Ciudad de Guatemala, 23 abr (EFE).- La Fiscalía de Guatemala acusó este miércoles al viceministro de Desarrollo Sostenible, Luis Pacheco, de terrorismo y sedición por ser supuestamente responsables, junto a otras cuatro personas, de «actos violentos» cometidos durante las protestas cívicas de 2023 en defensa de los resultados de las elecciones que dieron el triunfo al presidente Bernardo Arévalo.
El fiscal contra el crimen organizado, Kalyber Bladimiro, indicó que el viceministro Pacheco fue capturado por una denuncia que le acusa de «actos violentos y bloqueos» en 2023 que «alteraron el orden constitucional del país».
La Fiscalía sindica a Pacheco y a Héctor Chaclán, de los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización de la justicia y sedición. Ambos, quienes fueron detenidos este miércoles, eran dirigentes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) aseguró que otras tres personas tienen orden de captura y serán incluidas dentro de este mismo proceso penal.
En 2023, Pacheco figuró como uno de los líderes indígenas que rechazó los intentos de la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras Argueta, de anular la victoria electoral del presidente Arévalo, quien asumió el cargo en medio de un intento de «golpe de Estado» en su contra que fue condenado por decenas de gobiernos alrededor del mundo.
Pacheco fue trasladado este miércoles en un auto tipo panel blanco al Organismo Judicial de la capital guatemalteca, donde el juzgado cuarto de primera instancia penal, que ya recibió la acusación de fiscal, debe conocer los motivos de su detención en un caso que la Fiscalía declaró bajo reserva.
En este contexto, Ángel Pineda, Secretario General de la Fiscalía y sancionado por corrupción por Estados Unidos, rechazó las declaraciones del presidente Arévalo, quien tachó de «criminales» a los integrantes del Ministerio Público y calificó la detención de su viceministro como un «ataque contra el pueblo de Guatemala».
Arévalo instó al Congreso guatemalteco a agilizar los procesos para lograr la destitución de la fiscal general Porras Argueta, quien durante los últimos 18 meses ha presentado al menos tres casos contra funcionarios del actual Gobierno.
Organizaciones indígenas como la alcaldía indígena de la provincia de Sololá se declaró en asamblea permanente y rechazó la captura de Pacheco al considerar que se trata de un ataque contra el derecho a manifestar y no descartan posibles movilizaciones.