Puerto Príncipe, 25 abr (EFE).- El año de gobierno del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), que asumió el poder el 25 de abril de 2024, ha estado marcado por la mala gobernanza, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, según un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).
«El CPT y su Gobierno simbolizan, desde hace un año, un poder codicioso y deficiente, un Estado en ruinas. El país está gobernado con una ausencia total de liderazgo, sin orientación, sin visión y sin proyecto de sociedad», se lee en el informe dado a conocer este viernes.
En un año, el Consejo Presidencial de Transición ha agravado la ya preocupante situación del país, subraya la ONG. «Allí donde la población haitiana esperaba reformas, el CPT ha ofrecido una gestión mafiosa de los asuntos del Estado».
Ante la esperanza de la población de que se iniciara una recuperación institucional, el CPT ha agravado el colapso de las instituciones estatales y, a las víctimas que reclaman protección y justicia, el CPT les ha impuesto el silencio, la impunidad y la depredación, lamenta la RNDDH.
«En ninguna de sus acciones, el CPT ha pensado en proteger y defender los intereses del Estado», dice la declaración.
Deterioro de las condiciones de vida
De acuerdo a la RNDDH, en el último año se han perpetrado 13 masacres y ataques armados desde la llegada del Consejo al poder. Estos episodios de violencia, sumados a otros actos que atentan contra la vida y los bienes de la población, han causado al menos 4.405 asesinatos y 3.084 actos de violencia sexual y sexista, entre ellos 1.837 violaciones y violaciones colectivas.
Durante este período, según el informe, han sido asesinados 31 agentes de la Policía Nacional Haitiana (PNH), 8 militares de las Fuerzas Armadas de Haití (FAD’H) y 2 agentes de la Misión Nacional de Apoyo a la Seguridad (MMS).
«No existe ningún plan de reactivación económica», señala el informe, que sostiene que los programas de asistencia social plantean dudas sobre su eficacia y su capacidad para llegar realmente a las personas necesitadas.
La circulación de bienes, servicios y personas en el territorio nacional está controlada y regulada por las bandas armadas que cada día instalan más puestos de peaje.
«Los sistemas de salud y educación, ya precarios, se han visto aún más debilitados con el cierre y el saqueo de otras infraestructuras escolares y sanitarias», según la RNDDH.
Un balance catastrófico
En relación con este «balance catastrófico» sobre las actuaciones del CPT, la institución recomienda la destitución de los tres consejeros presidenciales acusados de corrupción, así como de los dos observadores que, sin motivo alguno, reciben emolumentos y ventajas con cargo al erario.
«La reducción del nivel de vida de todos los miembros del CPT, la eliminación de los gastos que conceden a sus cónyuges, así como todos los gastos que generan para vaciar las arcas del Estado a su antojo», exige la RNDDH, que también solicita la cancelación de todos los viajes costosos que, de hecho, no reportan ningún beneficio al país.
Asimismo, recomienda la creación del Órgano de Control de las Acciones del Gobierno (OCAG), del Consejo Nacional de Seguridad y de todos los demás órganos previstos en el acuerdo político del 3 de abril de 2024. También recomienda el saneamiento de las finanzas públicas y la transparencia en el uso de los recursos del Estado.
La RNDDH aboga porque se proporcionen los medios y equipos adecuados a los agentes de la PNH y a los militares de las Fuerzas Armadas, con el fin de perseguir y combatir a las bandas fuertemente armadas.
«El restablecimiento de las condiciones mínimas de seguridad para que la población desplazada pueda regresar a sus hogares. La adopción de todas las medidas necesarias para que se produzca la entrega del poder el 7 de febrero de 2026, independientemente de los logros alcanzados», recomienda el informe.