La situación en Cuba se ha vuelto tan desesperante que quince isleños que protestaban por la falta de electricidad fueron condenados a penas de prisión de hasta nueve años, mientras se conoció que el 80 % de la población vive en pobreza extrema, tras el incremento de los apagones y la escasez de alimentos.

Diego Suárez informó que un tribunal condenó a ocho manifestantes a entre seis y nueve años de cárcel; otros cinco recibieron sentencias de entre tres y cinco años, y dos más fueron sancionados a trabajo correccional sin internamiento. Los cargos incluyeron desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir.

“Cuba es hoy el país que la Revolución no prometió: aumentan el hambre y la mendicidad. Aunque la narrativa oficial intenta evitar la palabra ‘pobreza’, la desigualdad que se prometió erradicar es cada vez más evidente y dolorosa”, afirmó Suárez.

El dirigente, miembro de la junta directiva del Museo de la Diáspora Cubana en Miami, relató que la situación es tan caótica que una mujer, Marta Pérez, decidió salir a las calles del bulevar San Rafael a pedir dinero bajo el sol inclemente.

“La piel surcada de arrugas finas, el vestido de rayas, el pelo a la altura del mentón y las uñas larguísimas, como una dama antigua. Una aparición en las calles de La Habana. El otro día fue vista empujando un cochecito donde iba su nieta de un año, de ojos curiosos, que se llama Cristi, o quizá Crista”, narró Suárez.

Marta, de 70 años, no logra precisar bien el nombre de la niña que la acompaña en la dura faena de extender la mano a cambio de unos pocos pesos. “Pero hay que comer con esto, aunque sea un poco de arroz y frijoles negros. Carne no puedo comprar”, confesó la mujer, según relató Suárez.

La anciana vive con su hija, auxiliar pedagógica embarazada; sus tres nietos; y su esposo de 79 años, pensionado. “Viven en un lugar donde la miseria está presente todo el día, y ni siquiera tienen agua potable”, destacó.

Marta, que durante años vendió croquetas, helados y refrescos en el restaurante El Viso, en El Vedado, quedó sin derecho a jubilación porque su expediente laboral se extravió. “En ocasiones los vecinos la llaman para lavar ropa o limpiar casas. Pero el dinero no alcanza, como no le alcanza a casi nadie en Cuba”, insistió Suárez.

Según sus cálculos, Marta necesitaría 41.735 pesos cubanos (casi 100 dólares en el mercado informal) para alimentar a su familia un mes con arroz, frijoles, carne, viandas o ensalada. Esa cifra equivale a 20 salarios mínimos o a dos años de pensiones.

“La vida en Cuba hoy es casi imposible: apagones de hasta 18 horas, jornadas enteras sin agua, inflación del 10 %, alimentos cada vez más caros, y un dólar que en el mercado informal superó los 400 pesos, devorando la moneda nacional”, subrayó Suárez.

Diversas organizaciones han documentado la crisis: UNICEF asegura que uno de cada diez niños en la isla padece “pobreza alimentaria severa”; el FMP señala que cada vez más cubanos comen solo una vez al día; y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reporta que siete de cada diez personas han dejado de desayunar, almorzar o cenar, mientras que casi el 89 % vive en extrema pobreza.

La socióloga Elaine Acosta González, investigadora asociada al Instituto Cubano de Investigación, afirmó: “En Cuba existe una brecha cada vez mayor entre el discurso y la realidad. La Revolución prometió igualdad y bienestar, pero 60 años después vemos más pobreza y desigualdades, y lo peor es la negación del gobierno sobre las causas estructurales que las generan”.

Esa negación, recordó Suárez, fue lo que precipitó la dimisión de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, apenas 48 horas después de declarar públicamente que en el país “no había mendigos”, a pesar de que las calles están llenas de personas sin hogar que claman por dinero o comida.

Las declaraciones de la funcionaria causaron indignación en un momento en que la sociedad atraviesa una de sus peores crisis, especialmente en el verano, cuando se agudizó la falta de agua y energía, con altos costos para la vida cotidiana.

La falta de vivienda agrava el panorama: el déficit es de al menos 862.000 inmuebles, según cifras oficiales, aunque expertos creen que es mucho mayor. Muchos damnificados por huracanes, derrumbes o el hacinamiento en el oriente del país terminan en la calle o en edificios en ruinas, como el Riomar, en Miramar.

Suárez relató el caso de otra mujer, Villalón, que ocupa un apartamento abandonado frente al mar, sin ventanas ni puertas. Allí improvisó una cocina con ollas y un colchón regalado por vecinos en igual situación. “A veces tiene agua, a veces no. A veces puede cocinar con electricidad, y si no, con leña a orillas del mar. No es la única: son cientos en la misma condición”, lamentó.

Los expertos coinciden en que, aunque la depresión de los noventa ya había empujado a muchos a vivir en las calles, el fenómeno se ha intensificado en los últimos años. Entre las causas están el impacto de la pandemia y el cierre del turismo, la dolarización de la economía que deja a la población dependiente de remesas, y políticas fallidas como la Tarea de Ordenamiento, que vaciaron los bolsillos de las familias.

Finalmente, Suárez advirtió que no se vislumbra una solución a corto plazo: “La crisis no es una recesión típica, sino un descalabro económico profundo. Harán falta cambios estructurales y varios años para empezar a superarla”.