Quito, 3 feb (EFE).- El Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reafirmó seguir delegando temporalmente la Presidencia de Ecuador en la «vicepresidenta encargada» que el mandatario nombró por decreto, pese a que la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa situación y determinó que el mandatario solo puede ser reemplazo por la vicepresidenta, Verónica Abad, con quien está enfrentado.
El Ministerio de Gobierno consideró en un comunicado que el tribunal constitucional de Ecuador no ha revertido específicamente los decretos que designaron a la secretaria de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia como «vicepresidenta encargada» e incluso sostuvo que estos «siguen vigentes» porque los magistrados los «han ratificado».
«Por lo tanto, Cynthia Gellibert es la persona que debe asumir la Presidencia en caso de ausencia temporal del presidente», sostuvo el Ejecutivo ecuatoriano en su comunicado.
La administración de Noboa también consideró que el tribunal constitucional validó su argumento de razones de «fuerza mayor» para delegar la Presidencia en Gellibert, si bien los jueces no entraron a evaluar el fondo de esta cuestión.
No obstante, recordaron con énfasis en que la «fuerza mayor» consiste en «eventos imprevisibles e irresistibles que imposibiliten al presidente el ejercicio del cargo», lo que debe estar debidamente justificado y probado y no ser únicamente una mera declaración en un decreto.
Asimismo, el Gobierno también se ratificó en su postura de que el presidente no debe pedir licencia para distanciarse del cargo durante el periodo completo de la campaña electoral (del 5 de enero al 6 de febrero) como dictamina la norma electoral de Ecuador para las autoridades que buscan reelegirse de manera inmediata.
Sin embargo, en su sentencia, la Corte Constitucional no se pronuncia sobre una posible infracción electoral de Noboa en ese sentido, pues recuerda que le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dirimir esa cuestión.
Abad se mantiene en silencio
Hasta el momento Abad no se ha pronunciado sobre la sentencia del Constitucional, al que acudió tras calificar estos decretos como un «golpe de Estado».
La vicepresidenta titular también había exhortado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aplicar en Ecuador la Carta Democrática Interamericana al considerar que el orden constitucional se había roto en el país al verse impedida de asumir la Presidencia.
Abad también ha acusado a Noboa de mantener una «actitud dictatorial» y liderar un presunto acoso contra ella para forzarla a dimitir, con acciones como enviarla de embajadora a Israel y luego imponerle una suspensión de cinco meses que posteriormente fue anulada por una jueza que ordenó su restitución en el cargo.
Este es el segundo revés que sufre Noboa en los tribunales de Ecuador dentro de su enfrentamiento con Abad, después de que una jueza anulase la suspensión de cinco meses que le había impuesto el Gobierno sin una base legal concreta, condición que también le impedía asumir la Presidencia.
El enfrentamiento entre Noboa y Abad comenzó durante la campaña electoral de las elecciones extraordinarias de 2023 -sin mayor explicación pública- y se ha agudizado con una maraña de recursos legales y demandas en distintos fueros judiciales de Ecuador.
Entre ellos destaca las demandas y contrademandas por presunta violencia político de género entre ella e integrantes del Gobierno que deben ser evaluadas por el TCE, órgano que puede sancionar esas conductas incluso con la destitución de la autoridad demandada.