Lima, 24 mar (EFE).- El juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó este lunes una solicitud de la Fiscalía de Perú para impedir la salida del país del exministro del Interior Juan José Santiváñez, investigado por presunto tráfico de influencias agravado e interceder a favor de un expolicía sentenciado.
En su resolución, el magistrado dijo que la medida no resultaba necesaria porque «no se habría acreditado» el peligro de fuga de Santiváñez, censurado el viernes por el Congreso debido a la ola de violencia criminal en el país y reemplazado este lunes por el exviceministro de Seguridad Pública, Julio Díaz Zulueta.
Checkley agregó que no existe razón suficiente para restringir su derecho al libre tránsito sin un «sustento adecuado» que revele que se podría fugar y solicitar asilo en un territorio extranjero.
El juez añadió que, como ministro, Santiváñez ha viajado por razones de su entonces cargo y retornó al país en la fecha prevista, además de que no existen datos de comportamientos elusivos, obstruccionistas o de entorpecimiento de la investigación.
En contraparte, al sustentar su petición en la audiencia, el fiscal adjunto supremo Luis Ballón explicó que Santiváñez ejerció una influencia ilícita ante el Tribunal Constitucional, como abogado del expolicía Marcelo Salirrosas, sentenciado por asociación ilícita para delinquir y usurpación en la región norteña de La Libertad.
Además, el fiscal dijo que, en el cargo de ministro del Interior, Santiváñez presuntamente ejerció influencia a favor de su cliente ante el Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de Justicia para cambiar su local y modalidad de reclusión, a cambio de un monto de dinero.
En tal sentido, el exministro peruano se enfrenta a una petición fiscal de entre 4 y 8 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias agravado, bajo la modalidad de delito continuado.
Santiváñez, abogado especializado en la defensa de policías, se convirtió en ministro el 16 de mayo de 2024 y en este tiempo, ha sido cuestionado por las investigaciones que le ha abierto la Fiscalía, el allanamiento de su domicilio y los ataques a la prensa, entre otros asuntos.
Este viernes, tras un largo debate, el Legislativo aprobó censurar a Santiváñez, al que responsabilizó de la falta de resultados frente la ola de criminalidad y el crecimiento del delito de extorsión.
Horas después, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, aceptó esta censura y afirmó que acepta la decisión que ha tomado el Congreso, a pesar de que Santiváñez le ha puesto «alma, vida y corazón» para afrontar la lucha contra la inseguridad ciudadana.
La presidenta reiteró que «no depende de un ministro resolver la inseguridad ciudadana» y se quejó de que, «si detenemos a los delincuentes, no los tienen que liberar o volver a poner en la calle».
Boluarte también agradeció a Santiváñez por su gestión de diez meses en el Ejecutivo y anunció que pondrá en su reemplazo a «otro ciudadano valiente, como él, que enfrente no sólo el crimen, sino también para que ordene el ministerio que estuvo capturado por las fuerzas oscuras».