Tegucigalpa, 14 feb (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó este viernes a un grupo de expertos que brindará asistencia técnica a Honduras para investigar la autoría intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, en el oeste del país.
El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes (GIEI) para el caso de Berta Cáceres fue instalado en Tegucigalpa por la presidenta de la CIDH, Andrea Pochak, en un acto que contó con la presencia de altos funcionarios hondureños, Austra Berta Flores, madre de la ambientalista, así como sus hijas Laura y Bertha Zúñiga Cáceres, y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Durante el evento, Pochak reafirmó el compromiso de la CIDH con «la justicia, la verdad y la garantía de los derechos humanos» al establecer el GIEI, y destacó que la Comisión ha seguido de cerca el caso de Berta Cáceres, considerándolo «emblemático en la lucha por la defensa de los derechos humanos» en las Américas.
El asesinato de Berta Cáceres evidenció «las graves vulnerabilidades que enfrentan quienes defienden los territorios y los derechos humanos en la región», enfatizó Pochak, quien subrayó la necesidad de un «esclarecimiento total» de los hechos y la identificación de todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, así como la importancia de adoptar medidas para prevenir que crímenes como este se repitan.
Berta Cáceres fue asesinada en su hogar el 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, departamento de Intibucá, y por su crimen han sido condenadas ocho personas, dos de ellas ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la hidroeléctrica Agua Zarca.
Asignaturas pendientes para esclarecer asesinato
Pochak destacó la disposición del Estado de Honduras para permitir la conformación del grupo integrado por cuatro expertos de Argentina, Chile, Estados Unidos y Guatemala, y afirmó que el GIEI es una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades de investigación, esclarecer «violaciones graves» y avanzar en la lucha contra la impunidad.
La instalación del GIEI representa un «paso crucial e indispensable», según Pochak, quien solicitó a las autoridades hondureñas «apertura y cooperación» para garantizar que los expertos puedan realizar su labor «con plena independencia, acceso irrestricto a la información y las garantías necesarias para el desarrollo efectivo de sus investigaciones».
El GIEI Honduras, el cuarto de su tipo en América Latina, contribuirá al fortalecimiento del sistema de justicia y la protección de los derechos humanos, y su labor no solo busca colaborar técnicamente en la identificación de responsables, sino que también será clave para agotar todas las líneas de investigación, asegurando que «no haya cabos sueltos» y apoyando la consolidación de una «justicia plena y efectiva», explicó.
«Este GIEI responde a la necesidad de verdad, justicia y garantías de no repetición, no solo para Berta y su familia, sino para todas las personas que, como ella, han dedicado su vida a la defensa de los territorios y los derechos fundamentales», enfatizó Pochak.
No obstante, a pesar de los esfuerzos, la investigación del asesinato de Berta Cáceres «no está concluida» y persisten «asignaturas pendientes» en el esclarecimiento de los hechos, así como en la identificación de todas las responsabilidades, especialmente las relacionadas con la autoría intelectual del crimen y los delitos conexos, sostuvo.
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, expresó que el asesinato de Cáceres provocó «una profunda conmoción» tanto a nivel nacional como internacional, constituyendo una «flagrante violación a su dignidad como ser humano».
Reina manifestó su confianza en que el GIEI ofrecerá una «colaboración eficiente» a Honduras para investigar la autoría intelectual y los delitos relacionados con el asesinato de la ambientalista, con el objetivo de lograr «el justo castigo» para los responsables.