Lima, 3 feb (EFE).- El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó este lunes que la presidenta Dina Boluarte «es víctima de una persecución judicial» que ha llevado a que tenga abiertas once carpetas fiscales «por varias sinrazones».
«En este caso puntual de la presidenta Dina Boluarte, estamos frente a una persecución judicial. Son once carpetas fiscales que tiene la mandataria y por varias sinrazones», señaló Adrianzén en un comunicado emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El primer ministro criticó que la investigación de la Fiscalía y la Policía Nacional llevó a que, en uno de los casos, se ordenara el año pasado el allanamiento del domicilio de Boluarte y del despacho presidencial en el Palacio de Gobierno.
«La inmerecida, injustificada, ilegal y abusiva acción que se adoptó contra su domicilio es imperdonable», remarcó al recordar que para ingresar a la casa de la gobernante se rompió la cerradura de la puerta principal.
Adrianzén consideró, por ese motivo, que la mandataria es víctima de una persecución judicial «que marca diferencias con otras investigaciones» seguidas a exgobernantes y políticos reconocidos.
En ese sentido, dijo que existen actores en el sistema judicial «que abusan de las normas para cometer atropellos», aunque aseguró que las críticas a las resoluciones judiciales son un derecho constitucional y, «bajo ningún término», el Gobierno busca intimidar u obstaculizar la acción de la Justicia.
La presidenta de Perú es sometida a una serie de investigaciones preliminares por parte de la Fiscalía, entre ellas por las muertes durante las protestas antigubernamentales que se presentaron en el país entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Además, por el presunto encubrimiento de la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, en el que ella militó hasta 2022, por un presunto abandono de cargo, al haberse sometido a una cirugía a la nariz que mantuvo oculta, y por el uso de relojes y joyas de lujo que no había declarado.
Precisamente, en esta última investigación, por presunto enriquecimiento ilícito, fue que la Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda de la mandataria e ingresaron al despacho presidencial.