Brasilia, 23 abr (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, envió este miércoles al Parlamento un ambicioso proyecto de enmienda constitucional para ampliar los poderes del Gobierno central y garantizar los recursos necesarios en la lucha contra el creciente crimen organizado.
«Vamos a penalizar a todos aquellos que cometan cualquier delito que interfiera en la tranquilidad de la sociedad brasileña», afirmó el mandatario en el acto de presentación de la iniciativa, en el que también participaron los jefes de ambas cámaras legislativas.
El líder progresista pidió que el texto sea votado «lo más rápido posible» para hacer frente cuanto antes a las organizaciones criminales, que describió como «multinacionales» dedicadas a contrabandear armas, ejercer la violencia y traficar con drogas.
La iniciativa comienza ahora su trámite parlamentario después de casi un año de discusiones entre el Gobierno y las administraciones regionales y municipales, estas dos últimas tenedoras de las competencias en materia de seguridad.
Lula subrayó que la propuesta no «quiere interferir» en la autonomía de los 27 estados brasileños, sino «poner a disposición» los recursos del Gobierno central para «no permitir que el pueblo continúe andando asustado por las calles del país».
Con todo, el proyecto amplía las competencias del Ejecutivo federal en materia de seguridad y penitenciaria mediante el establecimiento de «directrices generales» para el resto de las administraciones.
«Queremos un sistema único de seguridad que quepa en la Constitución y en el que todos los miembros de los poderes conversen entre sí para combatir la criminalidad», explicó en el acto el ministro de Justicia, el exjuez Ricardo Lewandowski.
Además de una centralización mayor en la toma de decisiones estratégicas, se pretende aumentar las atribuciones de la Policía Federal en los casos de delitos medioambientales, crimen organizado y grupos paramilitares privados.
También de la Policía Federal de Carreteras, que, de aprobarse el texto, pasaría también a trabajar en vías fluviales y ferrocarriles.
«Hoy el crimen ha dejado de ser local, es un crimen que se transformó en nacional y hasta transnacional», advirtió el ministro.
Bandas como el Primer Comando de la Capital (PCC) han ganado terreno en los últimos años en Brasil, especialmente en el norte y el noreste del país, y ya operan en otros lugares de Sudamérica, además de haber tejido estrechas alianzas con mafias de otros continentes.
El proyecto dispone también la creación de corregidurías «autónomas» para todos los cuerpos policiales brasileños, a fin de aplacar los frecuentes episodios de abusos y violencia por parte de las autoridades.
Al tratarse de una enmienda constitucional, el trámite será más largo de lo habitual, pues deberá recibir el aval de distintas comisiones y, posteriormente, ser aprobado, en dos votaciones, por 3/5 de los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado.