POR GERMÁN ACERO E.  

Exclusiva para LIBRE

La angustia se acrecentó entre los nicaragüenses residentes en Miami ante el próximo vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) que les ha permitido permanecer en este país sin temor a ser deportados.

Como se sabe el próximo mes de julio del año 2025 se vence esta protección de inmigración que ha permitido que cientos de ellos puedan permanecer legal en territorio norteamericano.

También como se recordará el gobierno estadounidense anunció el TPS en marzo de 2021 y estableció que sólo beneficiaría a quienes llegaron antes del 9 de marzo de ese año.

Pero esto también ha creado un temor en otro grupo que mediante el TPS pudo obtener un parole humanitario que le permitió incluso traer a varios familiares de forma legal a los Estados Unidos.

Y, por supuesto, en caso de que no se prolongue el TPS estos también se verían afectados en el futuro luego de haber huido de su país por amenazas del régimen sandinista del dictador Daniel Ortega.

Por esto varias organizaciones del exilio nicaragüense en Miami han comenzado a hacer lobby ante los asesores del nuevo gobierno de Trump para buscar la manera de ratificar nuevamente la vigencia del TPS.

“Esto es lógico porque ya la administración de Biden, ante la próxima posesión del gobierno de Trump, no tiene que ver nada en este asunto”, reafirmó la dirigente Dina Díaz.

Díaz, quien acaudilla una organización de periodistas independientes nicaragüenses en Miami y es la directora del periódico YA, aseguró que es crítica la situación de sus compatriotas cobijados por el TPS.

“Hay angustia y temor entre la comunidad nicaragüense porque de este amparo migratorio dependen cientos de familias que han llegado a los Estados Unidos tras huir de su país por amenazas del régimen de Ortega”, afirmó.

“Vamos a presentar por escrito a la consideración de Trump dicha solicitud para buscar nuevamente la prolongación de este estatus migratorio”, insistió Díaz, quien tiene pendiente reuniones con varios congresistas cubanoamericanos. 

Díaz sostuvo que “es necesario hacer estas gestiones para solicitar que se autorice la asignación de un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS) porque el que está vigente expira el 5 de julio 2025”.

“Las organizaciones están pidiendo concretamente a los legisladores federales una nueva designación de TPS que proteja temporalmente a ese medio millón de compatriotas”, dijo por su parte Ariel Montoya. 

“Y exactamente ahora nos vamos a dirigir a la nueva administración entrante del presidente electo Trump para que mantenga el estatus hasta que los nicaragüenses puedan tener un nuevo amparo legal”, sostuvo.

“Pedimos ahora también a esta administración que termine el trabajo otorgando protección temporal por razones humanitarias a cerca de 400,000 nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos. La reasignación del TPS es el siguiente paso lógico”, insistió Montoya.

“Seguimos trabajando a marchas forzadas y ahora esperamos tener el documento de petición antes del 20 de enero, con las firmas correspondientes que están recabando entre la comunidad y otros actores, para que se otorgue un nuevo TPS a los nicaragüenses, enfatizó Díaz.

“En estos momentos ningún nicaragüense quisiera regresar a su país por la situación política que se vive debido a la represión del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo”, reiteró Montoya.

Estos dirigentes también recordaron que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que no renovará los permisos a nicaragüenses que se han beneficiado del programa de Libertad Condicional Humanitaria (parole) vigente desde 2023.

Díaz y Montoya calcularon que más de 400,000 nicaragüenses que están en territorio estadounidense en la actualidad carecen de estatus seguro, además, de que otros tienen casos pendientes de asilo o de permisos de residencia.

Recientemente estos líderes junto a otros dirigentes nicaragüenses estuvieron en la iglesia de Corpus Cristi efectuando una charla para informar a los interesados en las gestiones que se adelantan con los congresistas cubanoamericanos al respecto.