Caracas, 26 abr (EFE).- Mariana González, hija del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, informó este sábado que su esposo, Rafael Tudares -detenido hace 109 días-, enfrentará una segunda audiencia preliminar que supuestamente se realizará el próximo 19 de mayo, sin presencia de sus familiares y cuando se desconocen todavía los cargos judiciales en su contra.
A través de un comunicado, González aseguró que recibió esta información de una defensora pública, sin precisar nombre, quien dijo que la audiencia de Tudares será en horas de la noche, agregó la hija del opositor.
«No me permiten presenciarla, tampoco se me permite aguardar afuera de la sala en que se haga la audiencia, al menos para verlo, para que sepa que aún estoy aquí, luchando», indicó González, quien reiteró que su esposo está «en situación de desaparición forzada», ya que asegura desconocer el lugar donde permanece recluido.
Asimismo, agregó que «esta semana» volvió a hablar con dicha defensora pública, quien -según González- le comunicó que un fiscal del Ministerio Público «presentó una acusación» contra Tudares, que asegura no ha podido constatar ya que se le impide el acceso al expediente judicial de su esposo.
«No se me permite ver el expediente, no puedo verlo, no puedo revisarlo, no puedo leer lo que han presentado supuestamente contra Rafael», indicó González.
Agregó que, siempre con base en lo que asegura le dijo la defensora pública, a Tudares se le señala de ser el «representante legal de propiedades» del político González Urrutia.
«Rafael ha sido secuestrado por algo que es falso: ser representante legal de propiedades de mi padre. Eso no es cierto y, si fuere así, no es delito. En todo caso, en nada se corresponde con la realidad», manifestó González.
«Lo más grave es que la defensora pública me haya indicado que también se le acusa de ser el yerno de mi padre, algo que no constituye delito, que en modo alguno reviste carácter penal y que es una práctica inhumana y crimen de lesa inhumanidad», añadió.
La hija de González Urrutia afirmó que, tal como dijo en febrero pasado, su esposo «fue presentado clandestinamente en horas de la noche ante uno de los tribunales de control (…) de Caracas, sin que se le permitiera acceder a un abogado de su confianza, ni tener comunicación con un familiar».
«La defensora pública encargada de su caso me indicó que ella no estuvo presente en esa audiencia de presentación. En decir, Rafael no tuvo ni un abogado de su confianza, ni un defensor público en esa audiencia, que al menos trate de defenderlo», señaló.
A su juicio, la apertura de ese proceso judicial fue «irregular» y «no es más que una fachada para encubrir y solapar la desaparición forzada».
Por tanto, exigió la liberación de su esposo, detenido el pasado 7 de enero, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro, quien fue proclamado por el ente electoral -controlado por le chavismo- como ganador de las presidenciales del 28 de julio de 2024, un resultado que González Urrutia considera fraudulento, por lo que reclama la Presidencia desde el exilio en España.