La Paz, 30 sep (EFE).- La defensa de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) manifestó este lunes que los juicios en su contra serán «nulos» tras las declaraciones del exministro de Justicia Iván Lima, quien aseguró que tales procesos por la vía ordinaria se realizan por «capricho» del exmandatario Evo Morales (2006-2019).
«Lo que ha manifestado Lima es que este juicio y todos los juicios que lleva mi madre (..) van a ser nulos», sostuvo Carolina Ribera, hija de Áñez, en una rueda de prensa junto a los abogados de la exmandataria.
En la víspera, el exministro Lima declaró en una radio local que uno de los casos, por la muerte de civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante la crisis política de 2019, está «bloqueado» por problemas procesales «debido al capricho de (Evo) Morales de que debe ser un juicio ordinario».
Al respecto, Ribera señaló que lo mencionado por Lima «es gravísimo» ya que muestra que «el órgano Judicial está sometido al Gobierno y que el Gobierno está sometido a Evo Morales y que (el presidente) Luis Arce es títere de Evo Morales».
Ribera señaló que Lima debe «rendir cuentas», por lo que se impulsará que preste su declaración «como prueba extraordinaria», ya que la defensa de Áñez sostiene que se le debe hacer un juicio de responsabilidades por su calidad de exmandataria.
El exministro, quien presentó su renuncia el jueves, señaló que la controversia de si a Áñez le corresponde un juicio ordinario o de responsabilidades se determinará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
El domingo, Áñez dijo en un mensaje en sus redes sociales que el extitular de Justicia «no se salva» de responsabilidad y lo acusó de «negar los derechos de una expresidente y de todos los presos políticos, civiles, policiales y militares, que cumplieron su deber de pacificar Bolivia».
Añez accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa de un vacío de poder tras la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
El Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), consideran que la salida de Morales de la Presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que fue consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
Áñez fue detenida y encarcelada en marzo de 2021 dentro del proceso conocido como ‘golpe de Estado I’, en el que se le acusó de terrorismo y conspiración por la crisis de 2019.
En 2022, la exgobernante interina fue sentenciada a 10 años de prisión por otro proceso, el ‘golpe de Estado II’, en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
Áñez enfrenta en la vía ordinaria varios procesos por hechos de los que culpan a su Gobierno, entre ellos las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que murieron una veintena de civiles en enfrentamientos con el Ejército.
La exmandataria denunció en 2023 al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades.