidente John F. Kennedy”, frecuentemente denominada “Ley de Registros del Asesinato”. Desde entonces, el Congreso y el Subcomité de Seguridad Nacional han supervisado la aplicación de esa normativa.

A partir de su aprobación se logró un avance sustancial en la recopilación de los registros procedentes de los siguientes organismos e instituciones:

1. La Comisión Warren.

2. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos.

3. Las bibliotecas presidenciales.

4. La División Criminal del Departamento de Justicia.

5. La Agencia Central de Inteligencia (CIA).

6. El Servicio Secreto.

Además, una considerable cantidad de información fue producida por otros organismos gubernamentales, entre ellos:

1. El Buró Federal de Investigaciones (FBI).

2. El Comité Church.

3. La Comisión Rockefeller.

Sin embargo, no toda la documentación ha sido divulgada. Algunos registros relacionados con el asesinato permanecen clasificados por razones de seguridad nacional. El Congreso considera que el proceso de desclasificación no avanzó con la rapidez prevista. Por ello, en las conclusiones de su Octavo Informe, fechado el 12 de julio de 1994, el Comité de Operaciones Gubernamentales reiteró que todos los documentos relacionados con el asesinato del presidente Kennedy debían hacerse públicos lo antes posible.

COMPLICAN A UN CUBANO EN 

LOS PLANES

Como hemos señalado, otro de los aspectos que, según diversos investigadores, la Comisión Warren silenció fue la posible vinculación del régimen cubano con el asesinato del mandatario estadounidense.

A continuación transcribimos parte del testimonio del doctor Johnston ante el Comité de Operaciones Gubernamentales de la Cámara de Representantes. Tras describir las conversaciones entre Rolando Cubela (AM/LASH) y funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia, a las que ya nos hemos referido, Johnston introduce a otro personaje prácticamente desconocido, residente en otra ciudad.

El abogado menciona específicamente a un ciudadano cubano naturalizado estadounidense, presuntamente implicado en un plan para asesinar a Kennedy en Tampa.

“La posibilidad de que existieran asesinos en otras ciudades, además de Dallas, refuerza las sospechas sobre las actividades de este ciudadano estadounidense nacido en Cuba, Gilberto Policarpo López”, afirmó Johnston.

Hasta noviembre de 1963, López había residido en Tampa, Florida. Sin embargo, al día siguiente del asesinato cruzó de Laredo, Texas, hacia México, donde se hospedó en el Hotel Roosevelt, ubicado en la avenida Insurgentes número 287, en la capital mexicana. Cinco días después del magnicidio, la noche del 27 de noviembre, abordó el vuelo 465 de Cubana de Aviación con destino a La Habana.

Según el testimonio, el gobierno cubano parecía especialmente interesado en sacar a López de México. Para ello pasó por alto los procedimientos habituales y le expidió una visa de cortesía, pese a que su pasaporte estadounidense, número 310162, había vencido. Además, López era el único pasajero de un vuelo atendido por una tripulación de nueve personas. Esa circunstancia despertó inmediatamente las sospechas tanto de la CIA como del FBI, afirmó el asesor legal del Congreso.

El 5 de diciembre de 1963, el jefe de la estación de la CIA en Ciudad de México, Willard C. Curtis, remitió toda esta información al director de la Agencia Central de Inteligencia responsable del Hemisferio Occidental. Estos documentos permanecieron clasificados durante años y solo recientemente fueron desclasificados.

Curtis conservaba en su escritorio una fotografía tomada a López poco antes de abordar el avión. Aunque ya era de noche, alrededor de las 9:00 p. m., Gilberto Policarpo López aparecía usando gafas oscuras, en un aparente intento por ocultar su identidad.

En informes posteriores, tanto el FBI como la CIA relacionaron a López con el asesinato. El 14 de diciembre de 1963, la oficina del FBI en Dallas remitió esta información a la oficina de Tampa para que verificara las actividades del sospechoso y determinara si guardaban relación con el asesinato de Kennedy.

El 19 de marzo de 1964, una fuente de la CIA en Ciudad de México informó que “uno de sus contactos reportó en febrero que Gilberto López, ciudadano estadounidense, estaba involucrado en el asesinato de Kennedy”.

Es decir, el 5 de diciembre las acciones de López fueron consideradas sospechosas; el 14 de diciembre se solicitó investigar si estaban relacionadas con el asesinato; y el 19 de marzo se informó que López estaba implicado en el crimen. A pesar de ello, nunca se realizó una investigación exhaustiva.

La única gestión del FBI consistió en revisar el expediente del pasaporte de López. Ni siquiera llegó a establecer que este había permanecido en Tampa cuando Kennedy visitó esa ciudad el 18 de noviembre de 1963, apenas cuatro días antes de su asesinato.

El FBI nunca entregó esta información a la Comisión Warren. Su investigación se limitó al viaje no autorizado de López a Cuba, pero no a su presunta participación en el asesinato del presidente.

El doctor Johnston afirmó además que, el domingo 17 de noviembre, un día antes de la visita de Kennedy a Tampa, López pasó la jornada en la residencia del presidente del capítulo local del Comité Pro Trato Justo para Cuba. Allí esperaba una llamada procedente de La Habana para regresar a la isla, comunicación que nunca recibió. (Esta misma información, aunque con mayor nivel de detalle y sin identificar al protagonista, aparece en el “Libro V del Informe Final del Comité Selecto del Senado”, fechado el 14 de abril de 1976).

López tenía un hermano que había servido en el Ejército cubano y que, por sus méritos, había sido autorizado a realizar estudios en Moscú.

El FBI también estableció que el 20 de noviembre, dos días antes del asesinato, López obtuvo en Tampa una tarjeta mexicana de turista y emprendió viaje hacia Texas. La frontera con México fue cerrada inmediatamente después del crimen. Cuando reabrió al mediodía del día siguiente, López ya esperaba para cruzar por Nuevo Laredo.

Llegó a Ciudad de México el 25 de noviembre. Como previamente se le había negado una visa, aparentemente recibió una visa cubana de cortesía una vez que arribó a la capital mexicana. El FBI —siguiendo siempre las declaraciones del doctor Johnston— comprobó que incluso meses después, en septiembre de 1964, López no desempeñaba ningún trabajo en Cuba y dedicaba gran parte de su tiempo a actividades sociales.

Toda esta evidencia, por circunstancial que pudiera parecer, fue ocultada a la Comisión Warren, la cual, como ya se ha señalado, se apresuró a concluir que no existía conspiración alguna para asesinar al presidente Kennedy.

Sin embargo, durante las semanas anteriores y posteriores a la muerte del mandatario estadounidense, Fidel Castro se vio sometido a fuertes presiones y a una compleja serie de acontecimientos que volverían a situar a Cuba en el centro de la investigación.

FIN DEL CAPÍTULO