Bogotá, 1 feb (EFE).- La Procuraduría colombiana denunció este jueves el «desacato» del canciller, Álvaro Leyva, quien continúa en el cargo pese a que fue suspendido por tres meses por posibles irregularidades en la licitación de un contrato de pasaportes, lo que asegura que representa un atentado «contra el Estado de derecho».
«El abierto desacato del canciller y el presidente de la decisión de la Procuraduría atenta contra el Estado de derecho, la Constitución y la ley, y sienta un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad constitucional», indicó en un video el viceprocurador, Silvano Gómez Strauch.
La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia suspendió el pasado 24 de enero por tres meses a Leyva por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación de un contrato para fabricar pasaportes, pero el canciller sigue ejerciendo su cargo.
De hecho, el pasado 30 de enero, cuando ya estaba sancionado, el canciller firmó varios decretos de nombramientos del Ministerio de Relaciones Exteriores y designaciones de misiones especiales en el exterior, según medios locales.
Las críticas se han sucedido desde varios sectores por la supuesta insubordinación del Gobierno, quien no ha apartado al ministro de su cargo. El presidente Gustavo Petro criticó la decisión de la Procuraduría y la tachó de maniobra para no dejar gobernar a un «gobierno popular, democrático».
Investigación de licitación
En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Cancillería indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas, y suspendió su contrato, al que le quedaban todavía tres años.
Tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, la empresa anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares de hoy).
La controversia por el contrato de los pasaportes le costó el cargo a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, a quien Petro le pidió la renuncia luego de que Leyva le reprochara porque supuestamente no estaba haciendo bien la defensa del caso.