La Paz, 31 mar (EFE).- La defensa del líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho, el principal acusado en el juicio por la crisis de 2019 en el país, decidió prescindir de los testimonios del presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, quienes estaban llamados a declarar este lunes en este proceso y no acudieron a la convocatoria.
El abogado Martín Camacho, que es parte de la defensa del también gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, explicó a los medios que el presidente, el exmandatario y otros exfuncionarios del Gobierno de Morales que estaban convocados «no se presentaron a declarar» y «no presentaron ningún tipo de justificativo».
«Sin embargo, hemos escuchado a los testigos que creemos que son suficientes (…) Y justamente con la finalidad de dar celeridad al proceso y lograr la libertad del gobernador de forma inmediata es que hemos prescindido de los testigos que no estuvieron presentes hoy (lunes)», dijo Martín Camacho.
Otro abogado del político, Fernando Vaca, explicó a los medios que en la próxima audiencia, fijada para el 10 de abril, el juicio proseguirá con la introducción de «las pruebas materiales que han sido ofrecidas por parte del Ministerio de Gobierno», que es uno de los acusadores en el denominado caso ‘golpe de Estado I’.
Vaca anunció que, como defensa de Camacho, interpondrán «los incidentes de exclusión probatoria que corresponden en el ejercicio del derecho a la defensa, al debido proceso y del principio de legalidad en cuanto a la obtención» de las pruebas.
Antes de entrar a la audiencia de esta jornada, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, sostuvo que Arce no se presentó porque no fue notificado.
Hace unos días, uno de los abogados de Evo Morales (2006-2019), Wilfredo Chávez, señaló que el exmandatario no fue notificado para declarar y que, de todas formas, no le corresponde dar su testimonio porque es «víctima» en el proceso.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, bajo resguardo de cientos de sus seguidores que impiden que se ejecute una orden de aprehensión en su contra por un caso de trata de personas agravada.
El caso ‘golpe de Estado I’ se inició por la denuncia de una exdiputada del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Morales a la Presidencia en 2019.
El Gobierno de Arce y el MAS sostienen que la dimisión de Morales fue por un «golpe de Estado», mientras que sus detractores afirman que las protestas que ocasionaron su renuncia se debieron a un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019.
Luis Fernando Camacho fue detenido y encarcelado a finales de 2022 y está imputado por los delitos de «terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, asociación delictuosa», por haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, la mayor región del país.
La expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) también estaba acusada en este proceso como «cómplice», pero en octubre fue apartada del juicio porque ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en el caso ‘golpe de Estado II’.