Nueva York, 28 mar (EFE).- La firma legal estadounidense Skadden ha acordado con el presidente, Donald Trump, ofrecer al gobierno servicios legales gratuitos por un valor de 100 millones de dólares, tras las recientes ordenes ejecutivas del mandatario contra otros bufetes de abogados.
El líder republicano anunció este viernes en su red Truth Social que Skadden proporcionará un total de, al menos, 100 millones de dólares en servicios jurídicos pro bono -que se prestan de manera voluntaria y gratuita- a áreas del gobierno federal como las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad.
Según Trump, el bufete también se ha comprometido a «garantizar la equidad en nuestro sistema de justicia» y a combatir el antisemitismo.
Así, el mandatario ha acordado con Skadden que esta ignore las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) a la hora de contratar personal, contando con expertos independientes que le asesoren para asegurar que las prácticas de empleo cumplen «las leyes contra la discriminación».
De acuerdo con el ‘post’ de Trump, el socio ejecutivo de Skadden, Jeremy London, indicó que la entidad «se complace de haber logrado un acuerdo exitoso con el presidente y su Administración» y aseguró creer «firmemente que este resultado es en el mejor interés de nuestros clientes, nuestra gente y nuestra firma».
El acuerdo entre Skadden y Trump tiene lugar unos días después de que el magnate Elon Musk publicara en X un ‘post’ contra la firma, que estaba planteando una demanda contra el comentarista conservador Dinesh D’Souza: «Skadden, esto tiene que acabar ya», escribió el empresario.
Además, con el acuerdo Skadden se anticipa a la posibilidad de que Trump firme una orden ejecutiva contra el bufete, al igual que ha hecho con otras firmas legales como Paul Weiss, que finalmente ha acordado con el mandatario ofrecer servicios legales gratuitos por un valor de 40 millones de dólares.
Otros bufetes, como Jenner & Block, Perkins Coie y WilmerHale, han optado por demandar a la Administración del presidente por las órdenes ejecutivas planteadas contra ellos.
En concreto, Trump firmó ayer una orden ejecutiva que penaliza a WilmerHale, la firma en la que trabajó Robert Mueller, abogado que investigó su campaña electoral de 2016 para determinar si algunos de sus miembros se habían coordinado con agentes rusos.