Lima, 17 feb (EFE).- El ministro del Interior de Perú, Juan José Santiváñez, anunció este lunes que ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal general, Delia Espinoza, a la que acusa de haber cometido abuso de autoridad al difundirse detalles de una investigación abierta en su contra por unos supuestos audios en los que pide «controlar» a un periodista.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica en Perú a los altos funcionarios, entre ellos la presidenta, la fiscal general y los congresistas, y deben ser aprobadas en el pleno del Congreso para que un investigado puede ser acusado formalmente ante los tribunales.
Santiváñez declaró, en un acto oficial celebrado en la ciudad norteña de Trujillo, que, a través de sus abogados, ha interpuesto una denuncia constitucional a Espinoza, al considerar que no se han respetado las garantías al debido proceso.
En este sentido, sostuvo que cuando un funcionario es denunciado, «inmediatamente» es difundido en medios de comunicación, y eso es «porque la Fiscalía lo comparte», lo que en sus palabras, no respeta la presunción de inocencia.
«Ningún funcionario es absolutamente indispensable, las instituciones son instituciones, no personas», declaró sobre la fiscal general.
Medios locales tuvieron acceso a la denuncia, en la que el ministro pide que Espinoza sea inhabilitada por diez años para ejercer cargos públicos por infringir artículos de la Ley de Carrera Fiscal y de la Constitución que regulan la labor del Ministerio Público.
En agosto de 2024, el Ministerio Público abrió una investigación a Santiváñez por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad a partir de unos audios en los que supuestamente solicita a un capitán policial «controlar» al periodista Marco Sifuentes.
Como parte de la pesquisa, el Ministerio Público pidió en enero al ministro que entregara su teléfono móvil, y Santiváñez entregó uno vacío, por lo que la institución le solicitó dar su contraseña de iCloud (servicio de almacenamiento en la nube de Apple), así como la tarjeta SIM original que tenía el celular que utilizaba.
Pidió estos datos «para poder hacer un respaldo de la información que contiene en la nube y de ser el caso poder extraer la información».
«El pedido efectuado en la providencia denota falta de conocimiento legal por parte de la fiscal de la Nación y/o interés en obtener información sensible de mi persona para realizar un show mediático», indica la denuncia constitucional sobre dicho pedido fiscal.
Santiváñez se negó en su momento a entregar estos datos, pues según expresó, el iCloud da acceso a todo tipo de información personal y dijo que si la fiscal «quiere saber de su vida», le debería citar.
A finales de enero, el ministro declaró que el Ministerio Público aún no ha presentado pruebas firmes en esta investigación que sigue en su contra y anunció que presentará una queja contra la fiscal general ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la judicatura peruana.