Una brutal embestida apoyada por fuerzas represoras del estado lanzó en las últimas horas el dictador Nicolás Maduro contra la oposición y ya son, al menos 34 las personas detenidas en Venezuela supuestamente acusadas de traición a la patria y terrorismo.

Maduro se valió de sus cómplices más cercanos como fiscales y jueces para imputar cargos contra los opositores a quienes indica de estar involucrados en una conspiración para asesinarlo lo cual, no ha podido ser demostrado con pruebas por la justicia de este país.

Pero Maduro se ensañó contra los opositores y a través de los fiscales amigos también les imputó cargos por estar comprometidos en conspiraciones contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, además, de otros altos funcionarios del régimen.

Toda esta brutal política represiva, ha sido censurada por los gobiernos de países libres, cuyos mandatarios han sostenido que lo único que persigue Maduro es mantenerse en el poder sin grupos opositores.

La dictadura emitió 14 órdenes de captura, la mayoría contra colaboradores cercanos a María Corina Machado, electa en primarias como candidata presidencial de la oposición para unas elecciones que deberían llevarse a cabo en 2024.

En la lista figuran, también, dirigentes como Leopoldo López, Juan Guaidó o Julio Borges, quienes están hace años en el exilio y con causas penales abiertas. Por otra parte, apuntó a dos exministros de Chávez.

Según la narrativa chavista, estas 14 personas han colaborado de alguna manera con la petrolera Exxon Mobile, que tiene concesiones en Guyana, por lo que desde Caracas los acusan de un boicot. Los imputaron por los delitos de conspiración, traición a la patria, lavado de dinero y asociación para delinquir.

Maduro inhabilitó a la fuerte opositora María Corina Machado quien lo adelantaba en las encuestas, lo cual no fue bien recibido por la oposición que anunció fuertes represalias contra el régimen actual en el poder.

Pero también los miembros de grupos opositores presagiaron que habrá protestas antes y después de los comicios presidenciales previstos para este año en el territorio venezolano donde se vive una tensión de orden público callejero.

Los últimos detenidos fueron la activista de derechos humanos y experta en temas militares, seguridad y defensa Rocío San Miguel y su expareja Alejandro González de Canales, un militar retirado. Pero a última hora fueron liberados los familiares de estos dos reconocidos activistas quienes habían sido detenidos por supuestos actos terroristas.

Esto provocó que Estados Unidos se mostrara “profundamente preocupado” por el arresto de la activista Rocío San Miguel.

San Miguel, cuya defensa no ha podido establecer comunicación directa desde que fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, se encuentra recluida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Helicoide, en la capital del país.

Por su parte, González de Canales está privado en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), también en Caracas.

Cabe destacar que ambos centros están señalados como recintos de torturas, según relatan quienes han estado privados de la libertad en esos calabozos. Según el fiscal general de la República, Tarek William Saab, la aprehensión de San Miguel y su grupo familiar –cinco personas más, de las cuales cuatro fueron excarceladas bajo régimen de presentación– no representa una violación de derechos humanos y mucho menos una desaparición forzada como han denunciado su defensa y varias ONG, incluyendo a Amnistía Internacional.

Los otros presos vinculados a los planes de conspiración contra Maduro, que supuestamente se iban a ejecutar en diciembre de 2023, señalaron a San Miguel como colaboradora del plan.

La defensa de San Miguel alertó sobre el allanamiento a la vivienda de la víctima con su hija de 24 años dentro, quien fue liberada, pese a que tiene aún medida preventiva.

Las organizaciones de derechos humanos insisten en que la experiencia de San Miguel habla por sí sola y que las acusaciones del fiscal son falsas.

Para Claudia Carrillo, de la ONG Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), es urgente que el Gobierno “termine las acciones de intimidación y desprestigio contra los defensores”, sobre todo porque “las mujeres defensoras son las principales víctimas y la desaparición forzada es uno de los peores métodos”.

Según Cofavic, con una amplia trayectoria en defensa de víctimas de desaparición, de 2018 al 2023 se han registrado 2.227 ataques contra las organizaciones y sus representantes, pero estos últimos tres años han sido los peores, incrementando las campañas de descrédito “y el uso de la desaparición forzada como mecanismo de Estado”, insistió Carrillo durante una manifestación que exigía la liberación de San Miguel.

Estas nuevas detenciones han causado un revuelo internacional, en especial por la forma en la que se ejecutaron, algunas son más mediáticas que otras, por ejemplo, en la isla de Margarita, en el norte del país, se supo de la detención del ingeniero Carlos Salazar, por grabar a Álex Saab en una tienda de un centro comercial y publicarlo en las redes, y solo se conoció su paradero. Pero hasta el momento no hay detalles de Salazar.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países más han exigido a Nicolás Maduro no solo cumplir con el acuerdo de Barbados firmado con la oposición en octubre, sino respetar las garantías y derechos civiles, así como la liberación de los presos políticos, que hoy suman más de 270 según registros de la organización Foro Penal.

Lo cierto es que estas decisiones arbitrarias en pleno año electoral generarán aún más tensión con Washington, que hace 15 días amenazó con reimponer las sanciones al sector energético de Venezuela a partir del 18 de abril, si antes no se rehabilita la candidatura de María Corina Machado o se le impide a la oposición participar de manera libre en las elecciones de este año.

Aunque la advertencia del regreso de las sanciones va más dirigido al tema electoral, el arresto de opositores es considerado por EE.UU. como otro incumplimiento a los acuerdos en Barbados y complica las negociaciones secretas que actualmente se adelantan para buscarle una salida al impasse.

De hecho, la semana pasada estuvo en Bogotá una delegación de EE.UU. encabezada por el asesor de Seguridad Nacional John Finner y el hasta entonces asesor del presidente Joe Biden para América Latina, Juan González, cuyo objetivo era buscar canales de entendimiento con Maduro a través de la administración de Gustavo Petro.

Maduro ha dado varios golpes a las conversaciones y acuerdos. En primer lugar, cancelando los vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos y, por el otro lado, apretando el cerco contra sus rivales políticos y opositores.

De acuerdo con fuentes consultadas por este periodista, lo que se está generado es una especie de choque de trenes en el que las partes están elevando las apuestas a medida que pasan los días. Sin embargo, desde la perspectiva de Estados Unidos, existe muy poco espacio para un viraje si el régimen no restituye a Machado o acepta otra alternativa que sea viable para la oposición.

Tanto el Departamento de Estado como la Casa Blanca han insistido a lo largo de los últimos días en que las puertas no se han cerrado y que Maduro aún tiene tiempo para cambiar de rumbo.

Según José Antonio Colina, de la organización del exilio Veppex, Maduro lo único que está buscando es mantenerse en el poder a toda costa y para ello está recurriendo a golpear brutalmente a la oposición para no tener contendores en esas elecciones presidenciales.

La militante del exilio venezolano Nelly Argüello también reiteró que Maduro está imponiendo su fuerza brutal de gobernante para seguir en el poder y ampliar su poderío político bolivariano hacia otros países como Ecuador.

El diputado Pablo Medina quien reside en Miami sostuvo que Maduro ha impuesto su ley de dictador y, a semejanza de la dictadura de Cuba, lo único que le interesa es estar en el poder por muchos años más Además de San Miguel y González de Canales, los servicios de inteligencia de Venezuela han capturado a 19 militares y civiles por la presunta conspiración “Brazalete Blanco” y hay 15 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

Es muy probable que San Miguel sea usada por Maduro como “una ficha de cambio” en una negociación política con la oposición y con Washington, que desde la inhabilitación de María Corina Machado, el mes pasado, comenzó a dar marcha atrás en las medidas de flexibilización de las sanciones económicas contra Venezuela.